El lawfare se ha convertido en una de las tácticas más comunes para impulsar cambios de régimen en América Latina. También conocidos como golpes blandos, se trata de métodos no convencionales en los que se lleva a cabo una guerra política por la vía judicial-mediática que también involucra a intereses económicos, políticos y geopolíticos.

Los ejemplos de este tipo de maniobras sobran en la región y se pueden mencionar los aplicados contra Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, contra Fernando Lugo en Paraguay, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y, más recientemente, el de Pedro Castillo en Perú. En la mayoría de estos casos ocurrió más o menos lo mismo: el aparato judicial se elevó por encima de otros poderes. Y no es coincidencia que todas las figuras judicializadas tengan una orientación progresista.

Todo indica que en Colombia se está abonando el terreno para otro capítulo de lawfare en la región. Así lo advirtió recientemente el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien está en la mira de la Fiscalía por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial: "Han decidido la ruptura institucional. Como Presidente de la república debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la Fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia", dijo.

La respuesta mediática por parte de algunos senadores y políticos colombianos que se oponen a Petro ha sido la de promover movilizaciones para “defender la democracia” contraargumentando que su figura y lo que proyecta atentan contra estabilidad del país.

La investigación contra Petro se está basando en el supuesto aporte de 127 mil dólares que hizo un sindicato de maestros a su campaña y que no fue reportado a la autoridad electoral, como lo ordena la ley. El presidente alega que se han allanado sindicatos y se han torturado personas para que lo acusen y así engrosar el expediente en su contra.

Hasta el momento hay dos elementos claves a la vista que podrían usarse para justificar la salida forzada del presidente colombiano. Por una parte están los supuestos casos de corrupción que se le endosan y, por otro, el llamado a movilización visto como un intento de imponer una revolución contra la “estabilidad” democrática.

Señales presentes muestran que empezó un proceso de persecución para mermar el poder del presidente Petro. Que la Procuraduría, el pasado 24 de enero, haya suspendido por tres meses a su canciller, Álvaro Leyva, es un signo de ello. El Ministerio Público lo investiga por posibles irregularidades en la licitación de un contrato para la fabricación de pasaportes. Sobre este caso, el primero en registrarse en Colombia, el presidente dijo que se trata de una ruptura institucional.

Además de suspender al canciller, también se está procesando penalmente al presidente de la petrolera estatal Ecopetrol, Ricardo Roa, así como a Dagoberto Quiroga, hoy superintendente de Servicios Públicos, por haber sido presidente del partido Colombia Humana, creado por Petro, al momento de la campaña.

Lo que se vislumbra hasta ahora es un aumento de las tensiones políticas dentro del Estado colombiano ya que el canciller sigue ejerciendo sus funciones y esto podría considerarse como un desacato. 

Finalmente queda en evidencia que esta disputa tiene un trasfondo político debido a que el fiscal general, Francisco Barbosa, es cercano al expresidente Iván Duque y se le acusa de poner la Fiscalía al servicio de intereses de las élites políticas conservadoras. El periodo del actual Fiscal termina el próximo 12 de febrero, por lo que se cree que esta maniobra es una de las últimas jugadas contra Petro antes del vencimiento de su cargo.