La guerra que azota los adentros de Colombia desde hace unas siete décadas ha pasado por varias etapas de violencia, con distintos actores que muchas veces se entrecruzan por intereses y procederes, teniendo un papel protagónico -por supuesto- el Estado en la ecuación. Históricamente dominado por las oligarquías locales, sus intereses se han impuesto con tácticas de violencia extrema y estrategias que han perjudicado cualquier mínimo atisbo de paz.

Incluso investigadores y académicos no han dudado en determinar el carácter terrorista de la política gubernamental colombiana a través de los años, que ha sido sistemática en su relación con el paramilitarismo colombiano durante medio siglo.

Así, se ha demostrado que el Estado colombiano ha delegado una guerra contra las guerrillas y la sociedad en general a los ejércitos paramilitares, como confiesa el ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, en una reciente reunión virtual con la Comisión de la Verdad.

El foro 'Contribución a la verdad y reconocimiento de responsabilidades de Salvatore Mancuso' también se llevó a cabo con Rodrigo Londoño, antes mejor conocido como Timochenko (FARC-EP) y 18 víctimas directas del conflicto armado y social, donde ambos contaron los orígenes de sus actividades, uno cuando era paramilitar y el otro guerrillero, su visión de la historia, asumieron culpas y repartieron perdones.

Lo interesante en el caso de Mancuso es que su posición privilegiada durante la época de asunción del paramilitarismo aporta un testimonio clave donde, una vez más, el Estado aparece como el principal impulsor de la violencia terrorista, con un rol esencial y sin el cual el proceder de estos grupos armados no hubiera ocurrido.

Donde lo legal es otro forma de definir lo ilegal

Mancuso, en su testimonio, relata que los hermanos Carlos y Vicente Castaño lo invitaron a fundar grupos de autodefensa que se extendieron en los departamentos del norte de Colombia, en regiones donde había conflictos de larga data entre las guerrillas, el ejército estatal y la oligarquía terrateniente. La conjunción de estos dos últimos sectores trazarían un proyecto político, militar y económico, afirmó.

Describió los lazos con diversas instituciones y las Convivir: "Siempre hubo una directa coordinación que permitió avanzar con los grupos de autodefensas".

Recordemos que las Convivir, cooperativas de vigilancia que fueron usadas como fachada legal del paramilitarismo, fueron autorizadas a funcionar con el Decreto Ley 356 de 1994, y fueron intensamente apoyadas por Álvaro Uribe Vélez cuando fue gobernador de Antioquia (1995-1997).

En 2008, de acuerdo a un boletín de la Comisión Colombiana de Juristas, el jefe paramilitar Éver Veloza García, alias "HH", contó a las autoridades colombianas que sus grupos armados habían actuado desde su creación "y hasta hoy" al amparo de las fuerzas militares, y que la Convivir Papagayo, de la región de Urabá, "siempre tuvo su sede detrás de la Brigada XVII del Ejército Nacional, y que para llegar a sus instalaciones era necesario pasar por controles del ejército".

Alias "HH" dijo que "todas las Convivir eran nuestras", y el reporte da una explicación de su inserción en el mundo paramilitar:

La Convivir Papagayo solo es un ejemplo de lo que en realidad eran estas asociaciones de "vigilancia y seguridad privada": verdaderos grupos paramilitares al amparo del Estado, u organizaciones que actuaban en conjunto y coordinadamente con los grupos paramilitares. Esta situación ya había sido denunciada durante años por organizaciones de derechos humanos, por algunas entidades del Estado y por organismos internacionales de protección de los derechos humanos que vieron en estos grupos la legalización del paramilitarismo.

Desde una cárcel estadounidense donde ha pagado una pena por narcotráfico, Mancuso aseguró que él mismo fue entrenado por el ejército colombiano. El Estado se había articulado con las autodefensas, siendo este un actor ilegal, para delegarles la confrontación armada en Colombia contra la guerrilla, y caracterizando la relación de la fuerza pública con las autodefensas, Mancuso señaló: "El papel de las Convivir permitió crear una bisagra entre una autodefensa legal y la autodefensa ilegal".

Lo que experimentó Colombia en la última mitad de la década de 1990 fue la transición de las AUC "de la parte militar a la parte política. Y es cuando empieza la toma del poder del Estado por parte de las Autodefensas haciendo pactos, acuerdos, y lo que se conoce como la parapolítica. Tuvimos alcaldes, gobernadores, diputados, congresistas y hasta presidentes alcanzamos a ayudar a nombrar", detalló el ex jefe paramilitar.

Ese tránsito de lo legal a lo ilegal era ideal para las acciones encubiertas del Estado colombiano, que al menos desde 1968 instó a la población a incorporarse a las tareas de defensa e inteligencia pública con decretos, leyes y órdenes. Pero las Convivir apenas eran punta del iceberg.

Parapolítica de ayer y hoy

Decenas y cientos de políticos colombianos han llegado al poder con el respaldo de los grupos paramilitares, algo insólito si comparamos el accionar de este sector con el guerrillero, criminalizado e incluso masacrado como ocurrió con los miles de integrantes de la Unión Patriótica. En cambio, los parapolíticos gozaban de inmunidad y daban protección al poder detrás de las sombras.

Salvatore Mancuso, en su testimonio virtual, usó el término "comisario político" para referirse a su rol dentro de las AUC desde su ingreso en 1995: "Los comisarios políticos tenían un papel fundamental en la creación de las estructuras. Yo me reunía con alcaldes, políticos y empresarios, tenía múltiples roles".

Así que no solo trabajaban con las Convivir, también se confirman las varias alianzas para arrebatar el control territorial a las guerrillas: "Dejé de ser Salvatore Mancuso y me convertí en alias Santander Lozada y empecé a tener acuerdos con la institucionalidad, con el Ejército, el DAS, con la Policía, incluso con Fiscalías atendido a la causa de la autodefensa para enfrentar conjuntamente al enemigo de la Nación".

En efecto, la "amenaza comunista" fue el común denominador de la política securitaria colombiana por mandato estadounidense, que incluyó al país sudamericano en uno de sus centros de operaciones más importantes del Hemisferio Occidental. Y ese hilo ideológico, bastante violento en la práctica, conllevó a la formación de grupos paramilitares en vista de que el Estado no podía darse abasto con la guerra por sí solo, o al menos así lo hacía creer.

Por ello no sorprende que, por motivos ideológicos, políticos y de lucro (en su mayoría proveniente del narcotráfico y otras actividades ilegales afines), sobre todo entre los sectores de extrema derecha, se haya apoyado el surgimiento paramilitar con tanto ahínco. El ex integrante de las AUC mencionó que al menos el 35% del Congreso tuvo vínculos con ellos, señalando que los políticos, a través del control territorial ejercido por el grupo, se beneficiaban de poder dirigir a la población local en las elecciones.

Cuando uno se convierte en actor de control territorial -dijo Mancuso- lo lleva a tener control sobre poblaciones y eso lo lleva a tener control social, político, económico, cultural y puede uno llegar a influenciar elecciones.

Este testimonio concuerda con lo que han dicho otros ex jefes paramilitares, como el ya citado alias "HH" y alias Don Berna, quien en 2015 desde una cárcel en Miami confesó que había integrantes de los grupos armados ilegales en el seno del Estado, entre políticos, militares y policías.

No es la primera vez que Mancuso brinda testimonio de las relaciones íntimas entre las instituciones colombianas y el crimen organizado. Por lo menos desde 2008, cuando fue extraditado a Estados Unidos, ha estado soltando algunas historias que salpican a políticos, oficiales militares y policiales, jueces y asimismo a la oligarquía terrateniente, sobre todo la que se relaciona más con el uribismo.

De hecho, promete revelar más detalles sobre la política de los "falsos positivos", pero para ello prefiere brindar testimonio ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), organismo que se ha negado a la solicitud por considerar a Mancuso un "miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función continua de combate", desestimándolo. Aun así, a estas alturas Mancuso podría revelar información importante sobre crímenes estatales en el futuro próximo.

Es por algo que en estos momentos de crisis del uribismo algunos sectores no quieren escuchar esta parte de la historia. Sobre todo quienes ocupan en estos momentos la Casa de Nariño.