Un año luego de que se pretendiera invadir Venezuela y capturar al presidente Nicolás Maduro con la Operación Gedeón, el gobierno de Colombia sigue participando en las conspiraciones planificadas en Washington para producir un cambio de régimen en Caracas.
Desde 2018, cuando se frustró el intento de magnicidio del presidente Maduro y el alto mando militar venezolano con el uso de drones explosivos, la disposición de Bogotá a servir de base operativa para planificar los ataques contra Venezuela se confirma con cada paso que toma y se desnuda ante la vitrina mediática y diplomática internacional.
Teniendo en cuenta los precedentes a ese momento, y a propósito de la rememoración de la fallida Operación Gedeón, repasaremos los sucesos más amenazantes en la vida política de Venezuela de los últimos cuatro años y la influencia que ha tenido la oligarquía colombiana en la abierta conspiración contra su vecino.
Atentado con drones
El 4 de agosto de 2018, en un acto por el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en la avenida Bolívar de Caracas, intentaron asesinar al presidente Maduro con dos drones cargados con explosivos. Los artefactos explotaron cerca de la tarima presidencial, lo que generó una interrupción de la transmisión del evento y la activación de los protocolos de seguridad para resguardar la vida del mandatario venezolano.
Anteriormente, el medio Bloomberg había publicado un reportaje sobre la Operación Constitución, conspiración planificada en Colombia que tenía como objetivo detener las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, secuestrar al presidente Nicolás Maduro y enjuiciarlo.
El medio sacó otro reportaje el 17 de agosto que marcaba un vínculo de Bogotá con el intento de magnicidio: dos de los grupos que urdían la Operación Constitución se reunieron en Colombia semanas antes del atentado.
Según el medio, uno de ellos quería asesinar al presidente, el otro solo detenerlo y juzgarlo. El primer grupo le mostró al segundo videos de drones armados embarcados desde Miami y siendo probados en una granja colombiana. Uno de los participantes en la reunión dijo a Bloomberg que creía que las personas que habían propuesto el asesinato fueron las mismas que ejecutaron el ataque del 4 de agosto.
Más adelante, las investigaciones llevadas a cabo por el Estado venezolano apuntaron a que los operadores del atentado se entrenaron en Colombia, específicamente en el municipio de Chinacota, departamento del Norte de Santander, entre abril y junio de 2018. Las autoridades denunciaron en su momento que en el Palacio de Nariño existía consentimiento a los planes conspirativos, dejando que los acontecimientos se desarrollaran con impunidad.
Un escenario similar quiso reproducirse el 6 de diciembre de 2020, durante las elecciones parlamentarias. El presidente Maduro tuvo que cambiar su centro de votación a último minuto, luego de que fuentes de inteligencia colombiana le informaran que el presidente Iván Duque estaba preparando "un atentado para asesinarme el día de las elecciones en vivo y directo".
La batalla de los puentes
Finalizando enero de 2019, el mundo fue testigo del desfile de países que legitimaron el laboratorio político que Washington ensayaba con la autoproclamación de Juan Guaidó para crear un precedente en nuevas tecnologías de desestabilización. El presidente Duque, además de ser de los primeros en acatar el plan, fue de los que ayudó a construir una fuerza regional representativa para presentar a Guaidó internacionalmente, a la vez que consolidaba un plan Colombia adentro que hiciera efectivo el cambio de régimen.
Un mes después, Iván Duque se reunía con sus homólogos chileno y paraguayo, Sebastián Piñera y Mario Abdo Benitez, para solidarizarse políticamente con los participantes del concierto Venezuela Aid Live, organizado el 22 de febrero de 2019 en apoyo a Guaidó y al intento de invasión aparentado en un traslado de "ayuda humanitaria" a Venezuela a través del Puente Simón Bolívar con ayuda de la USAID y en connivencia con las autoridades colombianas en la frontera.
La idea era que Juan Guaidó y los grupos irregulares que lo acompañaban cruzaran la frontera con los camiones que llevaban suministros humanitarios, violando la soberanía nacional de Venezuela, pero fueron bloqueados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la población civil que acompañó la defensa de la frontera, en clara demostración de la unión cívico-militar.
Hace poco, la oficina del Inspector General de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) reconoció que las supuestas intenciones de Estados Unidos de ayudar a Venezuela eran inconsistentes con los principios humanitarios.
A confesión de parte, relevo de pruebas: USAID y los rastros de la intervención https://t.co/RsxfJtGo8E pic.twitter.com/I2FljqgGDV
— MV (@Mision_Verdad) May 1, 2021
Según los resultados de la auditoría hecha por la oficina, el suministro de ayuda humanitaria "no pasó la pericia técnica, no se coordinó plenamente con la oficina del inspector general, no se cumplió con los principios de neutralidad e independencia declarados por USAID" .
En el curso de su asistencia, USAID instruyó a los funcionarios a tomar decisiones destinadas a "generar confianza en el gobierno interino (de Guaidó)", mismo objetivo que buscaba alcanzar el Gobierno colombiano.
Ya las autoridades venezolanas habían advertido la estafa detrás de la presunta ayuda humanitaria estadounidense en Cúcuta, ciudad fronteriza de Colombia, donde se impulsó la coordinación con la USAID.
Operación Gedeón
La Operación Gedeón del 3 mayo de 2020, diseñada para derrocar y secuestrar al presidente venezolano, se planificó en Bogotá. Y esto no es una acusación, sino una afirmación hecha por la Fiscalía colombiana en su página web oficial.
En marzo, la Fiscalía colombiana determinó que los cerebros de la Operación Gideon fueron el ex militar venezolano Cliver Alcalá y el exdiputado Hernán Alemán.
"Fue una operación ilegal en territorio colombiano para entrenar a una fuerza paramilitar compuesta por militares y policías venezolanos que planeaban acciones ilegales contra un gobierno extranjero", reconoció el organismo.
La justicia colombiana agregó que Jordan Goudreau, Airan Berry y Luke Alexander Denmam, de Silvercorp, tenían la tarea de entrenar a unos 200 hombres en tácticas de combate, con el objetivo de ingresar a territorio venezolano y deponer al gobierno de Maduro.
A partir de esa declaración, el canciller venezolano Jorge Arreaza solicitó a las autoridades colombianas que realizacen investigaciones para determinar las responsabilidades del gobierno de Duque en el asunto.
Bogotá incluso se ha comportado complaciente con los golpistas que residen en territorio colombiano y les ha brindado protección, evitando entregarlos a la justicia venezolana.
- El exgeneral de división venezolano Cleaver Alcalá huyó a Colombia en 2016 y tres años después se dedicó a entrenar al grupo de 300 paramilitares, aunque fue desplazado del plan por los hermanos Sequea. El 26 de marzo de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyó en una lista de búsqueda internacional por cargos de narcotráfico. Al día siguiente, se entregó a los agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), tras lo cual fue extraditado a Estados Unidos.
- Alexander Russo, conocido como "Teniente Pico", y los ex comandantes de la Guardia Nacional de Venezuela Juvenal Sequea Torres y José Sequea Torres recibieron una condena de seis años de prisión al aceptar un acuerdo de culpabilidad.
- La otra persona capturada en Colombia se ha negado a declararse culpable. La traductora personal de Jordan Goudreau, Yacsy Álvarez Mirabal, rechazó la oferta de la investigación y afirmó públicamente que la Agencia Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia estaba al tanto de los planes para derrocar a Maduro y que el propio Alcalá se había reunido con su jefe, el vicealmirante Rodolfo Amaya.
"La captura de los hermanos Sequea, de Yacsy Mirabal y de alias 'Pico', confirma que todo lo que habíamos dicho sobre la relación entre Iván Duque, Juan Guaidó, el mercenario Jordan Goudreau y la relación a su vez de Goudreau con la administración de Donald Trump, era completamente cierta y está absolutamente comprobado en los actuales momentos", declaró el diputado y vocero chavista Jorge Rodríguez en un recuento a un año del suceso vía rueda de prensa.
El frente bélico en Apure
La FANB llevó a cabo el 21 de marzo una operación contra actores irregulares que están radicados en la frontera de Apure con Arauca. Esos grupos, en conflicto permanente por el control del tráfico de drogas, tratan de escalar la violencia al territorio venezolano. El hecho de que Bogotá no haya podido controlar la violencia no puede verse como un hecho aislado si termina influyendo en la estabilidad de nuestro país.
Efectivamente, el suceso de ese y los días siguientes en Apure fueron manipulados por el gobierno de Iván Duque, medios de comunicación de derecha colombianos y ONG antichavistas, poniendo en el foco al gobierno del presidente Maduro bajo el supuesto de que estaba causando daños en la población civil de la zona.
"En el caso del grupo irregular que fue desalojado de Apure, está articulado al Ejército de Colombia, al gobierno de Duque. Algunos de sus mandos han estado trabajando para el Ejército de Colombia, se visten de guerrilleros para servir a las rutas del narcotráfico", informó el presidente Maduro días después de los primeros combates.
Recordemos que hace poco el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, mantuvo una conversación telefónica con el presidente colombiano, Iván Duque Márquez. Así lo informó el 6 de abril el servicio de prensa del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Blinken y Duque discutieron el compromiso de los dos países para "restaurar la democracia y el estado de derecho en Venezuela".
Mientras Colombia se concentra en cumplir los objetivos de Estados Unidos, brindándose como cabeza de playa del Pentágono, la OTAN y demás aparatos securitarios atlantistas, la situación del conflicto interno en el territorio colombiano ha ido avanzando. Ahora mismo se ve reflejado en las protestas contra la reforma tributaria que se llevan a cabo en Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades. Los aparatos represivos han sido enviados a las calles para machacar las manifestaciones y el resultado, hasta los momentos, se expresa en más de 19 personas fallecidas y más de 800 heridas, según datos divulgados por la Defensoría del Pueblo.
La oligarquía colombiana junto al actual gobierno de Iván Duque tienen una política abiertamente pronorteamericana y son hostiles a la soberanía de Venezuela: las actividades subversivas que promueven y aúpan lo confirman. El Estado colombiano pretende seguir conservando el estatus de protegido de Estados Unidos y promotor de sus intereses en la región, recurriendo a los duros recursos de guerra no convencional que impactan tanto en las fuerzas del Estado venezolano como en la población propia y vecina.