Aunque todavía se encuentra en fase de investigación y faltan más datos y detalles sobre el daño patrimonial ocasionado a la nación, es posible inferir que la reciente trama de corrupción vinculada con la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) ha representando un golpe importante para las finanzas públicas del país, punto nodal de la política macroeconómica del gobierno venezolano.

Por encima de las consideraciones éticas o morales, la gravedad de los casos de corrupción en toda la cadena de procesos operativos y de comercialización de la industria petrolera yace en cómo sus impactos sobre el fisco pueden descarrilar los esfuerzos de recuperación y reactivación económica emprendidos por el presidente Nicolás Maduro.

El contexto político, internacional y energético actual en el cual se encuentra el país también ejerce un peso decisivo que multiplica las consecuencias negativas de una arquitectura de desfalco que ocasionó muy seguramente pérdidas milmillonarias para el Estado venezolano.

Por un lado, la crisis bancaria estadounidense que se ha ido extendiendo con mayor fuerza hacia Europa, sumado a que las expectativas de que la economía mundial se está recalentando y los temores de que 2023 estará marcado por una mayor inflación y una disminución del crecimiento, ha tirado a la baja los precios internacionales del petróleo lo que, por ende, disminuye la recaudación por exportaciones venezolanas.

En resumen esto significa que el país se expone a un nuevo ciclo de reducción de ingresos petroleros, profundizado también por la tensión que genera la guerra de descuentos y cuotas de mercado entre productores para competir en la arena asiática, signada por la sobreoferta luego del redireccionamiento de los flujos de energía desde Rusia hacia esta zona estimulada por la ofensiva "sancionatoria" del eje atlántico-occidental a raíz de la agudización bélica en Ucrania.

De igual forma, el estancamiento del diálogo en México intensifica las perspectivas negativas en lo económico. La prolongación del statu quo de las "sanciones" estadounidenses limita las posibilidades de que Venezuela pueda encontrar en el futuro cercano nuevas rutas para sus exportaciones, traducibles en ingresos nacionales frescos y en un robustecimiento de sus finanzas.

En este escenario los ingresos nacionales por concepto de exportación petrolera adquieren un valor crítico con vistas a la estabilización del tipo cambiario y de la estimulación del crecimiento económico.

En tal sentido la política macroeconómica basada en intervenciones cambiarias, como medida de control del tipo de cambio y de la inflación, ha sufrido un golpe a su línea de flotación con los hechos de corrupción desvelados, lo que muy seguramente ocasionará afectaciones importantes en su alcance e impacto.

Dicho abordaje financiero de las variables fundamentales que influyen decisivamente en el desempeño económico del país está subordinado a su armonización con un flujo de caja estable de divisas generadas por el petróleo. Es decir, en la medida en que esta base de recursos se mantenga controlada, el gobierno venezolano puede seguir llevando a cabo su estrategia de estabilización cambiaria, de la cual depende la recomposición del consumo, el incremento de la producción de bienes y servicios y la reactivación del crédito bancario como dinamizador económico general. Así, finalmente, se evitaría la perniciosa depreciación del bolívar.

El frente salarial del sector público, que incluye también pensiones y jubilaciones, es otro elemento crucial de la ecuación. La interrupción del flujo de recursos achica el horizonte de posibilidad hacia una recuperación salarial en dos direcciones: Por el lado de los ingresos petroleros y por el lado de la restricción en la recaudación a causa de la disminución en el crecimiento general de la economía.

En resumen, el déficit de ingresos repercute en el desempeño general de la economía, lo que trae como consecuencia menos recursos fiscales para financiar un aumento general de salarios y mantener bajo control el tipo de cambio.

Desde esta perspectiva debe evaluarse la gravedad de la trama de corrupción en PDVSA, en tanto ha puesto en peligro la base material de la recuperación.

El presidente Maduro es de lejos uno de los principales afectados en materia política. Tras haber sacado a la economía del cuadro hiperinflacionario en 2021 y haber consagrado un ciclo de crecimiento notable en 2022, la mecánica de desfalco dentro de la industria petrolera implica un golpe al capital político y de autoridad que se había granjeado a pulso propio, cuyo acento sigue estando puesto en perfilarse como líder de una salida confiable y perdurable en el tiempo al estado de crisis económica sostenido durante años.

La convergencia entre el objetivo general de las "sanciones" y los efectos financieros de la red de corrupción en PDVSA se van haciendo evidentes. Washington ha tratado durante años, mediante su ofensiva de bloqueo y agresiones generales contra la economía, obstaculizar el margen de maniobra de Maduro con el fin de restringir sus victorias en el campo económico. Están muy claros en que ello —a criterio de la Casa Blanca— afianza su poder político al frente del gobierno.

No obstante, la red mafiosa instalada en la alta gerencia de PDVSA, protagonista del desfalco de un volumen importante de recursos, actuó en sintonía con esta línea de presión y potenció la influencia destructiva de las "sanciones" ilegales. En definitiva, contribuyó a descarrilar los esfuerzos del presidente venezolano en función de consolidar en 2023 lo logrado el año pasado.

De cierto modo puede afirmarse que los hechos de corrupción representaron un ejercicio de colaboración con el programa de "sanciones" y se prefiguran como un dispositivo interno de "sanciones" secundarias con epicentro en la industria petrolera.

Es a partir de este cuadro general económico y financiero que puede entenderse correctamente la determinación y firmeza con la que actuó el gobierno venezolano para suprimir la arquitectura de desfalco en PDVSA. Entendió que existe una contradicción irresoluble, inviable, entre la existencia de sectores mafiosos al frente de la compañía y el plan de recuperación del presidente Maduro, del cual depende que la economía siga saliendo adelante y ello signifique la restitución del bienestar social perdido durante los peores años del conflicto.

En vísperas de las elecciones presidenciales del año que viene, el ahínco por reforzar la armonía entre política macroeconómica e ingresos petroleros —bajo mecanismos saneados— marcará el estado de fortalecimiento o debilidad de la llegada a esa cita y el capital político acumulado mediante logros y victorias en el campo económico, el más importante de todos.