El fracaso del proceso electoral para elegir nuevas autoridades en la Universidad Central de Venezuela (UCV) ha sido un dejavú de los recientes reveses de un sector que se ha abrogado la condición de "sociedad civil" en el país. Entre discursos de diálogo y tolerancia la clase política opositora ha buscado desprestigiar instituciones del Estado, junto a sus académicos y medios que sirven de altavoces cuando la realidad le es adversa, con el discurso electoral —a favor o en contra de— como un móvil clave de sus intereses.

Por eso resulta paradigmático que una de las diatribas instaladas de cara a las elecciones primarias que ha prometido realizar la Plataforma Unitaria Democrática es el eventual acompañamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante el proceso. Algunos precandidatos como María Corina Machado, Delsa Solórzano y Andrés Velásquez abogan por una consulta "independiente" organizada a través de la Comisión Nacional de Primaria, y con conteo manual. Los resultados de intentos anteriores por aplicar este método son evidentes.

Se sabe que el artículo 70 de la Constitución venezolana considera la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas como medios vinculantes de participación y protagonismo del pueblo. Sin embargo, el Poder Electoral, a través del CNE, tiene la atribución de organizar, administrar, dirigir y vigilar las elecciones de cargos de representación popular de los poderes públicos y los referendos —artículo 293.5—.

Pero desde la dirigencia antichavista ha habido fisuras sobre el papel de las instituciones públicas en elecciones. En los últimos años se intentó delegar a esa "sociedad civil" la atribución de legitimar procesos comiciales organizados por ellos mismos con el fin de desarticular el Estado, es decir, los poderes públicos, mediante el argumento de la "desobediencia civil" que ha buscado amparo en los artículos 333 y 350 de la Carta Magna.

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Las élites económicas delegan la instrumentación de sus planes políticos en la llamada "sociedad civil" (Foto: IFEX)

Esta garantía ha sido entendida como un privilegio por determinados sectores vinculados con el empresariado, medios de comunicación y el sector financiero adversos al gobierno bolivariano. Aun cuando el sistema electoral venezolano cuenta con numerosos procesos de automatización y auditoría, dichos grupos insisten en desconocer los intereses de la mayoría, con innumerables acusaciones de "fraude" cuando los resultados han sido adversos a sus intereses.

García Arocha, Súmate y el plebiscito de 2017

Una escalada violenta —guarimbas— y terrorista que duró desde abril hasta agosto de 2017 produjo, según cifras oficiales, un saldo de 127 muertos y miles de heridos. Sirvió como marco para que un sector de la Asamblea Nacional electa en 2015 (AN-2015) convocara un plebiscito nacional, finalmente efectuado ese 16 de julio.

Lo que buscaba ser equivalente a un referendo revocatorio fue catalogado como "acto de desobediencia civil", que desconoció tanto al CNE como al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Este último había asumido las competencias del parlamento por el recurrente desacato de sus funciones, mientras la oposición presidió el hemiciclo. La Mesa de Unidad Democrática (MUD) alegó que ambos poderes habían generado la "ruptura del hilo constitucional", apoyado por la AN, entonces presidida por Julio Borges (Primero Justicia), y la entonces Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.

En mayo de 2017 el presidente Nicolás Maduro había convocado a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como punto de encuentro para que todas las expresiones políticas, no solo la "sociedad civil", convergieran en la reconstrucción del tejido político y social del país tras meses de acciones insurreccionales vía revolución de color. La oposición rechazó participar en el proceso —legítimo constitucionalmente— y prosiguió en su agenda desestabilizadora hasta que, dos semanas antes de las elecciones de la ANC, realizó el plebiscito con el apoyo de la prensa privada local y global.

Los requisitos para votar en el plebiscito eran ser mayor de 18 años con cédula o pasaporte, no se exigía estar inscrito en el Registro Electoral venezolano y no importaba cuál fuese su centro de votación original. Establecieron 2 mil 30 puntos para la consulta en todo el país para atender a más de 19 millones de participantes o más. Algunos epicentros fueron fijados en plazas, adyacencias de iglesias y colegios, mientras que otros focos fueron instalados en el exterior del país.

La MUD invitó, entre otros personajes, a cinco expresidentes de la ultraderecha hemisférica: Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Jorge "Tuto" Quiroga de Bolivia, Andrés Pastrana de Colombia y Vicente Fox de México, quienes fueron declarados personas non gratae por el gobierno nacional.

Las preguntas del plebiscito fueron:

1. ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?
2. ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?
3. ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos según lo establecido en la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?

El proceso fue asistido por organizaciones no gubernamentales (ONG) como EsData, Voto Joven, Foro Penal Venezolano y Súmate. Esta última fue fundada en 2002 por la actual precandidata María Corina Machado como vehículo de intervención electoral que ha intentado fungir de "CNE paralelo", además de que ha llegado a ser la ONG venezolana con mayor financiamiento extranjero en el país. Así lo demuestran los 132 contratos que reveló la Usaid, y entre sus donantes se encuentran la NED, el IRI y el NDI.

Otro de los fundadores de Súmate fue el actual rector del CNE Roberto Picón, quien también formó parte de la ONG Ojo Electoral. Fue Coordinador del Equipo de Apoyo Técnico de la MUD y tuvo una empresa, Consein, con proyección internacional. Fue detenido por las autoridades venezolanas ese año por conspiración contra las elecciones a la ANC y puesto en libertad pocos meses después bajo medidas sustitutivas.

Los resultados fueron divulgados por la mismísima Cecilia García Arocha, actual rectora de la UCV, a quien recientemente diversos sectores han responsabilizado del fracaso de las elecciones universitarias del pasado 26 de mayo. Sin auditorías, y con un proceso manual, publicaron que habían votado poco más de 7 millones de personas, hubo denuncias acerca de votantes que asistieron a distintos puntos y, como es menester, quemaron las actas.

En vez de la conformación de un "gobierno de unión nacional", la oposición quedó más dividida. En esas condiciones participó en los sufragios regionales de octubre siguiente; fracasó ganando solo cinco de 23 gobernaciones e hizo reclamos sin respaldo de fraude electoral.

Consulta 2020: Propaganda en el estertor del "interinato"

En 2020 la oposición convocó una "consulta popular" en pleno declive del "interinato" encabezado por el exdiputado Juan Guaidó, a pocos días de las elecciones legislativas que cesarían las funciones de la AN-2015. Entre el 7 y el 12 de diciembre de ese año varios partidos de la MUD decidieron no participar en las legislativas por considerar que el gobierno nacional "no ofrecía garantías" y porque no querían tomar parte de "un [supuesto] fraude electoral".

Desmovilizados, en plena pandemia global y buscando "reactivar el poder de calle", instalaron poco más de 7 mil mesas el día 12 de diciembre, dentro y fuera de Venezuela. Los votantes debían anotar su nombre y firmar con su rúbrica, pero su inscripción no se cotejó con otros lugares habilitados para evitar fraude. Lo más controversial fue que se implementaron aplicaciones digitales para el voto virtual: Telegram y Voatz. Con ellas, cada votante enviaría una foto del documento de identidad para responder la Consulta.

Entretanto, el hoy extinto Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y la entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticaban las elecciones legislativas —convocadas y avaladas por la Constitución nacional— por no ser "justas, libres ni transparentes".

Las preguntas fueron:

1. ¿Exige usted el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?
2. ¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento?
3. ¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?

Según Enrique Colmenares Finol, miembro del comité organizador, votaron aproximadamente 6,4 millones de personas (31% del registro electoral que no tomaron en cuenta), desglosados en una "participación digital" de 2,4 millones, la presencial en Venezuela de 3,2 millones y el resto que supuestamente participó de la misma manera en los puntos instalados en el exterior. La mencionada "participación", que superó por poco a la de las elecciones legislativas organizadas por el CNE, no fue constatada por observadores, tampoco se supo cuánta gente acudió en contra o a favor de cada una de las tres preguntas planteadas y el sufragio, tanto presencial como electrónico, generó dudas por la ausencia de una verificación.

Las preguntas, que buscaban legitimar la continuidad de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, e incluso la invasión militar —como parte de la estrategia estadounidense de "máxima presión"—, fungieron como un mecanismo de movilización y deslegitimación contra las instituciones, con resultados no vinculantes ante las autoridades estatales.

Y ahora la UCV

Esta tribuna analizó lo ocurrido en la UCV, sin embargo, hay algunos aspectos claves que son importantes resaltar:

• La Comisión Electoral de la UCV fue designada por mayoría del Consejo Universitario, misma instancia que decidió un presupuesto de 71 mil dólares para este proceso, cuando el CNE les había ofrecido el apoyo técnico.
• Esa misma comisión, elegida por la oposición mayoritaria en ese Consejo, reconoció el sabotaje al material electoral repetidas veces, por lo que la falla es su responsabilidad al no garantizar el resguardo.
• Algunos voceros como el candidato a rector de Vente Venezuela, Paulino Betancourt, y otros personajes de la oposición como Juan Guaidó, intentaron vincular el proceso ucevista con el "cambio" que han vuelto a prometer con las elecciones primarias, elevando el perfil de los comicios universitarios como un asunto de la dirigencia antichavista enquistada en el sector académico.

Aun cuando se ha autoproclamado como clase selecta, la "sociedad civil" opositora sigue acumulando fracasos y redoblando las apuestas en torno a aventuras políticas y parainstitucionales que no tienen un asidero funcional a sus —en apariencia— confesados intereses, ante la evidente negación de la realidad que sufre.

La curiosa concepción de democracia de ese sector ha confirmado que, no importa las vías por las que la oposición ha buscado hacerse del poder, tiene entre ceja y ceja la insistencia en desconocer la autoridad del Estado venezolano, solo aceptando los resultados que le convienen, mientras insiste en continuar con experimentos —vía ONG, fundaciones, organismos paraestatales, organizaciones políticas, etcétera— que repercuten en el escenario político, no precisamente a su favor.