"Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos hubiéramos apoderado de ella, nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo": esta declaración del expresidente estadounidense Donald Trump en medio de un mítin de campaña ha provocado un terremoto político en Venezuela, y sus consecuencias pueden ser profundas a la vez que determinantes para el ciclo político y electoral del año 2024.

En primer lugar, el encuadre semántico de la declaración deja poco espacio para las dudas. Trump confesó que su administración persiguió el colapso de Venezuela y que el objetivo detrás de esa estrategia era apoderarse de su petróleo, su principal recurso natural y estratégico.

La secuencia de palabras del republicano demolió más de medio siglo de convenciones, tratados y convenciones legales del derecho internacional que restringen el uso de la fuerza en las relaciones interestatales. Una declaración de principios que desveló cómo los orígenes y la posterior expansión del imperio estadounidense yacen en el crimen y en el saqueo, y no en una búsqueda ecuménica de libertad, progreso y derechos humanos.

De forma expresa, Trump habló de "apoderarse de Venezuela", donde el petróleo, aunque crucial por sus implicaciones económicas y políticas, era solo un componente de un plan diseñado para suprimir integralmente la soberanía de la República Bolivariana, con todos los elementos definitorios que incluyen integridad territorial, estatus legal de nación independiente y ordenamiento constitucional.

Observar la declaración de Trump solo desde la apropiación del petróleo como un fin en sí mismo disminuye su gravedad, y no toma en cuenta que la ofensiva estadounidense contra el país, la "máxima presión" que orquestó el magnate presidente y su equipo, apostaba por una reconquista absoluta de la nación venezolana. Colonialismo del siglo XXI.

Otro aspecto importante es la mención al colapso, tan cara a la hora de explicar la trayectoria económica y social de Venezuela en los últimos años y centro de disputa narrativa para señalar responsables de una cruda realidad que, en todos los ámbitos de la vida en sociedad, ha afrontado el país.

En ese punto la declaración de Trump también fue lapidaria: la precipitación de una crisis económica y social profunda e inédita fue producto de una decisión voluntaria, planificada desde Washington, para llevar a Venezuela al colapso, mediante instrumentos de guerra económica que se centró en el secuestro de cuantiosos activos de la República en el extranjero, en llevar al piso los ingresos petroleros y en cortar las actividades comerciales y financieras principales del país.

A modo de síntesis, Trump con su confesión cerró el debate en torno al "modelo fallido" del chavismo, al indicar, efusivamente, que su búsqueda del colapso causó las calamidades de los últimos años, cuyas estelas se extienden aún el presente inmediato de la nación venezolana. Sin la batería de "sanciones", Venezuela no hubiese tocado piso y los errores del chavismo en el campo económico claramente no hubiesen generado un caos equivalente.

La intención de llevar a la economía venezolana a números rojos ha tenido un costado humano con impactos significativos. La estimación de que la ofensiva de "sanciones" ilegales de Estados Unidos, enmarcada en la "máxima presión" de Trump, había provocado alrededor de 40 mil muertes realizada por el Center for Economic and Policy Research (CEPR) en 2019, a causa de una mezcla destructiva de indisponibilidad de medicamentos y bienes básicos, caída de la producción petrolera y daños generales a infraestructuras críticas, podría incluso ser conservadora por la forma en que se amplificaron los efectos de guerra económica estadounidense después de 2019.

En resumen, Trump confesó que las "sanciones" destructivas emitidas durante su administración fueron una especie de campaña de bombardeo económico dirigida a acabar con la mayor cantidad de vidas venezolanas que fuese posible antes de que acabara su estancia temporal en el despacho oval. Un matón hablando sin reservas que, a juicio de Jack Shafer de POLITICO, no ha superado ese comportamiento adolescente de "divertirse en autos robados, intimidar a los débiles y, en general, actuar como delincuente juvenil".

La política de exterminio por fases contra la población civil venezolana diseñada en el ala oeste de la Casa Blanca encontró en el bloque dirigente de la oposición venezolana una gerencia local comprometida con los valores de la empresa y sus objetivos. Dispuesta a darlo todo para ir hasta el final de la recolonización. Aquí la imagen de Juan Guaidó y Voluntad Popular, convertidos por la administración Trump en jefatura de gobierno ficticia de Venezuela, parecieran ocupar a totalidad el mapa de cómplices visible.

No obstante, aunque el colaboracionismo de Guaidó y Voluntad Popular destacó por sobre el resto, ningún actor político o formación partidista del ecosistema antichavista se desmarcó de la “máxima presión” en su momento de mayor apogeo. Desde la barra brava ultra de María Corina Machado hasta el supuesto centrismo de Primero Justicia y Acción Democrática, el apoyo a la estrategia de Trump fue trasversal a todo el espectro político nacional, con contadas y minúsculas excepciones.

Las diferencias posteriores que hubo con Guaidó, usadas por algunos dirigentes después de la declaración de Trump para disminuir su carga de responsabilidad, se produjeron por el manejo monopólico de las rentas del saqueo a la República. Ningún arrebato venezolanista en el bloque opositor hizo acto de presencia cuando el país, en medio del acoso y el asedio extremo, lo necesitaba para romper con el consenso fabricado de que Estados Unidos destrozaba al país por nuestro bien.

Es por estas razones que las declaraciones de Trump han sido un parteaguas, porque a la vez que certifica que el colapso fue el producto de un diseño de guerra, también desnuda a una oposición colaboracionista con los intereses necoloniales de una potencia extranjera, a la que se le había facilitado la apropiación de las vastas de reservas de petróleo una vez se cristalizara el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.

Esta situación pone al país, y en particular al gobierno venezolano, en un escenario diferente. Las complicidades expuestas en torno a las agresiones económicas y políticas contra Venezuela en los últimos años han quedado desveladas, y las instituciones que preservan la soberanía del país deben protegerse empleando los mecanismos legales propicios dentro de la caja de herramientas del ordenamiento jurídico nacional.

Lo expresado por Trump debe dar pie a construir un hito político e institucional que sea equivalente a la gravedad de sus declaraciones. Quienes hoy, en el contexto de primarias, aspiran a la Presidencia de la República y que tienen probadas vinculaciones con la "máxima presión", no pueden ser candidatos al principal cargo del país por razones de sentido común: su comprobado papel colaboracionista con una potencia extranjera es razón suficiente para considerar que, en un eventual cambio de gobierno, la oposición completaría el trabajo de entrega del país que quedó a medias porque Trump perdió su reelección. En consecuencia, el Estado, en defensa de su integridad y estatuto de soberanía, no puede exponerse a que un giro electoral amenace su propia existencia material.

Confirme a lo señalado por el Código Penal vigente, desde su artículo 128 hasta el 133, lo desvelado por Trump indica que estamos en presencia de delitos de traición de la patria en su estricto sentido legal.

Venezuela no debe permitir que la humillación y los ataques a los que ha sido sometida queden impunes.