Han sido cientos los llamados a diálogo con sectores de la oposición por parte del presidente Nicolás Maduro. Extender la mano y buscar el entendimiento fue también una constante durante la presidencia de Hugo Chávez. Sin embargo, hay que entender que en los distintos procesos de esa índole ha intervenido Estados Unidos en los momentos más cumbres. A continuación un recuento.
Santo Domingo: Una llamada que lo cambió todo
En 2016 el gobierno venezolano realizó un llamado al diálogo. El proceso ya había tenido encuentros exploratorios en República Dominicana durante ese año. En marzo se encontraron representantes del gobierno y oposición, acompañados de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana), quienes sirvieron como intermediarios.
En octubre de 2016 se incorporó en el proceso el Vaticano, a través del comisionado Emil Paul Tscherrig.
Como válvula de presión ante la avanzada de color de la oposición en 2017, también llamadas guarimbas, se organizó en septiembre una reunión de dos días en Santo Domingo, capital de República Dominicana, para explorar un proceso de diálogo que ayudara a superar la crisis venezolana.
El presidente dominicano Danilo Medina anunció que México, Chile, Bolivia y Nicaragua integrarían una comisión de seguimiento a dichas conversaciones, y fijó la siguiente reunión para el 27 de ese mes. La oposición no acudió en esa fecha y anunció que continuarían con la "fase exploratoria" del diálogo político una vez que "sean removidos los obstáculos" supuestamente colocados por el gobierno venezolano.
En noviembre se reunieron los cancilleres de los países acompañantes del diálogo y definieron la agenda que se discutiría el 1° y el 2 de diciembre. En esa jornada inició una nueva ronda de diálogo en Santo Domingo con el acompañamiento de México, Paraguay y Chile, a solicitud de la oposición; y Bolivia, Nicaragua y San Vicente y Granadinas, a solicitud del gobierno venezolano. Se concluyó con "significativos avances", según Medina.
Luego, en diciembre, hubo otra reunión y el día 23 la Comisión de la Verdad recomendó excarcelar a más de 80 personas que fueron detenidas durante las guarimbas, tal como lo solicitaron los representantes de la oposición. Después de "importantes avances" logrados entre el 11 y el 12 de enero de 2018, una nueva ronda de conversaciones fue aplazada por la oposición el 18 de ese mes. El argumento fue que el gobierno venezolano ponía "nudos" al proceso de diálogo; entretanto el vocero de la delegación gubernamental, Jorge Rodríguez, explicó que la decisión respondía a presiones de Estados Unidos para que no se alcanzara un acuerdo de paz.
Durante ese mes los gobiernos de México y Chile, acompañantes solicitados por la oposición, renunciaron a sus roles de "observadores" debido a la convocatoria de elecciones por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) elegida en 2017. Las partes acordaron reunirse en febrero pero, luego de un ambiente enrarecido por divisiones en la oposición, neutralización de un grupo terrorista encabezado por el expolicía Óscar Pérez y la suspensión de la fecha (5 de febrero), se reunieron al día siguiente.
Una llamada del entonces secretario de Estado de Estados Unidos de la administración de Donald Trump, Rex Tillerson, al miembro de la delegación opositora, Julio Borges, lo cambió todo. Aunque ya el gobierno venezolano había firmado el Acuerdo de Paz y de Convivencia Pacífica, la oposición optó por no hacer lo mismo. El texto final contenía los puntos previamente acordados el 31 de enero en el país caribeño y los pactados entre las partes en reuniones en Caracas.
Por la delegación gubernamental Rodríguez especificó detalles sobre la llamada de Tillerson, quien estaba en Bogotá como parte de una gira para aumentar la presión sobre Venezuela.
El día 7, luego de que Medina informara que el diálogo entraba en receso indefinido porque la delegación opositora desconocía el acuerdo, Maduro suscribió el texto. Además manifestó su disposición a continuar el diálogo con la oposición y llegar a un acuerdo final.
Por su parte Zapatero pidió a la Mesa de Unidad Democrática (MUD), mediante una misiva, que suscribiera lo pactado "una vez que el Gobierno se ha comprometido a respetar escrupulosamente lo acordado".
Noruega y Barbados: ¿"Excusas falaces"?
El año 2019 fue intenso, con más ataques multifactoriales para desalojar el chavismo del gobierno. En mayo de ese año el presidente Maduro anunció el inicio de un nuevo proceso de diálogo con la oposición y con la mediación de Noruega. El entonces diputado Juan Guaidó, cara visible de la operación de cambio de régimen, informó que tenía "enviados" en Noruega y que la oposición no se prestaría para "falsas negociaciones".
Las delegaciones que viajaron a Oslo (Noruega) estuvieron conformadas por el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Por el sector opositor viajaron el entonces vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Stalin González, acompañado de los asesores políticos Gerardo Blyde y Fernando Martínez.
Ambos bandos anunciaron un proceso exploratorio iniciado, Maduro explicó que el propósito era entablar una mesa de negociaciones que construyera "acuerdos de paz entre las partes". González por su parte señaló que no hubo reuniones directas entre ambas delegaciones.
En julio de ese año inició una mesa de negociación en Barbados. Participaron representantes de los dos sectores y, aunque no hubo mayor divulgación de información, los medios especulaban respecto a posibles elecciones.
Mientras alentaba a que se activara el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) contra Venezuela, Guaidó firmaba en septiembre un comunicado, difundido en Twitter, en el que anunciaba que el gobierno constitucional, encabezado por el presidente Maduro, había dejado las conversaciones en Barbados más de 40 días atrás. Dijo:
"El régimen dictatorial de Nicolás Maduro abandonó el proceso de negociación con excusas falaces: tras más de 40 días en los que se han negado a continuar en el mismo, confirmamos que el mecanismo de Barbados se agotó".
Respecto a las "excusas falaces": la decisión del presidente Maduro fue debido a que el 5 de agosto de ese año el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había ordenado congelar todos los activos del gobierno de Venezuela en territorio estadounidense, lo que fue calificado por Caracas como "terrorismo económico".
En el comunicado el gobierno venezolano afirmó que la suspensión del diálogo se debía a que Guaidó "celebra, promueve y apoya estas acciones lesivas". Este había dicho que las medidas impuestas por Washington eran "la consecuencia de la soberbia de una usurpación inviable e indolente. Aquellos que la sostienen, beneficiándose del hambre y del dolor de los venezolanos, deben saber que tiene consecuencias".
La medida se aplicó sobre "todos los bienes e intereses de propiedad del gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos o que se encuentran bajo el poder o control de cualquier persona de Estados Unidos". La orden dice que los activos "están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados o tratados de ninguna otra manera". El entonces presidente estadounidense justificó el embargo de propiedades del Ejecutivo venezolano "a la luz de la continua usurpación del poder por parte del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro".
Como argumento, la orden injerencista aludió a "los abusos a los derechos humanos, arrestos arbitrarios y detención de ciudadanos venezolanos, la reducción de la libertad de prensa, y los intentos por socavar al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional elegida democráticamente".
La medida, como otras, sirvió para incautar empresas venezolanas en el exterior como la filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Citgo Petroleum Corporation (Estados Unidos) y Monómeros Colombo-Venezolanos (Colombia). Se ocuparon embajadas venezolanas en varios países, fueron suspendidos programas de atención sanitaria de alto costo, fueron bloqueadas cuentas que constituían ingresos para las misiones sociales, infraestructura y salarios del sector público.
México: Washington como factor decisivo, otra vez
En julio de 2021 el gobierno de Venezuela se declaró preparado para dar inicio a nuevas jornadas de diálogo con la oposición, esta vez a realizar en México, con el objetivo de lograr acuerdos en favor de la soberanía del país. El presidente Maduro declaró:
"Estamos listos para ir a México a sentarnos en la mesa de diálogo con la oposición, con una agenda realista, venezolana, para que se levanten todas las medidas coercitivas unilaterales, por la paz" y auguró éxito en las elecciones de gobernadores y alcaldes que se realizarían en noviembre de ese año.
Los portavoces oficiales serían Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, y Jorge Rodríguez, ya en ese momento presidente de la Asamblea Nacional (AN). El 13 de agosto siguiente tanto Rodríguez como Gerardo Blyde, por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), firmaron en México un "memorando de entendimiento" que formalizaba el inicio del diálogo. Ambas delegaciones mostraron su disposición a "acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos electorales consagrados en la Constitución con todas las garantías y entendiendo la necesidad de que sean levantadas las "sanciones" internacionales".
A la delegación gubernamental fue incorporado el diplomático venezolano Alex Saab, detenido de manera irregular por el gobierno de Cabo Verde cuando realizaba gestiones para sortear las medidas impuestas por Estados Unidos contra Venezuela. Esto fue rechazado por la PUD expresando que se trataba de "una estrategia de defensa del régimen ante el proceso judicial entre dos países con separación de poderes y democracia, cuyos órganos jurisdiccionales siguen un proceso de extradición".
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), organismo al que pertenece Cabo Verde, ordenó la liberación inmediata de Saab y la terminación del proceso de extradición el 15 de marzo de ese año, a lo que la justicia del país insular hizo caso omiso.
Las rondas de diálogo continuaron y se establecieron acuerdos parciales mientras Saab permanecía detenido en Cabo Verde. Sin embargo, en vísperas de la cuarta ronda de acuerdos de diálogo a realizarse el 17 de octubre, Rodríguez anunció la suspensión de la reunión de la mesa de diálogo en México en protesta por la extradición y traslado de Alex Saab a Estados Unidos. En noviembre el presidente Maduro manifestó que no existían condiciones para retornar al diálogo debido al caso Saab, mientras la PUD se reunía con el Departamento de Estado de Estados Unidos haciendo un llamado al gobierno para que reanudara el diálogo en México.
Un año después, en noviembre de 2022, regresaron al diálogo en México y, como resultado, se firmó el Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano, teniendo como mediadores al gobierno de Noruega, representado por Dag Nylander, y con la presencia del entonces ministro mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Este mecanismo buscaba "abordar necesidades sociales vitales y atender problemas de servicios públicos, con base en la recuperación de recursos legítimos propiedad del Estado venezolano, que hoy se encuentran bloqueados en el sistema financiero internacional".
La concreción del mencionado acuerdo consistía en la liberación de los fondos venezolanos ilegalmente secuestrados por las "sanciones" estadounidenses, unos 3 mil 200 millones de dólares, que hasta esta fecha continúan retenidos. La oposición, que desde el principio dirigió la apropiación ilegal de los activos venezolanos, ha emitido múltiples declaraciones en las que responsabiliza al gobierno de su incumplimiento.
Cada vocero ha expuesto una excusa distinta, desde que no saben dónde están depositados los fondos hasta la no liberación de políticos presos por delitos comunes.
Además, Estados Unidos mantiene incautado un activo venezolano como Citgo, esto facilitado por el sector opositor representado por Guaidó. También sigue reconociendo a la AN electa en 2015, cuyo período se extinguió en enero de 2021. De esa entelequia forma parte un Comité de Administración y Protección de Activos del país en el Exterior que sigue maniobrando para usufructuar recursos nacionales de los que dispone a discreción de la Casa Blanca.
Washington ha aparecido en todos los intentos de diálogo para patear la mesa o romper con los acuerdos firmados por una oposición sin dirección propia. Intentan prolongar los efectos sociales y económicos negativos que han causado sus medidas injerencistas con vistas a profundizar el malestar de la población y catalizar presiones y chantajes contra el gobierno venezolano.
Al día de hoy estos efectos, que afectan el ingreso familiar y los servicios básicos, entre otros factores económicos y sociales en el país, son motivo de capitalización en las elecciones primarias en las que han prometido medirse las dirigencias de algunos sectores opositores. El malestar está en sus cálculos, invocándolo con ataques a la economía, pero también por la vía de provocaciones y sabotajes a todo intento de diálogo en Venezuela.