Con una rifa de televisores y teléfonos, la dirigencia opositora dice tener el compromiso de resolver los requisitos logísticos para llevar a cabo las elecciones primarias del próximo 22 de octubre.

"Con tu aporte, desde donde sea que te encuentres, estás defendiendo la democracia en Venezuela y haciendo posible la elección primaria", menciona una publicación en redes sociales realizada por la Comisión Nacional de Primaria (CNdP).

Es importante recordar que los organizadores tomaron la decisión unilateral de prescindir del respaldo técnico del Consejo Nacional Electoral (CNE) y desarrollar los comicios por cuenta propia, en consonancia con la narrativa de la candidata María Corina Machado de socavar la credibilidad de las autoridades electorales venezolanas.

Hasta el momento, la Comisión ha expresado su estimación de instalar 3 mil 106 centros de votación en todo el país, lo que cubre 98% de las parroquias. En total, se establecerían alrededor de 5 mil mesas de votación, operadas por aproximadamente 25 mil personas, en espera de una afluencia de 3 millones de votantes según las expectativas de los organizadores.

Si estas primarias hubiesen sido coordinadas con el CNE, además de contar con la confiabilidad del proceso automatizado de votación, se habrían tenido acceso a los centros de votación utilizados en elecciones regulares y al Plan República, despliegue militar que garantiza el orden y la seguridad en los comicios.

Ahora, existen preocupaciones y dudas dentro de los propios círculos opositores respecto al desempeño de las primarias, especialmente en términos logísticos. La ubicación de los centros de votación y las dificultades relacionadas con la votación manual son algunos de estos aspectos.

La falta de organización y la improvisación en relación con estos asuntos ya se había evidenciado en los últimos meses, con anuncios extravagantes como la consideración de utilizar iglesias como centros de votación. Además, el catastrófico desenlace generado en las votaciones para elegir autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV) ha servido como un fresco ejemplo de lo que significa dejar en manos de la oposición el desarrollo de unas elecciones de manera "autogestionada", aunque en su prontuario hay más casos de estudio.

También es importante destacar que, bajo estas condiciones de inestabilidad, se facilita la posibilidad de que ocurran actos de violencia política —tal como lo ha advertido el presidente Nicolás Maduro—, que podrían ser utilizados para trasladar responsabilidades al gobierno venezolano y alimentar el riesgo de que ocurran movimientos callejeros relativos a una revolución de color, como ya hemos analizado previamente.

En los últimos días, la Comisión se ha dedicado a intentar callar las preocupaciones que surgen cada vez con más frecuencia conforme se acerca la fecha acordada, y estas no pasan desapercibidas.

El caso más relevante fue la renuncia de María Carolina Uzcátegui al cargo de vicepresidenta de la Comisión, quien dejó en claro antes de retirarse que "el proceso, tal y como va hasta ahora, presenta problemas técnicos y logísticos muy serios", lo cual hace imposible cumplir con el cronograma establecido. En su opinión, la fecha de las primarias debería ser aplazada al menos por un mes para garantizar la resolución de estos problemas.

A pesar de estos llamados de atención, la Comisión decidió ignorarlos y reemplazó a Uzcátegui por la exjueza Mildred Camero. Además, comenzó a emitir declaraciones mostrando lo que supuestamente ya tienen para que el proceso se efectúe en octubre.

Los comentarios menos entusiastas al margen contradicen la confianza que intentan transmitir de manera oficial. Una fuente de la Comisión consultada por Tal Cual ha manifestado que el cronograma apenas es cumplible. Esta insistencia en disipar las dudas sobre la necesidad de cambiar la fecha de las primarias se debe al impacto que tendría en la credibilidad y legitimidad de la dirigencia opositora ante los votantes, que ya está debilitada.

"Si hay una pérdida de confianza en la comisión de primaria y hay una alta abstención, aunque la persona gane de pleno derecho, la legitimidad tendría alguna duda", señala Daniel Varnagy, un académico de oposición consultado en el mismo artículo.

Los números muestran las brechas que enfrentan las primarias. El asunto de los venezolanos en el extranjero, que la dirigencia opositora presentó como determinante para obtener un escenario electoral favorable, ha resultado ser mucho menos significativo. Se hablaba de millones de electores dispuestos a participar, pero la cifra final no supera los 400 mil votantes habilitados, de los cuales solo 297 mil 602 actualizaron su información en la plataforma web destinada para ello por la Comisión.

En el panorama general, hay encuestas que también cuestionan las cifras de participación proyectadas por los organizadores. Por ejemplo, la encuestadora Pronóstico estima una participación de alrededor de 1 millón 700 mil venezolanos. Su presidente, Francisco Bello, indica que considerar cifras de participación más altas es una interpretación errónea.

Independientemente de los niveles de afluencia, la viabilidad del evento en la fecha acordada y los problemas logísticos que se acumulan, las primarias requerirán un financiamiento significativo. Algunas estimaciones lo sitúan entre 3 y 5 millones de dólares, ante lo cual el presidente de la Comisión, Jesús María Casal, menciona que el dinero recaudado proviene de los candidatos de oposición, quienes al formalizar su candidatura se comprometieron a contribuir financieramente, así como de eventos de recolección de fondos realizados en Venezuela y en el extranjero, además de "aportes voluntarios" de personas no identificadas.

La noción de "transparencia" que se pretende mostrar choca con los numerosos casos de corrupción asociados a los líderes opositores, especialmente después de poner en marcha la "operación Guaidó", que manipuló ilegalmente fondos del Estado venezolano.

Según lo publicado por Bloomberg en mayo, la Asamblea Nacional elegida en 2015 recibió al menos 347 millones de dólares provenientes de cuentas congeladas en Estados Unidos bajo el régimen de sanciones y bloqueo. Del total, se sabe que se destinaron aproximadamente 49 millones a un "Fondo para la liberación de Venezuela", lo que implica que alrededor de 300 millones patrimonio del Estado venezolano estarían siendo utilizados para las agendas personales de los partidos adheridos a la Plataforma Unitaria Democrática. Considerando que los candidatos deben hacer su contribución para llevar a cabo los comicios, no se descarta el uso de parte de estos fondos para financiarlas.

Esto constituye una violación de las normas venezolanas sobre las atribuciones de los partidos políticos, y empeora aún más la imagen de la oposición, que en su campaña no solo evita mencionar el principal complicante del contexto económico y social de Venezuela, las sanciones unilaterales de Estados Unidos, sino que también se aprovecha de ellas para sus eventos políticos y su enriquecimiento personal.

Creer que con la divulgación de una rifa pueden silenciar los cuestionamientos sobre el origen de los fondos recaudados para las primarias, y que con esto contribuyen a disipar la creciente desconfianza sobre el proceso, es solo uno de los intentos desesperados por reconstruir la credibilidad de los dirigentes opositores, aunque pareciera que no hay forma de recuperarla.