Así como hay inconsistencias y vaguedades en la recopilación de datos del informe de la Misión “Independiente” de Determinación de los Hechos en Venezuela, también existe una evidente parcialidad en el uso de las fuentes. Ahora esta tribuna procede al desmontaje del afamado caso del prófugo de la justicia y ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, por ser uno de los casos bandera blanqueados por el informe.

Ledezma, desde tiempos cuartorrepublicanos, ha estado involucrado como ejecutor en acontecimientos reales de violación de derechos humanos, así como en los intentos -nada democráticos- de destitución del Gobierno Bolivariano.

En 2014, con el plan “La Salida”, acompaña públicamente a Leopoldo López y a María Corina Machado para instaurar conmoción política en el país y forzar el desplazamiento del chavismo. Aunque sus acciones conspirativas son evidentes, es el “Golpe Azul” u “Operación Jericó” lo que procedió a su detención en 2015.

La Misión “Independiente” localizó un video del arresto de Ledezma, que estaba disponible en Internet, para señalar sus conjeturas en el mencionado informe y presentarlo ante una organización como la ONU, ignorando con propósito un sinfín de detalles.

Vaguedad en la exposición del caso

Para no ahondar tanto en la larga lista de actividades conspirativas de este político, con sólo apuntar su participación en la Operación Jericó es suficiente. En el informe, la Misión expone un vago desarrollo de los hechos al caso de Ledezma, es decir, no explican a profundidad de qué se trataba esa operación.

Se recuerda que ese plan estaba programado para ejecutar ataques militares a diferentes instituciones gubernamentales en Caracas y derrocar al presidente Nicolás Maduro.

En ningún apartado del informe denuncian la ilegalidad en la participación en golpes de Estado, sólo muestran una tabla titulada “presuntas operaciones y personas detenidas” y toda descripción queda en un forzado y breve “supuesto”, adjuntando un video corto sobre los implicados. Los contextos son vitales para entender todos los casos que intenta blanquear la Misión “Independiente”.

Cabe destacar que tras su arresto domiciliario fue llevado a Ramo Verde en 2017 debido a la violación del régimen establecido en su beneficio. Con base a este hecho, el informe señala que Ledezma le explicó a la Misión que al ser arrestado “se había herido en el pie”.

Aunado a eso, sus vínculos golpistas son notorios y las pruebas están presentes, pero, según Ledezma, su detención fue arbitraria y por motivos políticos, y así fue clasificado en el informe… ¿acaso la Constitución ampara golpes de Estado?

Como el informe de la Misión no muestra las pruebas de la participación de Ledezma como uno de sus autores intelectuales en la Operación Jericó, es pertinente señalar también su complicidad junto con Lorent Saleh, acusado por el Ministerio Público de haber facilitado el ingreso ilegal de extranjeros para generar protestas violentas en el país.

Este dirigente juvenil es conocido en Venezuela desde hace una década por formar parte de la Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU) -organización juvenil derechista financiada por la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés)-, que organizaba y dirigía acciones de calle en contra del gobierno del presidente Hugo Chávez. Se le ha detenido varias veces en contextos violentos urbanos, incluso con material bélico encima.

En 2014 fue a Colombia (de donde fue expulsado poco después) porque había establecido un campamento paramilitar y pretendía comprar armamento de guerra para cometer asesinatos selectivos contra funcionarios venezolanos con ayuda del uribismo, admitido por él mismo.

Saleh había sido desenmascarado con múltiples pruebas audiovisuales y fotográficas sobre sus planes terroristas en el país: incluso una de esas evidencias es un video en el que asegura que el político que más había apoyado a “La Resistencia”, como se llamaba a los grupos de choque violentos de la oposición venezolana durante “La Salida”, era el mismo Ledezma.

En definitiva, ambos agentes de la desestabilización destituyente estaban sincronizados en los planes de golpe de Estado y violencia.

Las conclusiones de la “Misión independiente”

A pesar de la irregularidad de los datos con los que se basó el informe, la Misión de inmediato concluye que Ledezma “fue víctima de una detención arbitraria”, aun cuando las evidencias están sobre la palestra.

Además, si se hace referencia a la arbitrariedad, se debe agregar por obligación la fuga del ex alcalde a España, que, claro está, se señala en el informe sin embargo es mostrado como un rotundo logro por parte de Ledezma. Los redactores del informe celebran, de manera casi tajante, el hecho de que un prófugo de la justicia pudiera salirse con la suya.

Para los que tenemos memoria, Ledezma siempre fue abiertamente opositor y constantemente expresaba su postura en contra del gobierno venezolano, tanto en la administración de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro; su verbo en acción no causaba alarmas ni motivo de arresto para el Estado venezolano; sin embargo su involucramiento en gestiones desestabilizadoras, que buscaban un golpe blando al chavismo en el poder estatal, que escalaron a la violencia insurreccional y al quiebre del orden constitucional, el Ministerio Público debía hacer lo propio.

Se hace énfasis en esto porque el informe insinúa constantemente esa narrativa de convertir en víctimas a aquellos que poseen cargos públicos a pesar de las implicaciones en hechos sediciosos al margen de la ley. Es en el punto 251 en el que postulan que “al menos seis alcaldes de la oposición fueron detenidos entre abril de 2014 y diciembre de 2017”, ocultando que aquellos estaban involucrados directamente en la logística y el apoyo político de los llamados “guarimberos” y las fuerzas de choque de “La Salida”.

Es pertinente señalar que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la Resolución 1900, establece que una persona detenida es considerada “presa política” si la detención se ha impuesto por la violación en la libertad de pensamiento, conciencia y religión o, en resumen, si la detención ha sido impuesta por razones puramente políticas sin conexión con ningún delito.

Si nos atenemos a dicha categorización, a Ledezma no cabe citarlo como “preso político” debido a los delitos de conspiración y asociación por los que fue imputado y juzgado en los planes de desestabilización y golpe de Estado, previstos y sancionados en el Código Penal y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de la República Bolivariana de Venezuela.

Tampoco este caso es motivo para asomarlo como razón de violación de los derechos humanos. Desde 2015, la Fiscalía venezolana solicitó otorgarle arresto domiciliario por temas de salud, y así se mantuvo hasta que violó lo establecido para este beneficio en 2017 con su fuga.

De esta manera el informe sesgado de la Misión “Independiente” de la ONU demuestra sus verdaderas intenciones.