El gobierno venezolano ha presentado nuevas instancias organizativas para proteger la paz y la estabilidad en la nación de posibles escenarios políticos y sociales tensos. Específicamente, el presidente Nicolás Maduro, en una reunión con el alto mando político y militar el pasado 4 de octubre, presentó ante el país las Unidades Populares para la Paz (Uppaz) y el Consejo Especial por la Paz (Cepaz).

La primera (Uppaz) se trata de la organización a escala de las comunidades en cooperación con los cuerpos policiales y militares, que se desplegará en todo el territorio nacional.

Por otro lado, el Cepaz, conformado por un equipo base, estará encargado de articular y dirigir las Uppaz.

El diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, es el jefe y coordinador del Consejo, el cual está integrado por el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos Ichaso; el comandante de la Milicia Nacional Bolivariana, Javier Marcano Tábata; el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Elio Estrada Paredes; el comandante general de la Policía Nacional Bolivariana, Rubén Santiago Servigna; el vicepresidente de Seguridad del PSUV, Francisco Ameliach; el vicepresidente de Organización del partido, Pedro Infante; y el jefe de Gobierno de Caracas y vicepresidente de Movilización, Nahúm Fernández Molina.

Los aspectos de interés para el Cepaz se encuentran vinculados con los sectores e infraestructuras críticas del país. Se enfocarán en la salvaguarda de empresas, centros educativos y de salud, sistema de transporte, industrias (en particular la petrolera), lugares de instalaciones eléctricas y de agua, así como depósitos de almacenamiento de alimentos y medicamentos.

Desde hace varios meses, el presidente Maduro ha estado denunciando la amenaza por parte de sectores opositores de producir escenarios de violencia política similares a los impuestos en 2014 y 2017. Esta es una opción que cierto sector antigubernamental no descarta y tantea, a pesar de que públicamente muestra la aparente intención de participar en la vida política del país bajo los parámetros constitucionales, por medio de elecciones.

En un análisis anterior de esta tribuna se presentaron los objetivos de la Operación de Liberación "Cacique Guaicaipuro", en la que más de 11 mil funcionarios de seguridad intervinieron el Centro Penitenciario de Aragua, en Tocorón, estado Aragua. Durante la operación se incautaron armas, municiones, drogas y otros elementos utilizados por las redes criminales que operaban en la cárcel y cuyas actividades delictivas se extendían incluso más allá del territorio nacional, en países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

La desarticulación de estas redes tiene un impacto positivo en la prevención de planes violentos ya que se sabe que grupos políticos de oposición, como Voluntad Popular, tienen conexiones con este tipo de organizaciones y han hecho planes conjuntos de desestabilización en Caracas y otros puntos del país que han sido desarticulados y neutralizados en los últimos años.

En este sentido, el gobierno ha dado un siguiente paso hacia las comunidades que ya cuentan con plataformas organizativas de base y tienen la capacidad de identificar pequeños focos de violencia y amenazas a la estabilidad nacional. Al replicar esto a gran escala, se facilita la identificación de áreas donde los organismos de seguridad pueden ser más efectivos.

En diversas regiones del país se están llevando a cabo las primeras implementaciones de esta iniciativa. Hasta los momentos el jefe del Cepaz, Diosdado Cabello, ha viajado a Yaracuy, Anzoátegui, Mérida y Monagas para promover la conformación de estos cuerpos en esos estados. En cada una de sus intervenciones, el vicepresidente del PSUV ha proporcionado elementos sobre el funcionamiento y organización de estas unidades.

Deberían conformarse aproximadamente 46 mil 452 figuras de esa especie en todo el país, una por cada comunidad organizada. Cada Uppaz estará formada por un jefe o jefa de comunidad, que pasa a ser responsable de esa unidad, y tres personas más.

El objetivo de estos grupos organizados es establecer vigilancia en la comunidad y prevenir hechos de violencia, mientras hacen trabajo de inteligencia local y organizado en nodos. Su tarea consiste en reportar cualquier novedad que implique un delito o plan contra la paz nacional a los organismos de seguridad. Para ello, los integrantes de las Uppaz deberán pasar por un proceso de entrenamiento.

• Una experiencia que precede a la institucionalización de esta estrategia se expresó durante la fallida Operación Gedeón en 2020, cuando las redes de inteligencia popular detectaron a personas involucradas en el plan de magnicidio en territorio venezolano.

Las Uppaz deben engranarse con los Cuadrantes de Paz, una política rectora en materia de seguridad que territorializa su abordaje en áreas focalizadas, e integrarse con los organismos de seguridad.

Otra actividad vinculada con las Uppaz será la de elaborar una base de datos que contenga información de la comunidad relevante para aspectos de seguridad. Se orienta a determinar quiénes se desempeñan en profesiones relacionadas a la educación, a la salud, a la reparación, entre otras, para que puedan ser contactados para labores específicas.

En Yaracuy Diosdado Cabello ha destacado la importancia de las Uppaz para garantizar la estabilidad en los pequeños ámbitos (las comunidades) y ha recordado que en la seguridad de la nación existe corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil a través de la figura de la unión cívico-militar.

La creación de estas instancias representa una medida significativa en la defensa nacional. Su presencia en lugares estratégicos permite detectar y neutralizar cualquier intento de sabotaje, violencia o desestabilización que pudiera ser promovido por grupos extremistas. Se trata de la institucionalización de la prevención in situ, localizada, contra escenarios de perturbación.

El hecho de que estén conformadas tanto por organismos de seguridad como sectores del poder popular es otra ventaja importante, pues significa una mayor articulación entre el Estado venezolano y la ciudadanía, así como el fortalecimiento del compromiso con la defensa de la soberanía y la integridad territorial, lo que es fundamental para seguir consolidando la recuperación de la estabilidad política, social y económica de Venezuela.