El pasado 14 de diciembre de 2023, tras la negativa reiterada, pública y notaria del presidente de Guyana, Irfaan Alí, de participar en un diálogo bilateral con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se logró que ambos mandatarios se encontraran en tierras sanvicentinas —la reunión se desarrolló en el aeropuerto internacional de Argyle— bajo los auspicios de San Vicente y las Granadinas (Celac), Dominica (Caricom) y Brasil, tres meses después de que el presidente venezolano lo solicitara insistentemente desde septiembre de 2023.

El encuentro significó una victoria para Venezuela ya que con esta: a) se desmontaba la narrativa que presentaba a la República Bolivariana como un Estado agresor —que preparaba una invasión y posterior ocupación de Guyana—, b) se lograba que Guyana aceptase un diálogo bilateral al más alto nivel con veeduría internacional —fundamentalmente regional: Celac y Caricom— y c) se acordaba una declaración conjunta (Declaración de Argyle) que funge como una hoja de ruta para el abordaje de la controversia territorial.

Visto así, el año pasado cerró con sendas victorias para Venezuela, reflejadas en la realización del referéndum —con su alta participación y el mandato que otorgó— y con el encuentro bilateral en el archipiélago caribeño. No obstante, el camino que transitará la controversia territorial del Esequibo este 2024 será particularmente complejo y accidentado, en donde lo institucional, diplomático y geopolítico jugará un rol estelar.

Durante los últimos días de 2023, y en lo que va de 2024, Guyana ha dejado claro cómo será su juego/comportamiento en los tres ámbitos mencionados con anterioridad, que delineará su accionar durante el resto del año, en el que destaca la sorpresa y en el que la planificación no forma parte del abordaje geopolítico de la controversia.

La Corte Internacional de Justicia (lo institucional)

La República Cooperativa mantendrá su postura de continuar transitando, de forma unilateral, el camino judicial que representa la Corte Internacional de Justicia (CIJ), confiada en que la conjunción de factores —antipatía de muchos magistrados con la causa venezolana, por ejemplo— le favorecerá en el dictamen final.

Desde Guyana se piensa que, dada la alta concurrencia de países latinoamericanos y caribeños en el tribunal internacional para resolver sus diferendos en los últimos años, hay una especie de "consenso regional" sobre la aceptación implícita de la jurisdicción de la Corte —como lo ha expresado el jurista mexicano, recién electo magistrado de la CIJ, Juan Manuel Gómez-Robledo Verduzco, quien por cierto ha realizado públicamente declaraciones contra el gobierno venezolano—, a pesar de que la realidad nos dice que eso no es así: la Corte tiene una jurisdicción facultativa que pasa por el consentimiento de los Estados partes en el conflicto.

El problema para Georgetown se encuentra en que, si Caracas no acepta la jurisdicción del tribunal, no existen medios eficaces y reales, a la luz de la configuración actual de los actores dentro del Consejo de Seguridad (CS) de la ONU, que pudieran favorecerle en una eventual exigencia de aplicación del artículo 94 de la Carta de la Naciones Unidas que habla sobre las medidas que puede tomar el CS ante el incumplimiento de las decisiones de la CIJ.

De allí que, en el estamento político guyanés, se haya arraigado la idea y exigencia, al mismo tiempo, de crear redes de relaciones públicas que permitan socializar y ampliar el alcance de la posición de Guyana, en un primer momento a los miembros permanentes del CS y después a países del Sur Global, como lo manifestó Carl Greenidge, agente de Guyana ante la CIJ y excanciller de ese país, en un foro sobre la disputa territorial.

Presiones sobre Venezuela (lo diplomático)

La construcción de una red de relaciones públicas mencionada por el agente Greenidge para un país como Guyana que no tiene —aun— los recursos financieros para desarrollar una estrategia diplomática de alcance planetario, exige el padrinazgo tanto de otros países (Estados Unidos y el Reino Unido) como de actores económicos (corporativos) de peso internacional que le permitan alcanzar tal fin (ExxonMobil).

Estados Unidos representa la puerta de entrada y salida a la Organización de Estados Americanos (OEA), allí Guyana viene realizando una tarea de cabildeo importante de la mano del secretario general Luis Almagro, y donde la Caricom como bloque inclina la balanza a favor de Georgetown, pero del que ya Venezuela no forma parte. Además, el apoyo de Washington es, al mismo tiempo, el apoyo potencial de otros países que son influenciados o en los que la Casa Blanca usa su poder blando incidiendo en ellos, como se vio en los apoyos a Ucrania a partir de 2022, o al interinato de Juan Guaidó entre 2019-2021.

Por su parte, con el Reino Unido se accede al liderazgo dentro de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth), la cual, como espacio que trasciende la regionalidad latinoamericana y caribeña —ya que mantiene presencia en los cinco continentes—, permite acercar un conflicto que, bajo cualquier perspectiva, luce ajeno a otros Estados fuera de nuestra región.

En todo caso, si bien la Commonwealth y Caricom no necesariamente actúan en bloque, no es menos cierto la enorme influencia estadounidense y británica en ambos foros, que llevada al espacio del CS le otorgaría de entrada a Guyana los votos de ella misma —a partir de 2024, miembro no permanente— así como los de Malta, Mozambique y Sierra Leona —trino perteneciente a la Mancomunidad de Naciones—, a los que se les sumaría los de Gran Bretaña y Estados Unidos como miembros permanentes con veto.

De allí que Greenidge, entendiendo esta dinámica favorable, pero no suficiente, apueste por ampliar ese diálogo al grupo de los Brics —a partir de 2024 ampliado a cinco países más—, donde China y Rusia, países con derecho a veto en el CS, mantienen una cooperación sólida con Venezuela, calificada de estratégica por los gobiernos de dichos países. India en ese escenario sería un posible aliado de Guyana de presentarse tal posibilidad.

ExxonMobil seguirá, como lo manifestó en la actualización de su Plan Corporativo hasta 2027, usufructuando las concesiones ilegalmente otorgadas por Guyana en aguas por delimitar y que le permiten proyectar que su producción de petróleo y gas en 2024 sea de aproximadamente 3,8 millones de barriles de petróleo por día (bpd), que aumentarán a aproximadamente 4,2 millones bpd en 2027. Según información de la misma empresa en 2023, las operaciones en Guyana aportan a la compañía 620 mil bdp.

Si bien no es un conflicto que se vaya a dirimir a partir de votos a favor o en contra en un foro u organismo internacional, la dinámica actual planetaria demanda la construcción de prestigio y estima por parte de los países, que les permitan ganar la voluntad de la comunidad de naciones, de allí el interés mostrado por el agente guyanés en ampliar esa red de relaciones públicas.

Alianzas y demostraciones de soberanía (lo geopolítico)

Entre finales de diciembre de 2023 y los primeros días de enero de 2024, funcionarios civiles y militares de Estados Unidos y de Gran Bretaña han visitado de forma recurrente la República Cooperativa de Guyana con claros indicios de promover un acercamiento militar que les permita robustecer sus fuerzas armadas de cara a los nuevos desafíos que se les presentan, el más importante, por no decir único, el diferendo territorial sobre el Esequibo.

Entre los visitantes se encuentran: el subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Daniel Erikson; el exsecretario de Estado de Estados Unidos durante la administración Trump, Mike Pompeo, vinculado con el Instituto Hudson (think-tank enfocado principalmente en el área militar); el subsecretario de Estado para las Américas y el Caribe del gobierno británico, David Rutley, y a finales de diciembre el buque británico HMS Trent con toda su tripulación.

El acercamiento debe entenderse a partir de las deficiencias que muestra Guyana en materia militar. La República Cooperativa no tiene la capacidad operativa para garantizar el control soberano del territorio que asume como propio, las debilidades de su ejército (Fuerzas de Defensa de Guyana: GDF) expresadas en la pobreza de su equipamiento, como en nula capacitación de sus efectivos, los ha empujado a los brazos del Comando Sur con el que viene participando, desde hace varios años, en los ejercicio militares Tradewinds —por solo citar uno—.

Si bien las visitas de los funcionarios civiles y militares británicos y estadounidenses a Georgetown en los últimos 30 días envían un mensaje de apoyo al gobierno guyanés, también despiertan el recelo no solo de Venezuela por ser actor principal en el diferendo territorial, sino de muchos países latinoamericanos y caribeños que no ven con buenos ojos la militarización del Caribe y de la selva amazónica.

La estrecha cooperación en materia militar podría abrir las puertas a la instalación de bases multipropósitos, como lo expresara implícitamente el presidente Irfaan Alí. Y si bien cada país es soberano y puede relacionarse con el socio que crea conveniente para sus intereses, no es menos cierto que esa acción representa un foco de inestabilidad en una zona declarada de paz y donde la presencia de fuerzas ajenas a la región no es bien vista.

No es la primera vez que se presenta una situación similar ni con Guyana ni en la región. Recordemos la denuncia realizada por el presidente Hugo Chávez en el año 2000 de una base estadounidense de lanzamiento de satélites y que según Venezuela creaba escenarios regionales de conflictos. A finales de la primera década del siglo XXI se conoció también el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos de 2009 y que contemplaba el uso de bases militares dispuestas en territorio colombiano por parte de las fuerzas armadas estadounidenses, que generó no solo una crisis política-diplomática entre Colombia y sus principales vecinos (Venezuela y Ecuador) sino a escala suramericana.

La necesidad de que Guyana cuente con un músculo militar capaz de garantizarle al Estado el ejercicio de soberanía es evidente, ya no solo en el control puertas adentro —seguridad interna— sino de cara al mundo. Actualmente, las demostraciones de soberanía de Guyana sobre el territorio en disputa se han circunscrito al otorgamiento de concesiones a las transnacionales energéticas (fundamentalmente ExxonMobil), que parecieran ser en realidad quienes despliegan esa función exclusiva del Estado: el ejercicio de la soberanía.

De allí que no resulte extraño ese desfile de funcionarios militares estadounidenses y británicos durante el último mes; las transnacionales estadounidenses y británicas necesitan la seguridad que el Estado guyanés en los actuales momentos no puede garantizarles. Recordemos que también, a finales de 2023, Guyana fue incluida en la lista de zonas de mayor riesgo para el transporte marítimo de la aseguradora Lloyd's Market Association debido a la disputa territorial que mantiene con Venezuela.

Proyectando un dinámico 2024

Cuando Estados Unidos y el Reino Unido se inmiscuyeron en la controversia territorial del Esequibo, tomando como excusa la cooperación militar con un Estado que muestra grandes falencias en el ejercicio más o menos efectivo de su soberanía territorial, quedan en evidencia los verdaderos intereses que persiguen: la intensificación e incremento de sus capacidades militares en una zona declarada de paz.

Para Guyana este accionar de las potencias no solo beneficiaría a las potencias anglosajonas al proporcionarles a las GDF los requerimientos operacionales mínimos, sino también en lo simbólico la República Cooperativa saca partido al mostrar el acompañamiento y respaldo de la primera potencia militar y de la potencia colonial de antaño, mensaje dirigido principalmente a su población y en menor medida a sus vecinos suramericanos y caribeños.

Aunque no se proyecta que la disputa durante 2024 adquiera rasgos militares de forma explícita, las demostraciones de fuerza y/o apoyo que viene realizando Guyana, si bien destempladas e hipócritas, no dejan de ser relevantes sobre todo porque desnuda, por un lado, su vocación transgresora de los acuerdos suscritos con Venezuela (primero el Acuerdo de Ginebra y luego la Declaración de Argyle) y, por el otro, deja clara su intención de involucrar a terceros países en el diferendo.

En una próxima entrega se valorará el accionar de Venezuela durante los últimos días de diciembre de 2023 y los primeros de 2024 que, muy probablemente, delinearán el comportamiento del Estado venezolano de cara a la controversia territorial que mantiene con Guyana.