El gobierno venezolano emitió un comunicado oficial en el que rechaza la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el recurso de apelación presentado por el país contra la sentencia de la Sala de Cuestiones Preliminares sobre los supuestos crímenes de lesa humanidad.

El texto, compartido por la cancillería venezolana, califica la decisión de la CPI como infundada y motivada por intereses políticos. Se denuncia la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos, basada en acusaciones de supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han tenido lugar en Venezuela.

El caso contra Venezuela en la CPI se remonta a 2018, cuando expresidentes del Grupo de Lima denunciaron al país en relación a los acontecimientos de 2014 y 2017. En estos eventos, las fuerzas de seguridad venezolanas contuvieron intentos de desestabilización política que desencadenaron escenarios de violencia y ruptura del orden público.

Las acusaciones están viciadas por irregularidades. Venezuela fue notificada del procedimiento legal dos años después de haberse iniciado, no se le ha facilitado información precisa de los incidentes en investigación y se le ha dificultado su legítimo derecho a la defensa. A pesar de esto, ha cooperado con la CPI entregando toda la información solicitada.

Además, tanto la CPI como voceros de la oposición venezolana extremista han manipulado la cifra de víctimas, llegando a hablar de miles cuando la lista ha estado llena de inconsistencias. En noviembre del año pasado la CPI redujo los casos en investigación a 124, de los cuales Venezuela ha mostrado evidencias de que han sido atendidos por la justicia interna.

La CPI y las supuestas víctimas no han presentado pruebas sobre la cadena de mando, elemento crucial en un crimen de lesa humanidad. El gobierno venezolano reconoce que hubo casos particulares de uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios de seguridad, pero en todos estos se ha actuado con justicia, imputando y poniendo presos a los responsables.

La respuesta de Venezuela a las acusaciones de violaciones de derechos humanos ha sido meticulosa, ha desmentido con claridad los señalamientos en su contra colaborando activamente con la CPI y proporcionando evidencia y argumentos sólidos en su defensa, pero solo 20% de la información suministrada ha sido tenida en cuenta.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ha denunciado en recientes declaraciones esta vergonzosa implicación de la CPI en actos irregulares contra Venezuela, justo cuando Palestina está siendo víctima de verdaderos crímenes de lesa humanidad, sin precedentes en la historia moderna, por parte del Estado invasor de Israel, con respaldo estadounidense y europeo.

“No existe la justicia internacional para más de 30 mil personas asesinadas. De ellos más de la mitad son niños y niñas, 20% son mujeres. Asesinan el futuro de Palestina frente a la mirada cómplice de estos órganos de justicia internacional”.

La falta de consideración de la defensa de la parte venezolana, la opacidad en el manejo del caso y la preferencia por este sobre otros casos que sí reflejan violaciones de los derechos humanos, como los crímenes de guerra contra el pueblo palestino en Gaza, evidencian que la CPI está siendo utilizada con fines políticos para incrementar las agresiones hacia Venezuela. Esto ocurre en un momento cuando todos los sectores de la vida pública del país han logrado consensos nacionales para mantener la estabilidad y el orden de cara a la celebración de las elecciones presidenciales de 2024.

Venezuela seguirá trabajando de la mano con la fiscalía de la CPI para fortalecer las instituciones del Estado venezolano y asegura que revertirá esta decisión y hará valer la verdad por todos los medios a su alcance a pesar de la instrumentalización política que persiste en el tribunal penal internacional.