El Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), grupo de expertos estadounidenses especializado en esas áreas y dirigido por Marc Weisbrot, publicó un informe sobre las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio.

Tras reconstruir el proceso hasta su desenlace en el Tribunal Supremo de Justicia, el informe dedica un segmento a analizar la influencia de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y sus aliados. 

El estudio resalta cómo estas medidas han impactado profundamente el entorno político y social del país, y cómo han generado condiciones de coerción en el contexto electoral, lo que ha sido poco explorado en análisis previos.

"Ha habido poca discusión sobre el impacto de las amplias sanciones impuestas por Estados Unidos y algunos de sus aliados europeos, y sobre cómo estas han hecho que sea prácticamente imposible tener una elección demócratica, o libre y justa en este momento".

El reporte se basa en una contextualización de la historia reciente de la intervención estadounidense en Venezuela, rastreando la participación de Estados Unidos en eventos como el golpe de Estado de 2002, el paro petrolero de 2002-2003 y la imposición de sanciones progresivas desde 2004.

El grupo subraya que "Estados Unidos ha intervenido fuertemente en Venezuela durante los últimos 25 años, comenzando con el golpe militar de 2002".

Se destaca el carácter destructivo de las sanciones que "han cobrado decenas de miles de vidas, además de causar daños devastadores a la salud pública y provocar la salida de millones". 

En ese sentido, las sanciones no solo tienen un impacto demoledor sobre la economía sino que también afectan la integridad de los procesos electorales, se constituyen en una herramienta de hostigamiento político que "pone en peligro la vida y que busca inducir a los votantes a que escojan la opción preferida por Estados Unidos o que se deshagan del gobierno por otros medios".

El CEPR hace hincapié en la comprensión del carácter violento del régimen sancionatorio por funcionarios políticos estadounidenses, citando la carta del congresista Jim McGovern al presidente Biden en mayo de 2021, en la que se exige el fin de las "sanciones secundarias y sectoriales contra Venezuela". McGovern sostiene que:

"El impacto de las sanciones sectoriales y secundarias es indiscriminado y deliberado. El dolor económico es el medio por el cual se supone que funcionan. Pero no son los funcionarios venezolanos quienes sufren los costos. Es el pueblo venezolano".

También se presenta evidencia sobre su impacto mortal, respaldado por estudios de la propia órbita opositora como la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), que reveló un aumento de la mortalidad de 31% en el primer año después de las sanciones de la administración Trump en 2017. 

"Esto es coherente con las investigaciones sobre la relación entre las recesiones y la mortalidad en los países en desarrollo, como lo demuestra la investigación del Banco de Pagos Internacionales, lo que implicaría un aumento de alrededor de 43 mil muertes debido a la contracción económica en el primer año de estas amplias sanciones estadounidenses, incluidas las financieras".

Se estima que tales medidas han provocado una contracción de 37% del PIB per cápita de Venezuela, una cifra mayor que la caída experimentada por Estados Unidos durante la Gran Depresión. 

El análisis del CEPR es categórico al señalar que las sanciones son un factor determinante en la situación socioeconómica de Venezuela, argumentando que se complica aun más debido a la percepción generalizada de que la reelección del gobierno actual conllevaría la continuidad e, incluso, un posible endurecimiento de las medidas. 

Esta perspectiva genera un escenario donde el electorado se encuentra bajo la sombra de la coerción, donde la amenaza de mayor sufrimiento y devastación, en caso de una decisión electoral "incorrecta", pesa fuertemente en la deliberación individual. Un claro ejercicio de postverdad.

Para ilustrar que existe un patrón de intervención estadounidense en comicios bajo el argumento de fraude electoral, elemento que se utiliza contra Venezuela en la actual coyuntura, el reporte presenta una revisión de la historia reciente de su política exterior en la región que demuestra un constante involucramiento en la desestabilización de gobiernos democráticamente elegidos. 

"Desde principios de la década de 2000, Washington ha intervenido contra varios gobiernos elegidos democráticamente en la región, a veces logrando derrocarlos, con un grave costo para esos países y sus pueblos. Esto ha incluido Brasil —donde EE. UU. prestó cobertura diplomática a la destitución de Dilma Rousseff y estuvo involucrado en la guerra legal dirigida contra Lula da Silva—; Honduras —donde EE. UU. ayudó a que un golpe militar tuviera éxito en 2009—; Haití —donde EE. UU. apoyó un golpe de Estado en 2004 y la reversión arbitraria de los resultados electorales en 2011—; Paraguay —donde EE. UU. apoyó la destitución de un presidente en 2012—; y Bolivia —donde EE. UU. y la OEA apoyaron un golpe militar en 2019—, entre otros".

Se destaca particularmente el caso de Bolivia en 2019, donde la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo la dirección de Luis Almagro, jugó un papel fundamental en la justificación del golpe de Estado contra la reelección de Evo Morales.

La base de la intervención se fundamentó en una acusación falsa de fraude electoral, desmentida por 133 economistas y estadísticos en una carta abierta a la OEA. Del mismo modo, un artículo publicado en el New York Times el 7 de junio de 2020 también desmintió la historia de que las elecciones de 2019 habían sido robadas. 

La investigación demuestra que las sanciones impuestas por Estados Unidos actúan como un mecanismo de condicionamiento que afecta la autonomía de la decisión electoral de la población venezolana.

Esto pone bajo una nueva luz la operación de administración perceptiva de gran calado que por meses antecedió la jornada electoral de finales de julio, y evidencia que la omisión intensiva del factor medidas coercitivas unilaterales atentaba contra la idea de "redención" y "alternativa" que representó la candidatura por delegación de Edmundo González Urrutia. 

Lo que pone sobre el tapete otro elemento que debe ser incorporado a todo análisis: nunca se trató de González o María Corina Machado como alternativa real, fundamentada y creíble, sino como recurso incrustado sobre la población profundamente afectada por el impacto de las sanciones, en la que era difícil cualquier idea de debate objetivo sin tomar el programa sancionatorio como elemento fundamental.

Y ofrece, incluso, un dato más.

Puesta en perspectiva la realidad venezolana bajo la presión de la asfixia, el carácter geopolítico de las elecciones presidenciales venezolanas demuestra que María Corina Machado y González Urrutia no eran actores políticos per se sino el ariete contra el verdadero principal enemigo de Estados Unidos en la contienda: la recuperación económica a pesar de las sanciones y el nuevo consenso nacional respecto a la economía venezolana, que excluye todos los factores extremistas del espectro opositor.