La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió sentencia sobre el recurso contencioso electoral introducido por el presidente Nicolás Maduro, tres días después de los comicios en los que resultó ganador. Dentro del dictamen del máximo tribunal electoral del país se destaca que:

"Los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinios emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso comicial, y así mismo estas actas mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización".

La decisión adoptada, que concierne al pueblo venezolano y a sus instituciones democráticamente constituidas, ha suscitado una diversidad de reacciones que, a pesar de sus disímiles manifestaciones, parecen converger en un mismo punto: el desconocimiento de la estructura institucional y democrática del Estado venezolano.

¿"Grupo de Lima 2.0"?

La sintonía que han mostrado algunos Estados de la región al momento de desconocer a las autoridades electorales de Venezuela, luego de divulgarse los resultados de los sufragios del 28J, devela una operación tendiente a reeditar una especie de "Grupo de Lima 2.0" adaptado al contexto internacional actual, caracterizado por la disputa geopolítica que genera la transición hacia un nuevo orden internacional.

Los comunicados conjuntos del 29 de julio, 16 de agosto y del 23 de agosto, firmados principalmente por cancillerías latinoamericanas y caribeñas —excepto el segundo, que incluyó algunos países europeos y Marruecos—, develan que la operación de desconocimiento, ya denunciada con antelación, contó desde el inicio con un vector internacional que haría eco de las denuncias de fraude realizadas por la dupla González/Machado.

Así reza el comunicado de este grupo del 23 de agosto:

"Nuestros países ya habían manifestado el desconocimiento de la validez de la declaración del CNE, luego de que se impidió acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de todas ellas".

"La misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela alertó sobre la falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones, tanto del CNE como el TSJ". 

Ante la ausencia de movilizaciones internas significativas que respalden las denuncias de la oposición, la estrategia de ejercer "presión internacional" parece ser la principal opción.

Sin embargo, esta estrategia, que podría perder efectividad con el paso del tiempo, se ha centrado principalmente en generar una "campaña de vergüenza" y "condena internacional" que no han dado los resultados deseados, y a la que el gobierno venezolano ha sabido contrarrestar.

No obstante es esta campaña, bajo esas coordenadas, la que está sentando las bases para ganar las voluntades necesarias ante un eventual recrudecimiento del régimen de sanciones contra el país que implicaría, de facto, el establecimiento de nuevas restricciones al Estado venezolano y, en consecuencia, al país en su totalidad.

Recordemos que, durante la campaña electoral en Venezuela, el presidente argentino Javier Milei declaró estar dispuesto a aplicar sanciones contra Caracas y convencer a otros países de que se sumaran. Argentina ha jugado, a lo largo de estos meses, un papel destacado en la disposición de apoyo y recursos para la agenda disruptiva. 

¿Eje Brasilia-Bogotá o el grupo de lula?

El establecimiento de este eje se da a partir de la convergencia de unas propuestas de "soluciones" al "conflicto postelectoral" venezolano, realizadas informalmente por el presidente Lula y el presidente Petro, que giran en torno a la repetición de los sufragios o al establecimiento de un gobierno de coalición; dichas opciones fueron rechazadas por todo el arco político venezolano.

Tales sugerencias, a pesar de haber sido informales, alejaron a México, país que participaba en un diálogo conjunto con Colombia y Brasil en el marco de la controversia de los días inmediatos a la elección. Así, los tres Estados emitieron comunicados conjuntos el 1 de agosto y el 8 del mismo mes en los que solicitaban respeto a la institucionalidad venezolana, representada en el CNE y en la Sala Electoral del TSJ.

Los planteamientos de este "eje" o agrupación, condensados en las propuestas de los mandatarios y en el comunicado conjunto del 24 de agosto, cuestionan la institucionalidad electoral del país al formular propuestas no contempladas en su ordenamiento jurídico.

Además, abordan cuestiones de competencia exclusiva, léase soberana, de Venezuela, en la que ningún otro Estado, organismo, ni institución internacional debe inmiscuirse en atención rigurosa del Derecho Internacional.

La posición, sobre todo del gobierno de Brasil, podría sorprender en principio, toda vez que el Tribunal Superior Electoral confirmó, a través de una sentencia judicial, la victoria de Lula en los comicios de octubre de 2022, que habían finalizado con una muy ligera ventaja —poco más de 1%—.

Pero no hay sorpresas. Tanto el gobierno de Petro como el de Lula deben mantener un tenso equilibrio entre la variopinta integración del gobierno del "Pacto Histórico" en Colombia y de la dupla Lula-Alckmin del actual gobierno brasileño, sin mencionar las lógicas "autónomas" que las burocracias de ambos países mantienen en ciertos temas.

Y a pesar de que esta tibieza podría estar justificada por la necesidad de mantener posturas ecuánimes que les garantice mantener un perfil de mediación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, aglutinada alrededor de Edmundo González Urrutia, no deja de ser percibida —porque no deja de ser— como un cuestionamiento a la institucionalidad del Estado venezolano, adherido indirectamente con las posturas que abiertamente la desconocen y plantean una línea parainstitucional.

Un final abierto

Los países que desconocen la institucionalidad del CNE y de la Sala Electoral del TSJ, agrupados en torno a este aparente "Grupo de Lima 2.0", predeciblemente ya develaron su estrategia: "presión internacional" y reconocimiento de Edmundo González Urrutia como "presidente electo".

El verdadero interés seguirá estando en la posición que asuman Brasil, Colombia y México respecto al tema, no solo por el peso regional que tienen sino también por la cercanía geográfica que los vincula con Caracas, y que hasta ahora pareciera seguir abierta a pesar de las ambigüedades y contradicciones.

En este sentido, es llamativa la misiva enviada por Human Right Watch (HRW) en la que critica el comportamiento de los tres países en relación al escenario postelectoral venezolano y que, inevitablemente, se interpreta como una suerte de presión sobre estos Estados para que tomen partido, ejercida por una de las ONG de mayor peso en el actual complejo industrial de los derechos humanos.

No obstante, las más recientes declaraciones de Celso Amorim, asesor y enviado especial del presidente Lula a Venezuela, en las que reafirma que el mayor error de la comunidad internacional sería reeditar un escenario como el de 2019 con Juan Guaidó, dan cuenta de una apuesta por lograr que Brasil se erija como un faciliador entre ambas partes: 

"Lo importante es intentar mantener la puerta abierta para algún diálogo y entendimiento. Es difícil, pero creo que nos interesa a todos. No podemos volver a una situación como la de Guaidó, que era una ficción. Lamentable que la UE lo reconociera".

Para más adelante comentar que:

"Siempre será Venezuela la que decida. Ahora, si quiere tener una buena convivencia internacional, tendrá que tener en cuenta las opiniones de otros países. No es intervenir. Brasil y Colombia no amenazan con nada, no dicen que van a romper relaciones".

El pronunciamiento más reciente de los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea expresa el entuerto donde se sumergen al cuestionar la legimidad de las instituciones venezolanas, y llegan solo a coincidir en el desconocimiento del triunfo del presidente Nicolás Maduro pero no alcanzan un acuerdo para reconocer el triunfo de la oposición. Entonces, ¿quién ganó según la UE?

¿Y qué hará Brasil con un Amorim y un Lula tan proclives a realzar lo imposible de la UE?

Asimismo, el encuentro que mantuvieron el presidente Maduro y Álvaro Leyva, excanciller de Colombia, la noche del 28 de agosto en el que, según palabras del presidente venezolano, compartió puntos de vista sobre "geopolítica mundial y los grandes desafíos de nuestra región", pudiera sugerir pasos alternos en el intercambio entre Caracas y Bogotá.

Y aunque trascendió que la visita de Leyva no fue de caracter oficial —no viene en representación del gobierno de Petro— sino que responde a una invitación realizada por el mandatario venezolano, es conocido el trabajo como negociador/mediador que el excanciller ha tenido a lo largo de su vida, y la facilitación que realizó en el marco de la firma de los Acuerdo de Barbados entre el gobierno venezolano y la oposición en octubre de 2023, lo que permitiría especular sobre una tentativa de posible intermediario, o como mensajero válido ante Caracas.

Con independencia de los análisis realizados hasta el momento, resulta evidente que los países que han reconocido la victoria electoral de Edmundo González se enfrentan a una situación comprometida a partir del 10 de enero de 2025, cuando Nicolás Maduro asuma la máxima magistratura. 

Estos actores, ¿se verían obligados a revisar su postura y a establecer relaciones diplomáticas con el nuevo gobierno, a fin de abordar de forma eficiente complejidades de relevancia bilateral como los flujos migratorios? ¿O simplemente seguirían ignorando una realidad que los sobrepasa?

Por su parte, aquellos que han mantenido una posición ambigüa, que coquetean con el desconocimiento de las instituciones venezolanas sin terminar de realizarlo, corren el riesgo de sufrir una nueva pérdida de credibilidad tanto a nacional como internacionalmente, igual de grave en el contexto de disputa global existente.

Más allá de la narrativa que en el ámbito internacional prospere o se imponga, tras un mes de haber ocurrido las elecciones presidenciales, Venezuela se encuentra en paz. La sentencia de la Sala Electoral del TSJ, que convalida los resultados emitidos por el CNE, consolida ese cuadro de paz social que prevalece en la actualidad, a despecho de lo que algunos desean fuera de nuestras fronteras.