A la espera de la aprobación del Senado estadounidense, el proyecto de ley bipartidista titulado "Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Ilegítimo Régimen Autoritario Venezolano" (en inglés: Bipartisan Opposition to Leased Institutions or Ventures and Authoritarian Regime Act), conocido por su acrónimo forzado como "Ley BOLÍVAR", representa un hito en la institucionalización de las sanciones ilegales contra Venezuela.
Acorde al análisis previo de esta tribuna, tal instrumento consolida, bajo un marco legislativo y bipartidista, el funcionamiento —y la perpetuación— de las órdenes ejecutivas que durante estos últimos diez años han operado como el núcleo de la política de coerción económica y financiera hacia Caracas.
Dentro de la ley, la definición del término "persona" como objeto jurídico deja establecida una ampliación del alcance de las sanciones, al abarcar desde individuos y entidades privadas hasta organismos gubernamentales y sus extensiones, lo que da forma a un vasto catálogo de objetivos potenciales a escala internacional.
PERSONA: El término "persona" significa:
- Una persona física, corporación, empresa, asociación empresarial, sociedad, fideicomiso o cualquier otra entidad, organización o grupo no gubernamental.
- Cualquier entidad gubernamental o instrumento de un gobierno.
- Cualquier sucesor, subunidad, entidad matriz o filial de, o cualquier entidad bajo propiedad o control común con, cualquier entidad descrita en el subapartado 1 o 2.
Aunque no menciona explícitamente las sanciones secundarias, las mismas están implícitas al incluir entidades bajo "propiedad o control común" con Venezuela.
Este mecanismo introduce una notable connotación geopolítica al proyecto de ley, en la búsqueda de vehiculizar acciones de presión financiera, económica e internacional con la perspectiva de afectar tanto a intermediarios del sector privado como a instancias estatales que orbiten alrededor de las alianzas multipolares suscritas por Venezuela.
Ejemplo reciente de ello es la detención de un ciudadano turco, acusado de facilitar el transporte de petróleo venezolano en supuesta "violación del esquema sancionatorio". Con ello se evidencia cómo el andamiaje institucional estadounidense, tanto el Departamento del Tesoro como el Departamento de Justicia, actúa como brazo ejecutor de una estrategia que mezcla intimidación, hostigamiento y operaciones encubiertas.
La mención a este elemento es importante. La orientación geopolítica de la Ley BOLÍVAR se acentúa también con la incorporación, en el proyecto de ley, de mecanismos de inteligencia bajo el amparo de la Ley de Seguridad Nacional de 1947, decisión que justifica la ejecución de acciones encubiertas de carácter golpista o dirigidas hacia el cambio de régimen.
De hecho, en palabras del embajador Samuel Moncada, las medidas coercitivas de este tipo tienen un componente dual: son abiertas en su formulación, pero encubiertas en su ejecución, utilizando amenazas y presiones para disuadir a potenciales aliados internacionales de Venezuela.
La normativa en cuestión persigue objetivos económicos y también geopolíticos, lo cual refleja una clara intención de condicionar unilateralmente no solo la gravitación comercial y energética del Estado venezolano sino también sus interacciones con factores internacionales en sentido amplio. Busca trastocar la profundización del vínculo de Venezuela con el eje multipolar en ascenso.
Las sanciones como herramienta geopolítica
La gradualidad es una característica inherente de esta política estadounidense, porque es natural que el país objetivo busque mecanismos alternativos de cooperación internacional mientras enfrenta una creciente presión.
La economista Agathe Demarais, en su libro Backfire: how sanctions reshape the world against U.S. interests" (2022), comenta que Estados Unidos notó que el embargo a la República Democrática Popular de Corea era insuficiente. Eso dificultó la fluidez de la relación comercial de Pyongyang con otros países pero, aun así, el gobierno coreano, basado en su derecho legítimo a la autodeterminación, logró evadir la coerción estadounidense.
Incluso contra Irán inauguraron un esquema de sanciones secundarias que prohíben su comercio petrolero a terceros países o empresas, mecanismo que siguen exportando hacia otras naciones.
La experiencia sancionatoria sobre estos países muestra cómo Estados Unidos adapta su política coercitiva y pasa de medidas directas a sanciones secundarias cuyo principal objetivo consiste en erosionar las economías y en alterar sus dinámicas comerciales.
No obstante, la noción de gradualidad también genera un espacio de adaptación para los países afectados, que desarrollan mecanismos alternativos en términos de comercio, finanzas y vinculaciones geopolíticas, como ha sido el caso de Venezuela.
Por ello, luego de presionar lo suficiente y no conseguir los objetivos planteados, el entramado gubernamental estadounidense resiente el desgaste en el uso de las sanciones. En consecuencia, ajusta su enfoque a los fines de sofisticar su aplicación, como lo plantea precisamente la Ley BOLÍVAR, que representa un nuevo impulso para trastocar el protagonismo creciente de Venezuela en el eje Brics, y lo cual deriva en un salto de calidad en cuanto a dinamización de las relaciones comerciales de las potencias multipolares claves: Rusia, China e Irán.
En el caso de Venezuela, las sanciones han propiciado un acercamiento estratégico con potencias emergentes y países aliados. Ejemplo de ello es la reciente firma de 17 acuerdos con Rusia durante la XVIII Reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, que ha incrementado en 453% las exportaciones venezolanas y ha fortalecido el comercio bilateral. A esto se suman los avances en acuerdos con Irán, que incluyen más de 80 proyectos revisados y una decena de nuevos convenios en negociación. Estas alianzas refuerzan un sistema de cooperación destinado a mitigar el impacto de las sanciones y diversificar las opciones comerciales de Caracas.
Aunado a ello, el año pasado la relación bilateral entre Venezuela y China alcanzó un nuevo nivel de profundizacion al establecerse una asociación estratégica "A Toda Prueba y Todo Tiempo", hecho que consolida un marco de cooperación que trasciende lo económico para abarcar ámbitos tecnológicos, energéticos y geopolíticos. Este fortalecimiento de los lazos sinovenezolanos se enmarca en un contexto regional donde la influencia china crece rápidamente y llena los vacíos que Estados Unidos ha dejado.
La presencia creciente de China, con marcos de cooperación significativos e inversiones tangibles como el puerto de Chancay en Perú o la planta de BYD en Brasil, expone la falta de proyectos estratégicos liderados por Washington que generen impacto regional sensible, con ganancias geopolíticas concretas.
La institucionalización de las sanciones ilegales mediante la Ley BOLÍVAR busca poner a prueba no solo la capacidad de resiliencia de Venezuela sino también la solidez de las alianzas emergentes que pretenden contrarrestar la hegemonía estadounidense.
Las relaciones estratégicas de Venezuela con el mundo multipolar han venido generando saldos cada vez mayores; ante esta "urgencia" responde la Ley BÓLIVAR, tratando de descarrilar la profundización de dichos vínculos, antes de que sea demasiado tarde.