El 25 de noviembre el presidente electo Donald Trump anunció que Estados Unidos impondrá aranceles a México, Canadá y China hasta detener la "invasión" de drogas y "migrantes ilegales".

"Este arancel permanecerá en vigor hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los migrantes ilegales detengan esta invasión a nuestro país", escribió Trump a través de Truth Social.

Dijo que a partir del 20 de enero de 2025 impondrá un arancel de 25% a todas las exportaciones de México y Canadá, y 10% a las de China, si no se cumplen sus demandas.

En esta noticia se destacan las áreas claves de la dinámica que podría signar la relación entre el republicano y América Latina durante su segunda gestión: comercio, migración y seguridad.

Considerando la influencia significativa que Estados Unidos ejerce sobre América Latina, es fundamental examinar las implicaciones que tendría esta primera delimitación de prioridades para la región a menos de un mes de que Trump asuma oficialmente la Casa Blanca.

En este sentido, "México se encuentra en el epicentro de las políticas de Trump", afirma la académica Lisdey Espinoza en un artículo publicado en Modern Diplomacy, siendo el comercio y la migración los temas fundamentales.

La autora señala que la migración ha sido una fuente de discordia, especialmente con las medidas pasadas de Trump como el Título 42 y la política de "Permanecer en México" que han obligado al país vecino a actuar como "zona de amortiguación". 

En el ámbito económico, Espinoza explica que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es crucial para el primero, pero el proteccionismo de Trump genera inquietudes sobre futuras renegociaciones. La dependencia de México de 80% de sus exportaciones hacia EE.UU. resalta la necesidad de diversificar sus relaciones comerciales con Europa y Asia, dice.

En materia de seguridad, la retórica de Donald Trump contra el crimen y el narcotráfico durante su campaña electoral recuerda la agresiva estrategia que implementó en su primer mandato. En esa ocasión se llevó a cabo una campaña de "máxima presión" contra gobiernos de la región considerados "hostiles", especialmente en Venezuela, Cuba y Nicaragua, utilizando estos pretextos para atacarlos con contundencia.

El equipo que se está formando para la nueva administración Trump muestra a figuras que, en su gobierno anterior, promovieron medidas sancionatorias y agendas de confrontación contra estos países, particularmente contra Venezuela.

Asimismo, ejercieron presión durante la administración Biden para adoptar una política más agresiva en la región. Casos como el de Marco Rubio, que será el nuevo secretario de Estado, y Mike Waltz, que ocupará el puesto de asesor de Seguridad Nacional, son los más relevantes en la configuración del equipo de alto nivel del magnate norteamericano.

La reciente aprobación de la Ley BOLIVAR en la Cámara de Representantes ilustra cómo ya se están configurando herramientas que permitirán a Washington ajustar sanciones de manera discrecional, alineándolas con sus intereses estratégicos y necesidades geopolíticas.

Si bien aun es prematuro predecir la intensidad de las potenciales acciones coercitivas, particularmente en el sector petrolero, la posibilidad de una escalada, sustentada en una estrategia similar a la impulsada con el "proyecto Guaidó" en 2019, se sitúa en el radar de prioridades del sector extremista de la oposición venezolana, representado por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

La expectativa triunfalista también crece entre sectores de la extrema derecha en la región, que aguardan un respaldo contundente de la administración Trump en el plano económico. Un ejemplo notable de esta dinámica se observa en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei, el primer gobernante extranjero en viajar a Florida para reunirse con el magnate en su residencia de Mar-a-Lago.

Pero estas anticipaciones también pueden estar sobredimensionadas. Del primer gobierno de Trump se esperó una mayor influencia económica en la región que desplazara las inversiones chinas, pero eso "no se concretó o sus resultados fueron muy escasos", dice el periodista argentino Germán Mangione, director del Observatorio de Actividades de los Capitales Chinos en Argentina y América Latina, en un artículo publicado en Sputnik.

En cambio, sostiene que Washington "se va a concentrar en reducir los déficits comerciales que tiene", lo que podría más bien perjudicar a exportadores argentinos y brasileños que se enfrentan a una competencia directa con productos estadounidenses. 

La rivalidad geopolítica y geoeconómica con Beijing sugiere que la administración Trump podría intentar nuevamente ejercer presión sobre los países latinoamericanos para que adopten una postura definida entre alineamiento o confrontación. Según Mangione, Brasil es uno de los países que podría verse más afectado. 

"La Casa Blanca de Trump buscará 'ejercer una mayor presión para que Brasil limite su asociación con China', algo que, quizás, también puede tener repercusiones en el Mercosur", dice el texto.

Este enfoque podría, paradójicamente, provocar un efecto contrario. Un análisis en Foreign Policy de Oliver Stuenkel, profesor asociado de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Fundação Getulio Vargas (FGV) de São Paulo, Brasil, advierte que el retorno a la retórica de la Doctrina Monroe podría resultar en un mayor acercamiento hacia China.

"Cuanto más agresiva sea la estrategia de Trump hacia América Latina, más rápidamente se puede esperar que los gobiernos contrarresten a Washington fomentando vínculos más estrechos con Beijing", apunta.

El país asiático ha ido consolidando una posición relevante en las economías sudamericanas, así como entre socios comerciales cercanos de Estados Unidos, como México. De acuerdo con un artículo del Global Times, en los primeros diez meses de este año "el comercio bilateral creció 11,7% interanual, hasta alcanzar 652 820 millones de yuanes (90 130 millones de dólares)".

Ante un escenario donde Washington procura restringir las relaciones comerciales de la región con actores que, por su parte, ofrecen asociaciones estratégicas mutuamente beneficiosas, América Latina debería responder a esta situación buscando equilibrar la presión a través del fortalecimiento de mecanismos y plataformas de cooperación con aquellos que, como Beijing, aportan sustento al paradigma de la autonomía estratégica regional.