Si un presidente o político de alto nivel comienza a gesticular en la misma frase los vocablos “Venezuela”, “terrorismo”, “narcotráfico” y “dictadura”, es porque el elefante rosado se pasea en las principales calles de su país. Un truco de prestidigitador ya demasiado manido, pero que vende boletos al por mayor en los principales lobbys de la guerra híbrida en el mundo.

Es el caso de Iván Duque, quien se encuentra de gira en Norteamérica con el objetivo de rendir cuentas y honores a los que mantienen en pie el protectorado estadounidense que aparentemente preside.

Colombia sigue siendo uno de los mayores productores de cocaína a escala global; según el informe 2019 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo parte de las Naciones Unidas, en los países andinos “ha incrementado la producción potencial de cocaína a un récord histórico de casi 2 mil toneladas, según nuestras mediciones”, siendo el mercado colombiano el principal responsable de su fabricación.

La JIFE declara que la mayoría de esta droga se distribuye en los Estados Unidos, uno de los países con mayor consumo de estupefacientes en el mundo. El magnate presidente Trump llamó a capítulo a Duque, a quien exigió reactivar el lucrativo negocio de la aspersión aérea sobre los cultivos ilícitos.

En vista de la humillación internacional que Duque tuvo a bien de tragarse en su visita a Washington, no dudó en contrarrestar el momento semántico con sus referencias a la República Bolivariana y el presidente Nicolás Maduro, cuyo guión no cesó de repetir en torno a los tópicos de “narcodictadura” y la penetración iraní y de Hezbolá en la estructura estatal venezolana ante los representantes de la organización más prominente del lobby israelí en Estados Unidos: el American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

Duque sabe que el lobby israelí opera directamente en Washington como actor de cabildeo en las ramas ejecutiva y legislativa, tiene poder de influencia en el discurso mediático y la opinión pública estadounidense y, en el caso específico del AIPAC, posiciona a comités y donantes capaces de influir en los pasillos del Departamento de Estado y la Casa Blanca. Hezbolá, siendo uno de los principales objetivos militares y económicos de Israel, no podía pasar por alto en el verbo del presidente colombiano en relación a Venezuela.

¿Por qué Duque insiste tanto en señalar anatemas, en un contexto de ofensiva retórica y política sobre la República Bolivariana?

Con el paracaídas roto

Parece una obviedad, sin embargo los números recalcan la baja popularidad creciente del presidente colombiano ante la sociedad que representa. La encuestadora Gallup publicó recientemente que solo 2 de cada 10 colombianos aprueban hoy la gestión de Duque, el indicador más bajo en lo que lleva de gobierno. El 71% desaprueba lo que ha hecho, deshecho o ha dejado de hacer.

Las continuas manifestaciones sociales y los paros laborales de maestros son el reciente reflejo del descontento generalizado sobre el uribismo. Pero hay más. Las nulas garantías de seguridad para profesionales de distinto tipo y activistas sociales y de derechos humanos se compaginan con los escándalos que rodean a su gobierno y el partido Centro Democrático.

Richard Maok, ex funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de Colombia, hoy asilado en Canadá, reveló en enero pasado que Álvaro Uribe Vélez dio luz verde durante su presidencia a Joaquín “El Chapo” Guzmán para transportar unos 10 mil kilos de cocaína de Colombia a México a través del aeropuerto internacional de El Dorado, en Bogotá, en un periodo de dos años. El famoso narcotraficante mexicano habría utilizado una aerolínea hoy extinta llamada Air Cargo Lines.

No sería la primera vez que Uribe, padrino político de Duque, fue acusado de tener conexiones con el narcotráfico internacional. En un reporte desclasificado de 1991, de la U.S. Defense Intelligence Agency, se evidencia el vínculo entre el ahora senador colombiano (mientras era gobernador del departamento de Antioquia) y el Cartel de Medellín de Pablo Escobar.

El fantasma del narcotráfico es uno del que Uribe no se ha podido deslastrar, y del que los políticos y medios colombianos más cándidos a su persona ya no pueden seguir ocultando.

Por otro lado, a inicios de febrero pasado, se descubrieron tres laboratorios de producción de cocaína en la finca del embajador de la administración Duque en Uruguay, Fernando Sanclemente, ubicada en el municipio Guasca, departamente de Cundinamarca.

De acuerdo a la información de la Fiscalía General de Colombia, en la finca de Guasca se producían cerca de 2 toneladas de cocaína al mes.

A esto se añaden las acusaciones de Aída Merlano, ex congresista colombiana hoy en custodia por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sobre la compra de votos a favor de la candidatura de Iván Duque en las pasadas elecciones presidenciales.

Merlano aseguró que tiene en su poder copias de libros contables, de “licitaciones ficticias”, de “contratos tramposos”, de cartas y cifras anotadas en papeles, de cronología de eventos y otros documentos, que demostrarían al sistema de justicia colombiano que Duque efectivamente compró los votos para su elección como presidente de Colombia. El Consejo Nacional Electoral expresó que comenzará a hacer las investigaciones pertinentes en torno a dichas acusaciones.

Luego de las declaraciones de Merlano en Caracas, surgieron nuevas evidencias de la compra de votos a favor de Duque, mediante una investigación desarrollada por el periodista Gonzalo Guillén y publicada por La Nueva Prensa. Dice:

Una investigación de la Fiscalía General de Colombia, abierta para esclarecer un homicidio en Barranquilla atribuido al extinto narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias ‘Ñeñe’, captó circunstancialmente conversaciones de este en las que dice a sus interlocutores ser el eje de una operación de compra de votos en la Costa Norte para el hoy presidente, Iván Duque, por orden del ex presidente y senador Álvaro Uribe.

En las conversaciones, “Ñeñe” se involucra en la compra de votos a favor de Duque, para lo cual se habría contado con mil millones de pesos. Conecta en dicha actividad al propio presidente y a Uribe, mencionándolos como las personas que indicaron realizar dichas acciones.

Las escuchas fueron captadasen el marco de una investigación penal abierta contra Hernández Aponte por su supuesta participación en un asesinato en Barranquilla, fechada en 2018, en plena carrera electoral de Duque.

Alias “Ñeñe” fue asesinado en Uberaba, estado de Minas Gerais en Brasil, en mayo de 2019, hecho que lamentó el propio Uribe vía Twitter (publicación borrada, pero queda la captura).

El propio “Ñeñe” ha sido investigado por narcotráfico, lo que da para unir los puntos que derivan en una mafia política involucrada en el negocio de la cocaína y el paramilitarismo, si tenemos en cuenta asimismo las vinculaciones del “amigo” de Duque, Juan Guaidó, con la banda criminal Los Rastrojos (cuyos laboratorios de producción de cocaína en Venezuela son desmantelados sistemáticamente por los cuerpos de seguridad locales), cuyos miembros fronterizos escoltaron al diputado autoproclamado presidente de Venezuela hacia tierra colombiana en febrero de 2019.

Poco más se puede añadir ante tanta información, salvo que mientras el uribismo intenta plantar nuevos falsos positivos en la arena internacional contra la República Bolivariana, la presión social, mediática y judicial en Colombia arrincona a Duque y Uribe, que ven cómo sus figuras políticas son arrastradas por la gravedad en caída libre y sin paracaídas.

Tal vez Washington pueda salvarlos de las consecuencias, aunque parece ya demasiado tarde.