El ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos sugiere la posibilidad de que su equipo de gobierno, en el que destaca Marco Rubio como Secretario de Estado, implemente una reedición de la "máxima presión" contra Venezuela y su economía. Dicha política todavía está por definirse. 

En algunas oportunidades Trump cuestionó que la administración Biden flexibilizara algunas medidas de presión contra Venezuela, debido a la dependencia que mantiene con el crudo de este país. Además agregó que en 2020, al dejar el cargo, Venezuela "estaba lista para colapsar, nos habríamos apoderado de ella. Habríamos tomado todo su petróleo, que tenemos justo al lado".

El hoy presidente electo cuestionó en junio de 2023 que el gobierno de Biden "comprara el petróleo a Venezuela", porque "hace muy rico a un dictador". 

En su campaña el mandatario se abstuvo de comentar qué aproximación tendría hacia el gobierno venezolano o si habría algún cambio de política en su regreso a la Casa Blanca. Tampoco se ha referido a acciones concretas sobre Venezuela luego de su reelección.

Sin embargo, es oportuno considerar los escenarios de un relanzamiento de la "máxima presión" y cómo la economía venezolana podría asimilar estas medidas.

LA COMPOSICIÓN ACTUAL DE LA ECONOMÍA VENEZOLANA

El severo impacto que tuvieron las medidas emitidas por Washington en el ciclo 2017-2020, especialmente al bloquear las actividades petroleras de Venezuela, fue significativamente amplificado por la alta dependencia de la economía de las divisas generadas por exportaciones de crudo, también por el control cambiario y por la dependencia del sector privado al flujo de la renta petrolera. 

En el marco del sistema cambiario anterior a 2019, prácticamente 100% de las divisas era otorgado por el sector público en el marco del control cambiario. Esta ecuación se ha modificado.

En octubre de este año la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, indicó que el sistema cambiario se sustenta sobre el 33% de los aportes en divisas que suministra el Estado y en el 77% ofrecido de múltiples formas por el sector privado.

Para los años correspondientes al ciclo 2017-2020 Venezuela no contaba con un sistema de intercambio de divisas, abierto y flotante, tal como hoy existe. Este se alimenta de mecanismos como las colocaciones del Banco Central de Venezuela (BCV), mesas de cambio y decenas de miles de operaciones al menudeo que se realizan al día entre particulares.

Si bien la aplicación de nuevas medidas coercitivas contra Venezuela seguramente generará afectaciones significativas, también es muy probable que estas no tengan impactos idénticos a los de los años de la "máxima presión".

Durante 2018 y 2019 el Producto Interno Bruto (PIB) del país cayó 25,5% y 30%, respectivamente. Pero esto fue expresión de un golpe severo a la economía debido a sus debilidades estructurales de dependencia a la renta petrolera.

El impacto de nuevas medidas de guerra económica ocurriría en un contexto donde la incidencia del Estado es mucho menor en el sistema cambiario. Vale la pena considerar la relación que este tiene en el valor del bolívar frente al dólar y la inflación.

En otro orden de ideas, la economía privada del país también se ha transformado. Sus fuentes de ingreso se han alterado en la medida en que el modelo rentista ha sufrido significativas variaciones.

De acuerdo con datos del BCV, divulgados en la publicación "Venezuela en cifras" de enero de 2023 por el Ministerio de Planificación, en el primer trimestre de 2019 se registró una caída interanual de 56,3% del PIB en el sector Manufacturas.

Entretanto, el sector Comercio y Servicios cayó 39,2% en el mismo periodo, según el BCV, y acorde a la fuente gubernamental que divulgó los datos.

Claramente en estos años se registraron estadísticas catastróficas en tales sectores dado que ambos estaban estrechamente relacionados con los procesos de renta petrolera y con la mediación de divisas por el Estado en el marco del control cambiario.

Hasta septiembre pasado la actividad industrial creció 7,6% comparada con septiembre de 2023, según datos del gremio patronal industrial Conindustria.

La mayoría de la actividad del sector secundario venezolano se concentra en el ámbito de la agroindustria y procesamiento de alimentos. Ello contribuye al logro de la meta del 100% de abastecimiento nacional de alimentos, según ha referido el gobierno nacional.

Por su parte, el sector comercial tendrá un crecimiento este año de entre 2,5% y 3%, según Gustavo Valecillos, presidente de Consecomercio.

El auge de estos sectores no está vinculado absolutamente al presupuesto del Estado, en realidad es resultado de las propias dinámicas surgidas en la política económica de Maduro, una de las cuales es el aumento de los montos autorizados para la actividad crediticia.

En el pasado septiembre los créditos en la banca venezolana presentaron un crecimiento de 103,9% interanual. Este importantísimo impulso a la actividad bancaria permite un mayor flujo de capital circulante para inversiones y para el consumo específico de bienes, lo cual ayuda a explicar el repunte de las actividades industriales y comerciales.

La composición actual de la economía venezolana sugiere que, en un escenario de recrudecimiento del boqueo sobre el país, los impactos podrían ser considerablemente menores si se compara con la etapa 2017-2020.

En 2024 la economía se sostiene sobre otros mecanismos de financiamiento, mientras que la producción nacional depende mucho menos de las divisas generadas por el Estado.

EL PRESUPUESTO DEL ESTADO

La base del presupuesto del Estado antes del ciclo 2017-2020 estaba sustentada muy significativamente en las exportaciones de petróleo, un evidente rasgo de la reproducción del modelo rentista como pilar central de la planificación pública.

Durante todo el año 2020 el Estado venezolano recibió en impuestos el equivalente a unos 1 571 millones de dólares.

Hace poco el presidente reelecto, Nicolás Maduro, resaltó que la recaudación tributaria del país en los primeros ocho meses de este año 2024 se incrementó 147% con respecto al 2023, en el mismo lapso.

El gobierno venezolano podría superar la meta de recaudación tributaria equivalente a más de 10 mil millones de dólares.

Estos datos refieren una ponderación menor del petróleo en el presupuesto público en la actualidad, lo que implica un margen de maniobra mayor al que tuvo el gobierno en el ciclo anterior.

Sin embargo, el petróleo y sus derivados siguen siendo componentes importantes de la base presupuestaria, razón por la cual este punto será explicado a continuación.

EXPORTACIONES PETROLERAS

En el año 2019 se consolidó un desplome muy severo en la producción de crudo desde Venezuela. Ello ocurrió por el cierre del país a los mercados internacionales mediante la pérdida abrupta de toda posibilidad de relacionamiento financiero, prohibiciones directas a la compra de crudo venezolano y sobrecumplimiento de las sanciones ilegales.

Para entonces la producción de crudo alcanzó un piso de hasta 392 mil barriles producidos por día (b/d), según datos de la OPEP correspondientes con fuentes secundarias, tal como fue divulgado por el Ministerio de Planificación de Venezuela.

El crudo es un producto de despacho rápido, ello implica que, sin clientes o destino, la producción debe paralizarse desde los pozos petroleros.

En el presente, la producción de crudo de Venezuela se aproxima al umbral de 1 millón de b/d. Pero la producción ha oscilado entre los 750 y 950 mil b/d en los últimos 3 años, lapso que ha sido de crecimiento.

En el caso de las exportaciones, en octubre de este año alcanzaron su máximo histórico en 4 años al lograr 950 mil b/d.

El eventual recrudecimiento de medidas coercitivas seguramente tendrá un impacto sobre la producción y, por ende, sobre las exportaciones. Pero la incertidumbre radica en qué tanto podría caer la producción, o si cae a un nivel difícil de maniobrar.

En este punto tiene mucho que ver el destino de las exportaciones venezolanas y las capacidades evasivas al bloqueo que han sido desarrolladas por el país en los últimos años.

A inicios de noviembre de este año se reportó que Venezuela se mantuvo por segundo mes consecutivo como el tercer proveedor de crudo de Estados Unidos, con unos 261 mil b/d colocados en ese país. Considerando que Venezuela exporta más de 900 mil b/d, es evidente que su producción no va únicamente hacia Norteamérica. Una parte del volumen va hacia India, donde la empresa Reliance Industries goza de una licencia estadounidense para la compra de crudo venezolano.

Otra parte significativa y mayoritaria de las exportaciones venezolanas de crudo se mantiene en el marco de la evasión al bloqueo mediante ventas discrecionales, cuyo mercado destino es China.

Estos elementos sugieren que, ante la eventualidad de cancelación de licencias por parte de la administración Trump, el nivel de vulnerabilidad de Venezuela en 2024 es menor al que tenía en 2019 en virtud de la colocación de crudo en el mercado "secundario" o evasivo a las sanciones, que ha sido una práctica de otros países bajo presiones similares, como Irán y Rusia.

En 2019 Venezuela tuvo que desarrollar, prácticamente desde cero, un esquema de elusión de sanciones,  desarrollado con mayor énfasis desde que en 2020 fue promulgada la Ley Constitucional Antibloqueo.

En un escenario de reedición de la "máxima presión" Venezuela tendría que hacerse de acuerdos comerciales alternos con aliados como Rusia e Irán para acceder a diluyentes y plataformas de comercialización.

En el posible contexto de una nueva baja en la producción de crudo a causa de sanciones ilegales, la economía venezolana ha demostrado ser resiliente, con una producción de crudo de alrededor de los 700 mil b/d. Con ello se desmiente el señalamiento de que, en las condiciones actuales, Venezuela sería objeto de un "colapso" si se cancelan ciertas licencias.