En múltiples espacios, incluidas las reuniones que, en razón del proceso de diálogo se llevan a cabo en México, el gobierno de la República Bolivariana exigió la liberación, inmediata y plena de Alex Naín Saab Morán. A esto se suma una larga lista de comunicados diplomáticos, así como de dictámenes extranjeros que reclaman su liberación.

Sin embargo, pese a su carácter de diplomático y de las denuncias sobre el incumplimiento del debido proceso, el 16 de octubre de 2021 se hizo público que Saab fue extraditado a los Estados Unidos por el gobierno de Cabo Verde.

La coerción

Cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) analizó en 1995 lo que habían producido las "sanciones" que, mediante los procedimientos debidos, se habían impuesto a Irak, concluyó que lo único que se había logrado es que los niños crecieran menos, se enfermaran más y en general que la población pasase más hambre.

Este horror es un objetivo que se admite como un daño colateral en todo proceso sancionatorio y los estadounidenses, cuando aplican sus medidas coercitivas unilaterales, no solo lo saben sino que lo afirman. Así, por ejemplo, fueron numerosas las declaraciones de voceros de alto rango que, durante el gobierno del magnate Donald Trump, advirtieron que rendirían a Venezuela por el hambre, el desespero, el caos y la miseria que se crearían para presionar al gobierno.

En ese contexto, nacieron en 2016 los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para sortear los estragos de la guerra económica, la especulación y el acaparamiento que imperaban en el país y hacer frente al proceso de caotización, logrando fortalecer la organización popular así como proteger los derechos más amenazados en los eslabones más débiles de la población.

En 2017, se arreció el discurso contra los CLAP, asociado directamente a la figura del empresario Alex Saab por su relación como proveedor de alimentos contratado por el gobierno nacional, acusándolo de la compra de productos con sobreprecios y de mala calidad. Pese a ello y que el tema se convirtió en un asunto frecuentemente atacado por la prensa opositora, el programa siguió adelante, logrando una alta aceptación de todos los sectores que lo vieron concretarse y se beneficiaron.

Su eficiencia fue tal que se convirtió en sí mismo en un objeto atacado hasta por informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en ese momento a cargo del jordano Zeid Ra'ad Al Hussein (quien forma parte de la realeza jordana) que, sin citar fuentes fiables, recalcaban su carácter politizado o que no cubría la totalidad de los requerimientos del derecho a la alimentación, algo que nunca fue el objetivo planteado por este programa. En 2019, llegó a convertirse específicamente como un objetivo en la campaña de presión de Washington contra Caracas.

Según lo narrado por Alex Saab, en una entrevista dada en 2021 a RT, su vinculación con el gobierno de Venezuela inició en 2011 cuando invirtió por primera vez en el país, relación que se mantuvo y se fortaleció cuando en 2015 fue llamado a ser uno de los empresarios que tendrían los contratos relacionados con las cajas de alimentos que entregan los CLAP.

De esta manera se convirtió posteriormente en uno de sus más grandes proveedores en un momento de alta persecución y criminalización de las relaciones comerciales de Venezuela, razón por la cual fue nombrado en abril de 2018 enviado especial del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Seguidamente, el 25 de julio de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó la Orden Ejecutiva 13850 mediante la cual dictó medidas coercitivas unilaterales sobre una lista de individuos y entidades sancionados que incluía a Alex Naín Saab Morán, señalándolo específicamente por sus actividades relacionadas con las importaciones requeridas para los CLAP.

Uno de los argumentos mediáticamente esgrimidos fue denunciar que los CLAP no eran el programa alimentario que todos los venezolanos conocían y que llega, con mayor o menor frecuencia, a las casas sino un "entramado de corrupción" en el que Saab Morán jugaría un rol central.

Textualmente, en 2019, al "sancionarlo" la OFAC citó una declaración del entonces Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien señaló que

"Alex Saab colaboró con allegados del círculo interno de Maduro para gestionar una red de corrupción de gran escala que utilizaron sin piedad para explotar a la población hambrienta en Venezuela. El Departamento del Tesoro está tomando medidas contra quienes se esconden detrás de las sofisticadas maniobras de corrupción de Maduro, así como la red global de sociedades pantalla que lucran con el programa de distribución de alimentos, controlado por las fuerzas militares del exrégimen".

En general, como hemos señalado antes, la coerción sobre gobiernos genera afectaciones sobre la población especialmente sobre sus sectores más vulnerables, como mujeres y niños, al agudizar los desequilibrios en términos de la distribución del ingreso y promover prácticas económicas ilegales y poco éticas, entre otros problemas. Esto, porque restringen la participación económica normal del Estado en el espacio internacional en un mundo globalizado; dicha "libertad comercial" es indispensable para garantizar los derechos.

Ahora, cuando estas incluyen personas determinadas de manera individual, se adhieren varios problemas. El primero es el derecho al honor y a la presunción de inocencia, cuyas bases están establecidas en el corpus de los Derechos Humanos. El cual arrastra otros, como la territorialidad de las normas penales y el derecho a un juicio justo, todos negados en virtud de la penalización adelantada y sin acceso al habeas data de este tipo de medidas.

En septiembre de 2019, el Departamento del Tesoro incluyó en la lista de la OFAC a tres personas y 16 empresas por sus conexiones con Saab y su socio comercial, Álvaro Enrique Pulido Vargas.

La detención

El 12 de junio de 2020, en una escala para repostar un vuelo de Teherán a Caracas, las autoridades de Cabo Verde detuvieron a Alex Saab en un hecho que la defensa estima una extralimitación judicial sin precedentes, pues se aparta de los extremos legales en tanto no había al momento una orden de Interpol en la debida forma, sino que esta fue elaborada a solicitud.

Durante los días siguientes a su detención el asunto adquirió peso mediático y la versión favorable a su extradición se sustentó principalmente en declaraciones de la exfiscal general de la República y prófuga de la justicia venezolana Luisa Ortega Díaz.

Desde ese momento se han sucedido importantes comunicados sobre este tema por parte del gobierno de Nicolás Maduro, cancillerías extranjeras y agencias internacionales.

Son muchas las irregularidades que, como vemos, fueron destacadas por distintas instancias y permanentemente denunciadas por el gobierno venezolano. Entre ellas, la querella repetida sobre que Cabo Verde no reconoce la jurisdicción de la Cedeao a pesar de que forma parte de ese organismo y ha aceptado ser miembro de pleno derecho del Tribunal.

Al mismo tiempo, sobre los presuntos hechos cometidos, los pronunciamientos de otras instancias han señalado que no existen elementos. Así, en marzo de 2021, un portavoz de la fiscalía suiza, donde también se le investigaba, indicó que el empresario está vinculado a 22 cuentas en la Unión de Bancos Suizos (UBS), una de las mayores firmas de gestión de capitales del mundo y que todas fueron allanadas, hechos los procedimientos, y la fiscalía de Ginebra cerró la investigación -sin determinar la comisión de ningún delito- que adelantaba sobre Alex Saab por sospecha de blanqueo de capitales a través de cuentas en paraísos fiscales suizos.

Por su lado, el gobierno de Venezuela mantuvo su cualidad de diplomático e incluso subió su perfil al nombrarlo en diciembre de 2020 como Embajador Plenipotenciario de la Misión de Venezuela ante la Unión Africana, con sede en Etiopía, y, cuando en septiembre de 2021, el jefe de la delegación del gobierno venezolano en el proceso de diálogo que se desarrolla en México, Jorge Rodríguez, informó la decisión de incorporar al diplomático Alex Saab como miembro pleno de la delegación, así como también como delegado pleno ante la Mesa Social que fue aprobada en el acuerdo parcial, en una maniobra de presión política para que se resolviese en los ámbitos de negociación la liberación de Saab.

Los vicios

La defensa de Saab ha denunciado permanentemente que sus derechos humanos no han sido respetados y que en su tramitación se han dado al menos 12 violaciones de normas constitucionales caboverdianas, en un proceso que, de una naturaleza política evidente, busca llevar a otro nivel la coerción sobre Venezuela, así como desalentar a los empresarios que mantienen negocios con el gobierno o que podrían interesarse en sostenerlos.

En un artículo publicado en agosto de 2021, la abogada Laila Tajeldine, quien mediática y jurídicamente ha participado en la defensa de Saab, señalaba:

• Saab fue obligado a bajarse del avión en el que se trasladaba y detenido sin la existencia de una orden de detención o notificación de Código Rojo de Interpol.
• En ese acto se quebrantó adicionalmente la inviolabilidad de la figura del Enviado Especial prevista en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas ratificada por Cabo Verde.
• La prisión preventiva de Saab fue más larga que lo que permite el ordenamiento jurídico de Cabo Verde.
• Al menos en dos ocasiones tuvo que solicitarse dentro del proceso el reenvío de la solicitud de extradición en tanto las recibidas presentaban vicios.
• No existe un acuerdo de extradición entre Cabo Verde y Estados Unidos.
• El Tribunal Supremo de Cabo Verde se aparta de las decisiones del Tribunal de Justicia de la Cedeao, que tiene autoridad para juzgar violaciones de Derechos Humanos y disputas entre Estados africanos.

A la luz de los vicios alrededor del caso, el 16 de octubre se anunció que Cabo Verde había aprobado la extradición de Saab a Estados Unidos. Este hecho fue denunciado por el gobierno de Venezuela como el secuestro de Alex Saab por parte de las autoridades de Estados Unidos bajo la complicidad del gobierno caboverdista.

Ello significa un nuevo registro de las violaciones sistemáticas al Derecho Internacional que rodean el caso con el objetivo político de criminalizar a Venezuela.