El periodista John McEvoy publicó en el medio The Canary los detalles de cómo Guaidó tomó los fondos del Banco Central de Venezuela (BCV) en Estados Unidos para financiar el robo del oro venezolano retenido por el Reino Unido, de acuerdo a una investigación periodística.
A continuación reseñamos las operaciones del sector antichavista apoyado por Estados Unidos con el fin de hacerse de otro tanto de los recursos de la República Bolivariana en el exterior, relatado por el investigador británico miembro de Declassified UK (otros trabajos del mismo grupo reseñados por esta tribuna pueden ser leídos aquí).
Robo al BCV
En mayo de 2020, cuando el gobierno venezolano demandó al Banco de Inglaterra por su negativa a liberar el oro, comenzó una batalla legal que tuvo un quiebre en julio de 2021. La Corte Suprema del Reino Unido celebró un procedimiento relacionado con los aproximadamente 2 mil millones de dólares del metal.
La solicitud de acceso al oro se realiza para responder a la pandemia de covid-19 y comprar alimentos en medio de las dificultades que intensifican las medidas coercitivas unilaterales que ha aplicado Washington contra Venezuela. En febrero de 2021, la experta independiente de la ONU en materia de sanciones, Alena Douhan, instó "a los gobiernos del Reino Unido, Portugal y Estados Unidos y a los bancos correspondientes a que descongelen los activos del Banco Central de Venezuela (BCV) para comprar medicinas, vacunas, alimentos, equipos médicos y otros".
Aunque el máximo tribunal se puso inicialmente del lado del "interinato", posteriormente el Tribunal de Apelación del Reino Unido consideró en octubre de 2020 que el reconocimiento del Reino Unido a Guaidó era "ambiguo, o en todo caso menos que inequívoco". Por lo que el gobierno legítimo encabezado por el presidente Nicolás Maduro ganó la apelación y los cooperadores con la acción de piratería recibieron la orden de pagar 400 mil libras para cubrir los gastos legales del gobierno constitucionalmente electo en 2018.
En noviembre de 2020, el equipo legal del ex diputado Guaidó "recibió una advertencia de la jueza del tribunal comercial, Sara Cockerill, en caso de no cumplir con la orden de pago impuesta por la justicia británica en relación con el litigio por el oro de Venezuela guardado en el Banco de Inglaterra".
Luego, a finales de ese mes, la ex representante de Guaidó en el Reino Unido, Vanessa Neumann, declaró al Financial Times que la oficina de "sanciones" del Tesoro estadounidense OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) "había dilatado tanto la liberación de los fondos congelados a la oposición de Guaidó para los costes legales que la batalla judicial [del Reino Unido] corría el riesgo de perderse".
Irónicamente, el brutal régimen sancionatorio de Washington contra Venezuela parecía dificultar el pago y el ex diputado tuvo que pedir una licencia a la OFAC para poder realizar el pago de los costos legales con semanas de retraso. Se dice que con esos mismos fondos pagaron hasta los honorarios y desembolsos legales de A&P (su asesor legal), calculados por el bufete en más de 3,8 millones de dólares a mediados de julio de 2020.
En realidad lo que sucedía era que Washington mantiene "sanciones" contra quienes cobrarían la multa, por lo cual la junta de Guaidó tuvo que pedir una licencia a la OFAC para realizar el pago con dinero asaltado al BCV en Estados Unidos, congelados en bancos norteamericanos.
¿De dónde salieron los fondos?
Un testigo de la junta "interina" del BCV, es decir, del esquema saqueador que tiene a Guaidó como cabeza visible, declaró a los tribunales del Reino Unido que "los únicos fondos que están bajo el control de la Junta de Guaidó son los que están en cuentas a nombre del BCV en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York en los Estados Unidos".
Añadió que todos los activos del BCV controlados por la "Junta de Guaidó" están en cuentas del BCV ubicadas en Estados Unidos, se trata de los fondos que el gobierno de Trump embargó al gobierno venezolano y que el de Biden mantiene a supuesta disposición de lo que Leopoldo López, Carlos Vecchio y Guaidó determinen.
Como es sabido, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, había permitido al "esquema Guaidó" recibir y controlar bienes del BCV en la Oficina Federal de Nueva York, lo que fue denunciado por el gobierno venezolano como un "vulgar saqueo".
En abril de 2020 la administración Trump transfirió 342 millones de dólares de activos del BCV desde el Citibank a una cuenta en la Reserva Federal en Nueva York. El BCV había incumplido los pagos al Citibank porque no podía acceder a sus reservas en el Banco de Inglaterra y así fue como Trump y Guaidó junto a las oligarquías carroñeras de los tres países crearon un bucle perverso para realizar el asalto.
La junta legítima del BCV, nombrada por autoridades que no están sujetas a planes extranjeros, ha denunciado el uso de sus fondos en Estados Unidos bajo el control del "esquema delictivo Guaidó" para pagar la multa de 400 mil libras esterlinas. Los representantes del "interino" alegan que lo hacen porque pueden y porque la ley de Estados Unidos les permite disponer de los fondos sobre los cuales "la Junta de Maduro no tiene ningún derecho legítimo".
Una espiral amenazadora de corrupción y despojo que apenas empieza
El uso de activos estatales para tales fines sugiere cómo Guaidó podría utilizar las reservas de oro de Venezuela en el Reino Unido en caso de ganar la batalla legal, se trata de cientos de millones de dólares de activos venezolanos saqueados en Estados Unidos que ya han sido utilizados hasta para financiar la construcción del muro fronterizo militarizado de Trump entre México y Estados Unidos, mientras redes mediáticas cartelizadas montan "escenas de dolor" de migrantes venezolanos cruzando el río Bravo.
Uno de los tantos precedentes de la operación de saqueo combinada con intentos de golpe continuado, aunque en un declive dramático, es el caso de Monómeros, la filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) ubicada en Barranquilla, Colombia, que ha sido desmantelada y destruida por los directivos de esta empresa, en actividad conjunta con el presidente colombiano Iván Duque y Guaidó.
Distintos medios venezolanos y colombianos han divulgado el trajín orquestado por Alfredo Chirinos, un testaferro del dirigente del partido venezolano Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup. La operación consistía en la financiación de las organizaciones antichavistas venezolanas y se manejaba desde la extinta Asamblea Nacional con el vínculo de la "Comisión de Energía y Petróleo" conformada por miembros de esos partidos.
Empresarios colombianos y venezolanos poseen material probatorio como audios y grabaciones de reuniones donde entregaron altas sumas a representantes de AD, luego de ser amenazados, maltratados verbalmente y exigírseles una cuantiosa "vacuna" en dólares, de acuerdo a lo que devengaban por nómina o contratos.
Los informes maquillados no pudieron ocultar la inviabilidad financiera de la empresa que reportaba pérdidas hasta por 30 millones de dólares en 2019. Operando con altos costos de producción y con plantas fuera de servicio, el direccionamiento del capital era para "gastos extraordinarios de administración" que implicaban cuantiosas remuneraciones y beneficios a miembros de su junta directiva y comité ejecutivo, disparándose cuatro veces más los egresos.
Si el esfuerzo legal de Guaidó en Inglaterra llegara a tener éxito, la amenaza o el acto de des-reconocimiento de instituciones podría convertirse en un arma letal en el arsenal de la política exterior del Reino Unido, asentando un precedente y sirviendo como justificación para despojar de activos a un Estado extranjero y luego entregar esos activos a individuos aliados con los intereses de la política exterior del Reino Unido, es decir, de Estados Unidos.
Cualquier análisis colapsaría ante el hecho de que un país se abrogue el derecho de retener bienes a otro porque no reconoce a su gobierno, aun cuando este mantenga el control del Estado, para ser entregados a una red de operadores que no tiene el control de ningún aparato del Estado. Esto tendría ramificaciones potencialmente graves y adversas para Londres como lugar seguro para los activos soberanos.
El periodista McEvoy afirma que la congelación de los activos venezolanos forma parte claramente de la campaña de guerra híbrida dirigida por Estados Unidos y el Reino Unido contra Venezuela, una parte crucial de la cual implica la destrucción de la economía del país, como lo reconoció en 2018 Boris Johnson, hoy Primer Ministro británico.
En ese entonces reconoció que las "sanciones" equivalen a un castigo colectivo contra la población civil agregando que "al final las cosas tienen que empeorar antes de mejorar y puede que tengamos que apretar la tuerca económica a Venezuela".
Curiosamente la trama neoliberal que ha buscado reordenar las economías en favor de las élites vocifera sobre la independencia política y administrativa de los bancos centrales. La cuestión del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra es fundamentalmente política, y no puede separarse del esfuerzo dirigido por Estados Unidos para desestabilizar y derrocar al país, no solo a su gobierno sino a la identidad nacional que ha permitido resistir y avanzar en medio de la dificultad.
Citgo: El zarpazo que viene
Una nota de Bloomberg divulgada este jueves 5 de agosto afirma que es probable que Citgo Petroleum Corporation, holding energético propiedad del Estado venezolano que funciona en Estados Unidos, se venda para pagar 7 mil millones de dólares de deuda. Los acreedores están montando desafíos legales para arrebatar el control de la empresa, y parecen estar teniendo éxito, debido a que en octubre próximo expira el decreto de Trump que mantiene a la empresa bajo control de Guaidó.
El medio, que se refiere a la empresa como "refinadora y distribuidora de gas estadounidense con el potencial de aportar cientos de millones de dólares para ayudar a derrocar al presidente Nicolás Maduro", afirma que el mercado parece creer que la empresa acabará en manos no venezolanas por primera vez desde la década de 1980.
Citgo es propietaria de tres refinerías, seis oleoductos y 42 terminales en 21 estados con 3 mil 400 empleados y, a medida que la producción de petróleo de Venezuela caía, la directiva instalada por el "interinato" tuvo que sustituir los crudos pesados que recibía del país por grados similares de México y Colombia, además la entrada de crudo venezolano cayó del 29% en 2015 a cero en 2020.
Atribuyen el descalabro de la empresa a que dos refinerías del Golfo de México se vieron afectadas por los huracanes, una tormenta invernal, el ciberataque al oleoducto de Colonial y la caída de la pandemia. El año pasado registró una pérdida de 667 millones de dólares y sus bonos tienen calificación basura, de ellos recolectaron 1 mil 400 millones de dólares el año pasado.
Se ha convertido en la garantía para cuanta empresa o particular el Estado de Venezuela o PDVSA les debe algo, más cuando se han difundido las actuaciones corruptas de Guaidó y su entorno, que han sido ampliamente tratadas desde esta tribuna.
Destacan dos contratos relacionados con PDVSA: la petrolera ConocoPhillips, que reclama 1 mil 300 millones de dólares por un proceso de nacionalización, y los inversores que tienen 2 mil millones de dólares en bonos de PDVSA impagados, según PDVSA. Estos bonos tienen un interés de garantía del 50,1% en las acciones de Citgo Holding. Crystallex, una empresa minera con sede en Toronto, reclama 1 mil millones de dólares por una mina de oro supuestamente expropiada.
Se estima el valor de Citgo en 7 mil 800 millones de dólares y las reclamaciones en su contra en 7 mil millones, por lo que un juez de Delaware decidirá cómo se venderán las acciones y cómo se dividirán los ingresos, lo que reflotaría a Crystallex, que está echando el resto en perseguir activos venezolanos y espera que un maestro especial presente una orden de venta a un juez.
Dice Bloomberg que en el "esquema Guaidó" hay poco acuerdo sobre cómo proceder. Mientras una parte del cartel saqueador desea vender una refinería en Illinois y tratar de llegar a un acuerdo con los acreedores el "jefe diplomático" de Guaidó, Julio Borges quiere transferir Citgo a un fideicomiso independiente.
La instrumentación del saqueo de activos para ampliar el saqueo de recursos a Venezuela es, sin dudas, un aspecto de la guerra contra Venezuela que mejor muestra qué hay tras el "plan Guaidó", pues no se trata de una operación aislada contra Venezuela sino de un modelo de intervención en el que se inscriben los aliados al entramado corporativo que controla el capital global.