El presidente de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), Jesús María Casal, en una reciente entrevista dijo que la organización va a recurrir al "apoyo de la ciudadanía" para financiar el proceso cuyo fin es definir el candidato de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Eso respondió cuando le preguntaron quién costearía las primarias o de dónde saldría el dinero.

Desde que se constituyó en noviembre de 2022 la organización siempre ha buscado la manera de proyectar equilibrio e imparcialidad para lograr que el proceso tenga legitimidad. Asimismo, la intención era mostrarle al país que la selección del candidato único para enfrentarse al chavismo estaba signada por la transparencia, sin ningún tipo de sesgo que pusiera en duda a la oposición, objetivos válidos si se toma en cuenta que buscan movilizar la mayor cantidad de votantes.

Y para reagrupar el electorado opositor obviamente había que deslindarse de los sectores que de alguna manera estuvieron vinculados con la trama de corrupción del "interinato Guaidó" y todo lo que tuviera que ver con el robo de recursos del Estado por parte de ese grupo.

"En relación con el voto en el exterior, contamos con la ayuda de venezolanos organizados, y estamos haciendo un gran esfuerzo con organismos multilaterales y algunas embajadas en proyectos acotados en objetivo y alcance. Lo que sí está prohibido es recibir dinero de fondos congelados del Estado venezolano; incluso esto ya se aclaró en un comunicado de la Comisión", señaló.

Previamente había dicho que pedirían contribuciones voluntarias de los candidatos para resolver las contingencias que se puedan presentar para la cobertura de costos de este proceso.

La contradicción que se vislumbra en lo dicho por Jesus María Casal es que algunos sectores y líderes políticos de la oposición, relacionados con las primarias, sí están recibiendo recursos provenientes del dinero congelado de Venezuela.

Los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular, que tienen candidatos en la disputa electoral interna de la oposición, están vinculados a la trama de corrupción que sigue desangrando el país, por lo que el dinero aportado por estas organizaciones sí pertenecería al Estado.

Recientemente el presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez, denunció que la oposición en el extranjero, cuya representante es Dinorah Figuera, de Primero Justicia, administra ilegalmente recursos de Venezuela en el exterior para pagar nóminas de los activistas políticos de los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular.

En caso de recibir recursos de estos partidos, quedaría en duda la pulcritud y transparencia que se proclamó cuando se constituyó la CNP, pues estarían circulando bienes mal habidos producto del robo a la nación en el exterior.

Si bien el "interinato" se diluyó simbólica y realmente, muchos se amparan en la figura "legal" de la Asamblea Nacional elegida en 2015 para seguir controlando, al menos, 347 millones de dólares provenientes de las cuentas bancarias venezolanas secuestradas en Estados Unidos.

No cabe duda de que el metabolismo actual de los dirigentes antichavistas depende de los fondos del Estado venezolano retenidos ilegalmente por Estados Unidos, lo que resulta paradójico es que la oposición necesite el dinero de las arcas públicas para promover un cambio de régimen.

En un trabajo publicado anteriormente por esta tribuna se detalla cómo es la dinámica implementada por este sector para seguir engullendo el dinero bloqueado para los venezolanos. El trabajo recoge que la Constitución venezolana señala que "No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado".

"En vista de lo expuesto, ocurre un trasvase de fondos del Estado hacia las agendas particulares de los partidos sumados al G3+1, en particular al financiamiento de las elecciones primarias", se dijo en el artículo mencionado de esta tribuna.

La fachada moral y la transparencia proyectada por la Comisión Nacional de Primaria se ve contrariada por la actuación de los partidos que están en su órbita. Esto sin duda alguna amerita la intervención del CNE, cuya función es controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de las organizaciones con fines políticos.

Sería pertinente profundizar la investigación de la financiación de los partidos opositores de acuerdo con la Ley Orgánica de los Procesos Electorales, que establece la Comisión de Participación y Financiamiento del CNE como el ente regulador de las organizaciones políticas referentes a sus finanzas y finalidades.

En el caso de que efectivamente se encuentre el uso de dinero público robado al Estado desde el exterior, podría determinarse la activación de los artículos pertinentes de la Ley de Extinción de Dominio para el aprovechamiento de esos recursos en beneficio de la sociedad venezolana, como está prescrito por la legislación nacional. Así que reiteramos la pregunta: ¿De dónde proviene el financiamiento de las primarias de la Plataforma Unitaria?