El gobierno de Donald Trump ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares “por información que lleve a la detención o enjuiciamiento” de Maikel Moreno, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la República Bolivariana de Venezuela.
Se trata de un nuevo capítulo de la guerra multidimensional de Estados Unidos contra Venezuela, en específico de la judicialización y persecución jurídica-policial de carácter imperial, que plantea un escenario de tercerización por parte de Washington para lograr sus objetivos de abatir al gobierno de Nicolás Maduro, entre otras tácticas.
En su cuenta Twitter, el secretario de Estado Mike Pompeo escribió que Moreno “usó su posición de autoridad para ganancia personal, aceptó sobornos para influir en los resultados de algunos casos criminales en Venezuela. Con el anuncio de hoy estamos enviando un mensaje claro: Estados Unidos está en contra de la corrupción”.
El anuncio de la recompensa también menciona a la esposa del presidente del TSJ, Debora Sacha Menicucci Anzola, como parte de la recompensa millonaria.
Las autoridades de Washington alegan que Moreno y su esposa forman parte de redes internacionales de corrupción y crimen organizado, sumando su nombre al de otros altos funcionarios de Venezuela por los que ofrece recompensas de monto similar, entre ellos el propio presidente Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello.
Asimismo el Departamento de Estado dice en el comunicado que durante los últimos años, el presidente del TSJ habría recibido sobornos en metálico o propiedades a cambio de decisiones judiciales.
Moreno ha estado en el ojo del huracán político-mediático que la Administración Trump promueve luego de que el TSJ sentenciara a favor de la peticiones de remover el liderazgo de algunos partidos de oposición y convocar juntas ad hoc, solicitud hecha por grupos de políticos antichavistas de sus respectivos partidos que decidieron participar en las próximas elecciones, siendo cohibidos por los dirigentes históricos de la oposición.
Antes de ejercer la máxima función del TSJ, Moreno había fungido como presidente de la Sala de Casación Penal de la institución judicial venezolana.
Moreno, de 51 años y nacido en El Tigre (estado Anzoátegui), es un abogado egresado en 1995 de la Universidad Santa María, casa de estudios privada donde también obtuvo su doctorado en Derecho Constitucional en el año 2014. Y no es la primera vez que obtiene la atención estadounidense.
Como presidente de la Sala de Casación Penal del TSJ ratificó la condena a Leopoldo López de 13 años, 9 meses y 7 días, luego de que declarara inadmisible el recurso de apelación por parte de la defensa.
Pero antes, en 2004, participó como Juez 34º de Control y Presidente de la Sala Séptima de Apelaciones en la investigación del asesinato del fiscal Danilo Anderson y estuvo encargado de dictar la privativa de libertad al comisario Iván Simonovis, acusado de ser responsable de los hechos policiales en el conocido tiroteo en Puente Llaguno durante aquella tarde del 11 de abril de 2002.
Pero Estados Unidos escaló sobre la figura del presidente del TSJ para convertirlo, sin pruebas y ad hominem, en un fugitivo como si se tratara de un bandido o indio insurrecto del Viejo Oeste en el siglo XIX.
Moreno respondió ante la nueva ofensiva mediante un comunicado en el que
“ratificó su autonomía y la del Poder Judicial, ante cualquier pretensión injerencista que busque amedrentar y desviar el rumbo de la administración de justicia, la cual se rige de forma estricta en los postulados establecidos en la Constitución y leyes nacionales”.
La máxima autoridad judicial del país calificó de “cobardes e infundadas” las acusaciones del gobierno estadounidense, y “reitero que el Poder Judicial venezolano no acepta tutelaje alguno de ningún gobierno extranjero, en nuestro país nos debemos a la Constitución, a las leyes y al pueblo”.
El gobierno de Nicolás Maduro, mediante el canciller Jorge Arreaza, reafirmó su apoyo a Maikel Moreno y su esposa en esta etapa de persecución y golpismo continuado, que apunta directamente a las cabezas de la institucionalidad venezolana con el afán antichavista de producir un cambio de régimen.
Por otro lado, la tercerización del conflicto venezolano por parte del gobierno de Donald Trump alborota el escenario que trajo consigo la fallida “Operación Gedeón” a principios de mayo pasado, en el que un grupo mercenario liderado por la contratista Silvercorp, de Jordan Goudreau, intentó incursionar con poder de fuego en territorio venezolano con el fin de lograr obtener la cabeza del presidente Nicolás Maduro y de los líderes políticos e institucionales del chavismo requeridos por la justicia estadounidense.
La artillería angloimperial contra las instituciones venezolanas continúa, bajo diferentes flancos y métodos, pero siempre con un único objetivo hegemónico: socavar las bases fundamentales de la República Bolivariana de Venezuela, de cuya cadena protectora el poder judicial es un eslabón elemental.