Cuando la administración de Donald Trump asumió el cambio de régimen en Venezuela como una prioridad de la política exterior estadounidense, produjo una estrategia que, pensó, podía lograr su cometido en tan solo unos meses. La realidad ha vapuleado ese plan, siendo el “proyecto Guaidó” un fracaso mayor para la Casa Blanca y que cobra sus frutos en la actualidad venezolana.
Dicha “estrategia” consistió en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, como mecanismo para presionar al gobierno de Nicolás Maduro y a la población venezolana mediante el robo y congelación de recursos financieros, económicos, comerciales y de bienes en la arena internacional.
Junto a esto se pretendía apalancar la figura de Juan Guaidó como el gobernante oficial de Venezuela por sobre el gobierno actual, bajo una trama narrativa y acrobática que se cae por sí sola ante la Constitución de la República Bolivariana. Todo con el objetivo de usar al “gobierno interino” como una punta de lanza para el secuestro y persecución de activos en el exterior e intentar eliminar un escenario político y de estabilidad donde Estados Unidos se siente más cómodo para maniobrar a su favor.
No es una casualidad que el “proyecto Guaidó” y la política sancionatoria de la Casa Blanca esté siendo criticada no solo por las víctimas de Venezuela sino por otros factores que reclaman un lugar en el centro político estadounidense, en específico desde el Partido Demócrata. Las venideras elecciones presidenciales en el Norte son el escenario ideal para que ciertos sectores del establishment de ese país apunten sus baterías argumentativas contra el magnate presidente Trump.
Los demócratas en el medio
Mientras que la política exterior de Trump sobre Venezuela se ve agotada por las actuales circunstancias, el Partido Demócrata aprovecha la coyuntura para minar todos los argumentos que el Partido Republicano pudiera esgrimir en torno a la estrategia golpista.
Fue muy aclamada la postura discursiva del senador demócrata Chris Murphy ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 4 de agosto, en la que calificó de “negligencia diplomática” la postura práctica del Departamento del Estado y del gobierno republicano.
Durante la audiencia, Murphy hizo una caracterización del “proyecto Guaidó” y lo criticó, al punto de que aceptó que el año pasado Estados Unidos intentó impulsar un golpe militar contra Maduro que resultó en una “debacle” para la estrategia estadounidense.
El senador por Connecticut dejó muy en claro que los designios de Elliot Abrams, John Bolton, Mike Pompeo, Marco Rubio y Donald Trump sobre Venezuela han culminado en un “desastre total”, con el gobierno de Nicolás Maduro aún en pie y con una crisis inducida por el bloqueo y embargo de la economía y finanzas venezolana por parte de Washington.
La semana pasada, Argus Media publicó un borrador del documento oficial sobre las promesas del Partido Demócrata en torno a Venezuela si Joe Biden, el candidato elegido por el establishment del partido, logra derrotar electoralmente a Donald Trump.
Los demócratas prometen “abandonar la política de Venezuela del presidente Donald Trump y centrarse en abordar las necesidades humanitarias del pueblo venezolano”, dice el documento que será presentado en la convención virtual del partido este mes de agosto.
Un aspecto importante del borrador es que no especifica si Estados Unidos, bajo el liderazgo de Biden, “reconsideraría su reconocimiento del reclamo al poder del líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó”, un tópico que no se puede ignorar si tomamos en cuenta que a principios de este año el diputado, ahora ex Voluntad Popular, fue aplaudido por demócratas y republicanos en su visita al Congreso.
Siendo Guaidó un producto fabricado para los fines de la estrategia armada por el Consejo de Seguridad Nacional de Trump, un hipotético reconocimiento demócrata a su figura (de Biden ganar las elecciones) significaría admitir de nuevo la estrategia que están criticando por “desastrosa”.
La pretensión de cambiar la política exterior estadounidense sobre Venezuela por parte de los antagonistas de la actual administración tendría, siempre según lo publicado por Argus Media, una vuelta de tuerca de 360 grados.
“Los demócratas creen que la mejor oportunidad para rescatar la democracia de Venezuela es a través de una presión inteligente y una diplomacia efectiva, no amenazas vacías y belicosas sin ataduras a metas políticas realistas y motivadas por objetivos partidistas nacionales”, dice el documento del partido.
Es probable que, al referirse a “diplomacia efectiva”, un posible gobierno de Biden busque comulgar una presión internacional aún más agravada sobre los mecanismos que han sido activados para aterrizar un escenario político a la crisis institucional que experimenta Venezuela, sea el diálogo mediado por el gobierno de Noruega (y algunos factores de la Unión Europea) o la iniciativa lanzada por Uruguay y México el año pasado.
En un evento del 8 de julio, los demócratas presentaron la “Visión del ex vicepresidente para Venezuela y los venezolanos en los Estados Unidos”, en el que se pudo conocer que los dos únicos temas en los que difieren ambos candidatos presidenciales sobre el destino de los venezolanos son:
- El TPS o estatus de protección temporal. Biden apoya un proyecto de ley para proteger de la deportación a migrantes venezolanos que está siendo bloqueado por Donald Trump.
- El muro fronterizo con México. Biden prometió que su construcción dejaría de ser financiada con los 601 millones de dólares saqueados a Venezuela vía Guaidó.
Otros grupos pujan por el cambio estratégico
Existen otras facciones que, formalmente independientes del establishment bipartidista, tienen interés en que el chavismo deje de gobernar en Venezuela.
Son organizaciones no gubernamentales, fundaciones y tanques de pensamiento radicados en Estados Unidos que mantienen una cobertura constante del conflicto venezolano y proponen otra hoja de ruta diferente a la tomada por la Administración Trump. Siempre con el objetivo de apoyar una “transición democrática”, otro nombre para el cambio de régimen.
El capítulo Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, sus siglas en inglés) cuenta con tres investigadores y analistas que, junto a otros actores que participan en los debates referidos al país como Francisco Rodríguez y Michael Penfold, han posicionado una postura contraria a la estrategia de medidas coercitivas unilaterales.
Aunque son actores relacionados con el campo político, los miembros de WOLA Venezuela no pertenecen a la clase política estadounidense; más bien, el fin de su organización es la de influir en las decisiones del gobierno de Estados Unidos.
En su web, aclara:
“WOLA promueve una solución pacífica y democrática de la crisis, apoya las políticas que abordan las inminentes necesidades humanitarias del pueblo venezolano, y promueve la creación de mayores protecciones para los migrantes y refugiados venezolanos”.
Tanto la propuesta de WOLA como la promesa del Partido Demócrata sobre Venezuela comparten algunos paradigmas discursivos: el tema humanitario y la agenda migratoria, sobre todo en el territorio estadounidense.
Lo que escinde la estrategia de la administración Trump y la “visión” de Biden de WOLA y Francisco Rodríguez es el uso de las “sanciones”, cuya capacidad destructiva sobre la sociedad es ya harto conocida por informes y reportes oficiales ante las Naciones Unidas y otros organismos no gubernamentales.
La institución radicada en Washington plantea, de igual forma, una “transición negociada”, apuntalada por la toma antichavista del “campo democrático”, y que debe ser apoyada por una “diplomacia activa”. Estos son otros puntos que podemos reconocer en el programa demócrata pre-electoral.
De igual forma el Centro Wilson, de la mano de Michael Penfold como “fellow”, mantiene una línea similar, promueve una “salida negociada” del gobierno de Nicolás Maduro, acompañado de una crítica al bloqueo económico-financiero-comercial como política exterior estadounidense.
En entrevista reciente, Penfold, un experto en políticas públicas y planificación estratégica, declara que el “proyecto Guaidó” llega a su término Venezuela adentro con las venideras elecciones parlamentarias, convocadas bajo los acuerdos llegados en la Mesa de Diálogo Nacional.
El también profesor del IESA opina que el diálogo es la opción para destrabar el “problema institucional” en el estado venezolano, y las elecciones deben hacerse, sin embargo la división en la oposición es un punto clave que, a su juicio, provocaría un no reconocimiento de los comicios ante la escena internacional.
Para que dicho diálogo pueda concretarse, acepta Penfold, debe haber una prerrogativa que ha sido enarbolada por el presidente Maduro: el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos. Solo en ese marco, dice, puede darse una “transición”.
Es posible que algunos decisores en Washington tomen nota de algunas sugerencias estratégicas, pero más allá de un cambio de postura, que el Partido Republicano no está dispuesto a admitir por los costos políticos en un contexto electoral, no existe un giro que garantice cierta estabilidad a la República Bolivariana y a su población, puesto que en la mira siempre está el cambio de régimen, bajo una u otra modalidad, aun cuando se celebren elecciones en el marco de la Constitución de la República Bolivariana.
A estas alturas, un viraje de la política exterior estadounidense solo es posible con un cambio de administración en la Casa Blanca, sin embargo los demócratas no conceden diversos matices a la estrategia venezolana, más allá de llamar a una “diplomacia” gringa que, es cierto, a la luz de las leyes internacionales carece de representación coherente con Mike “Robamos, Engañamos, Mentimos” Pompeo al frente, en un callejón sin salida.
Pero las venezolanas y los venezolanos no podemos llamarnos a engaño.