No es la primera vez que el antichavismo monta una "consulta popular" frente a una convocatoria de elecciones legales en Venezuela. Recordamos ese proceso de 2017, cuando una facción de la oposición se afilió nuevamente a la violencia extrema a través de una revolución de color (o golpe blando) en todos los frentes, para desestabilizar al país y crear conmoción política y económica.
Ante esto, el presidente Nicolás Maduro respondió haciendo un llamado a conformar la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y ¿qué hizo la oposición al chavismo? Así como en 2005, esa vez, decidieron no participar.
A pesar de su negativa, dentro del plan de boicotear esos comicios, se les ocurrió hacer una "consulta popular" como disfraz de apego a la Constitución y a la democracia. La historia se repite este año con algunos matices.
Como bien se conoce, Juan Guaidó es el retrato de la ilegalidad con su autoproclamación en una plaza, el saqueo a los activos del país, nombramiento de cargos institucionales ficticios, y ahora se le suma a su prontuario, el invento de un proceso paralelo a todas luces írrito y sin garantías.
En tal sentido, el problema no es el concepto de consulta popular, sino la forma en la que el antichavismo quiere llevar a cabo su aplicación, ya que orientan adrede ese medio de participación política como un mecanismo que, según ellos, debe anular las elecciones, previstas en la Constitución, de este 6 de diciembre para la Asamblea Nacional, desconociendo las formas constitucionales del Estado venezolano.
Revisión del invento
El finiquito de la Asamblea Nacional este año es indiscutible, así lo establece el artículo 192 de la Constitución, que señala la duración del ejercicio de las funciones de los actuales diputados por 5 años, ni más ni menos. Por supuesto, este artículo es ignorado por completo por el antichavismo.
En el afán por crear condiciones convenientes que sustenten sus parapetos paraestatales, el antichavismo no solo ignora o mancilla a la Constitución, sino que violan sus propias reglas. En la fachada de “Estatuto de Transición” que armaron en enero de 2019, estipulan en el artículo 13 que la actual Asamblea Nacional ejercerá́ sus funciones hasta el 4 de enero de 2021. En la actualidad, ni los grandes medios de comunicación hacen referencia a esto.
En octubre, Guaidó anuncia las dos preguntas de la "consulta popular", siendo la primera pregunta un eufemismo a la continuidad de las medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela, e incluso, a la invasión militar.
La segunda pregunta se enfoca en el rechazo de las elecciones del 6 de diciembre o para cualquier otra fecha. Sin duda, el camino electoral por parte de esta facción del antichavismo es inexistente.
Por si fuera poco, luego de llevarse a cabo las polémicas elecciones de Estados Unidos, se cambiaron las preguntas del desastroso e irregular proceso de Guaidó. Ahora son tres preguntas, planteadas así: una, sobre el ficticio cese de la usurpación; la otra, en rechazo de las elecciones parlamentarias; y la última, en "adelantar" las gestiones para activar la aparente cooperación internacional, alegando que esta sería para "proteger al pueblo" en el marco de la R2P.
Las inconsistencias están presentes tanto en las preguntas como en el proceso per se, porque así como en 2017, la susodicha "consulta" no está sujeta a la rigurosidad del Centro Nacional Electoral (CNE).
En esta ocasión, incluyen la herramienta de voto virtual que inicia el 5 y termina el 12, para luego pasar a la fase presencial y manual.
Resulta evidente el sinfín de irregularidades en este invento; puede participar cualquiera sin estar inscrito en el registro electoral, los supuestos votos se emitirán de manera dudosa a través de una aplicación, también en redes sociales y en una página web.
Respecto a la aplicación, Horacio Medina, miembro del comité organizador de este absurdo, admite la vulnerabilidad del voto virtual. De hecho, comenta que pudieran repetirse votos de manera digital como presencial.
Aunado a esto, repitirían la táctica de destruir las actas y papeletas de votación: Medina afirmó que los "cuadernos electorales" no serán almacenados, sino que luego de su digitalización serán destruidos.
El precedente de la actual consulta es el experimento de 2017. ¿Qué logró la oposición con esa farsa? El fracaso se repite.
Sin embargo, que no nos extrañe la presentación de unas cifras altísimas en la opción de otro "Sí, Sí, Sí". Guaidó necesitará oxígeno político para forzar su desesperada presencia en los planes del manual intervencionista estadounidense para socavar los poderes e instituciones nacionales. Y, ¿por qué no? una raspada de olla final, típico del clan de Guaidó, al dinero saqueado a Venezuela que dispone Estados Unidos.
El instrumento de legitimar este proceso electoral paralelo corresponde a otra pantomima forzada por parte de una facción antipolítica venezolana que desde hace mucho se plegó a la ejecución de mecanismos ilícitos y poco democráticos para quebrar al Estado venezolano en un intento de sacar al chavismo del escenario político con el objetivo, a posteriori, de entregar al país en bandeja de plata a las corporaciones transnacionales ligadas a Washington y Nueva York.
Las fichas del tablero se están moviendo tanto a nivel internacional como local. Existen discrepancias en el seno de la oposición: muchos de los que apoyaban a Guaidó y la estrategia liderada por Voluntad Popular se han apartado, como fue el caso de Vanessa Neumann, la pseudoembajadora del gobierno fake en Reino Unido, que renunció a su cargo artificial alegando que es incierto el futuro liderazgo del diputado autoproclamado presidente.
El voto del 6 de diciembre lanzará al pozo séptico a "la estrategia Guaidó", quedando fuera del negocio político que representó en estos últimos dos años tutelado por la administración estadounidense de Donald Trump.
Por más, el 5 de enero Juan Guaidó junto a la camarilla que lo acompaña serán recordados como los más grandes timadores de la política venezolana de los últimos tiempos, aun sin participar directamente en ella.