Hace pocas horas el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, celebró la 45° Sesión Ordinaria en la que se ratificó y se extendió la presencia y desarrollo de la cooperación y asistencia técnica con Venezuela de la Oficina de la Alta Comisionada que representa Michelle Bachelet, iniciada en 2019.
Esta oficina es la única instancia de la ONU constituida para atender los temas de derechos humanos y, además, actualmente mantiene coordinaciones permanentes con el Estado venezolano para el desenvolvimiento de esta materia.
Tras el sesgado y politizado informe de la Misión “Independiente” de Determinación de Hechos para Venezuela (MDH), promovida por el Grupo de Lima, los operadores de la guerra contra Venezuela buscaban recrudecer las presiones internacionales con la excusa de los derechos humanos, cuyos fines, a corto plazo, consisten en impedir que se realicen los comicios parlamentarios del 6 de diciembre.
Dándole continuidad a esta estrategia el Grupo de Lima envió la solicitud al Consejo de Derechos Humanos para extender el mandato paralelo de la Misión “Independiente”.
En medio de las tensiones geopolíticas actuales, en las que polos imperiales de Occidente están utilizando instrumentos de coerción militares y económicos de una manera cada vez más directa, esta instancia de la ONU se encuentra inmersa en ese difícil escenario, así que, la Oficina presidida por Bachelet y la "Misión" auspiciada por el Grupo de Lima obtuvieron el visto bueno en la sesión del Consejo.
Votaciones y la correlación de fuerzas
La primera resolución que respaldaba la presencia y cooperación de la Oficina de la Alta Comisionada fue presentada por Irán, Siria, Turquía y Venezuela y se aprobó con 14 votos a favor, 26 abstenciones y 7 votos en contra. En cambio, la "Misión" paralela del Grupo de Lima obtuvo 22 votos a favor, 22 abstenciones y 3 votos en contra.
Pero, ¿cuáles son los votos más resaltantes en cada resolución? En la resolución de la Misión “Independiente” votaron a favor países acoplados a la campaña de "máxima presión" de Estados Unidos contra Venezuela, principalmente los miembros del Grupo de Lima, Alemania, Holanda, España y Ucrania.
Diferentes medios y formadores de opinión de la oposición se cartelizaron para abrillantar como inesperado el voto de Argentina a esta resolución, haciendo caso omiso de las grandes limitaciones del país suramericano como la coacción de la deuda y una orientación de su política exterior complaciente con Estados Unidos.
Sin embargo México, siguiendo la Doctrina Estrada, votó a favor de la resolución para la coordinación de trabajo con la Oficina que lleva al frente Bachelet, acompañado por algunos países africanos miembros del Consejo.
En esta votación, se abstuvieron países como Argentina, Alemania y España. Y muy predecible, en desconocimiento a la Oficina de la Alta Comisionada, votaron en contra los países latinoamericanos alineados a Estados Unidos: Brasil, Chile, Perú y Uruguay.
Si bien Venezuela emitió un comunicado reiterando el compromiso con la Oficina de la Alta Comisionada, desconociendo de manera tajante la duplicidad con otros mecanismos, la prórroga para la "Misión" paralela, apéndice del Grupo de Lima, servirá como ariete para torpedear la cooperación y atacar el compromiso del Estado venezolano en materia de derechos humanos.
Además, la extensión de la "Misión" implica continuar con el ensayo frustrado de desplazar la presencia de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la cual se obtuvo en octubre del año pasado con 105 votos.
En este sentido, Venezuela celebra la aprobación de la resolución que respalda el trabajo mancomunado con la Oficina de la Alta Comisionada de los DDHH, que a pesar de reflejar algunas contradicciones con el Estado venezolano, dicha instancia se encuentra dentro del marco constitutivo de la ONU y reconoce a las legítimas autoridades de Venezuela.
Derechos Humanos como arma geopolítica
Ha sido evidente la instrumentalización del discurso sobre los derechos humanos, especialmente por parte de Estados Unidos. Discurso que ha sido nutrido por los grandes medios de comunicación que facilitan su agenda geopolítica para continuar ejerciendo presión sobre algunos países que empujan un modelo alternativo.
Este escenario no es la excepción. Se ha forzado la narrativa de los derechos humanos para impulsar un cambio de gobierno desde estas instancias internacionales. La guerra contra Venezuela se desarrolla en múltiples frentes, tanto por las amenazas bélicas como por la interferencia destructiva impulsada desde espacios diplomáticos. Es decir, la geopolítica abarca tanto la guerra como la diplomacia, los medios por los cuales se organizan las coaliciones entre Estados.
Pedro Baños en su libro El Dominio Mundial explica que la diplomacia coercitiva usa la coacción, aplicando medidas económicas como sanciones, embargos, congelación de activos y expulsión de organismos internacionales. Estas acciones agresivas son altamente perjudiciales para los países no alineados a Estados Unidos.
Históricamente, hay un sinfín de registros de cómo los derechos humanos son utilizados como excusa para intervenir a países contrarios a los intereses de Estados Unidos, empleando a posteriori la justificación de la intervención como una “salvación”.
Reuters publicaba en 2011, meses antes de la intervención militar a Libia, que en ese país africano se extendían las protestas contra Muamar Gadafi y que el reclamo se debía a que los “espontáneos” manifestantes querían el fin de los abusos contra los derechos humanos.
Luego esa agencia de noticias, usando como fuentes a Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Departamento de Estado de EEUU, hacía un recuento breve sobre unas denuncias hechas por ONG, alegando que las fuerzas de seguridad “arrestaron a cientos de libios que se oponían a su gobierno o que las autoridades temían que pudieran oponerse… las manifestaciones estudiantiles fueron reprimidas violentamente. Los opositores políticos fueron arrestados y encarcelados”. Vale recordar la situación de Libia hoy día.
A esto se suma la invasión a Granada en 1983, donde la Asamblea General de la ONU votó en contra de tal acción con 108 votos, teniendo como respuesta por parte de Estados Unidos que esa acción colectiva era necesaria para restaurar la democracia. Y para rematar la justificación ante la ONU, el entonces presidente Ronald Reagan expresaba que “no era una invasión sino una misión de rescate”.
¿Suena familiar? Es el mismo esquema usado contra Venezuela. En este caso, la Misión “Independiente” asume la tarea de centralizar la revisión de los casos de violación de derechos humanos en Venezuela con un informe marcado por grandísimas fallas en el uso adrede de las fuentes.
Las administraciones de Estados Unidos desprecian el número creciente de instituciones y normas multilaterales, sin embargo, se involucran en los diferentes tableros internacionales para avanzar en sus objetivos.
Actualmente, Venezuela permanece en un constante pulseo geopolítico para evitar el quiebre de su Estado y asegurar la paz en la región.