El conflicto político y social en Perú ha escalado vertiginosamente en los últimos días a raíz de la reciente destitución del presidente Martín Vizcarra por parte del Parlamento. Los factores desencadenantes van más allá de los análisis superficiales sobre corrupción que se han hecho del suceso, como destaca el Instituto Samuel Robinson en un reporte sobre el tema:

Inestabilidad y crisis política en la sede del Grupo de Lima

No es nueva la crisis política que azota a Perú. Desde 1985 todos los mandatarios, con la salvedad de Valentín Paniagua, presidente interino entre 2000 y 2001, han enfrentado la justicia. El más reciente es Martín Vizcarra, a quien la Fiscalía abrió una investigación por pagos irregulares presuntamente recibidos cuando este era gobernador del departamento sureño de Moquegua hace varios años.

Vizcarra llegó al poder mediante un proceso de destitución, cuando en 2018 sucedió en el cargo a Pedro Pablo Kuczynski, de quien fue primer vicepresidente.

Datos: El país que lideró la creación y fue sede del "Grupo de Lima", conocido por encausar agresiones diplomáticas y acciones de interferencia ilegal en los asuntos internos de Venezuela, y sobre el cual tuvo mayor protagonismo la Organización de Estados Americanos (OEA), hoy cuenta con un gobierno que no es reconocido por dicho organismo y por varios países de la región.

Luis Almagro afirma en un comunicado que "en este nuevo caso, la Secretaría General de la OEA reitera que compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución".

Human Rights Watch (HRW) también ha considerado que "la forma en que el Congreso de Perú apartó del cargo al presidente Martín Vizcarra el 9 de noviembre de 2020 y las consecuencias inmediatas que ello podría tener para la independencia del Tribunal Constitucional representan una grave amenaza al Estado de derecho en el país".

La clave: Esta confrontación tiene años gestándose, pero no fue sino hasta finales de 2019 que los factores políticos de Perú desecharon todas las opciones de diálogo, aprovecharon que los mandatos de varios magistrados estaban vencidos y la renovación era inminente. Ante este escenario, Vizcarra presentó una moción de confianza contra el proceso de selección de magistrados constitucionales que fue prácticamente ignorado.

El proceso de selección prosiguió, fue nombrado un primer magistrado, y es entonces cuando Vizcarra asume la "negación fáctica" de la confianza, cierra el Parlamento y convoca a elecciones parlamentarias.

Las tensiones entre el Gobierno y el nuevo Parlamento comenzaron a escalar hasta el día en que Vizcarra inició su último año de mandato: según la Constitución, a partir de entonces el Parlamento ya no podía volver a ser cerrado por el presidente. El Congreso no esperó un mes para emprender un nuevo proceso de vacancia. Esta vez las acusaciones eran más graves e incluían declaraciones de testigos que aseguraban haber estado en la entrega de sobornos a Vizcarra cuando todavía era gobernador regional de Moquegua.

Por qué es importante: El daño estructural en la política peruana va más allá de la corrupción. La destitución altera el cronograma electoral, frena los procesos anticorrupción y favorece a los sectores de poder que promovieron la vacancia. Mientras tanto, la población peruana, que en 2021 celebra el bicentenario de su independencia siendo la más golpeada en América Latina por la pandemia, protesta en las calles declarando que no está conforme con el gobierno de Vizcarra pero tampoco con el de Manuel Merino.