El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó el 28 de marzo pasado por medio de su cuenta Twitter la convocatoria a una conferencia internacional sobre Venezuela en Colombia con el objetivo de "construir la hoja de ruta que permita el dialogo político efectivo entre la sociedad y el gobierno venezolano".

A partir del anuncio se desprendieron algunos movimientos políticos y diplomáticos de importancia:

1. La reunión bilateral entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente colombiano Gustavo Petro, la cual se desarrolló al término del X Diálogo de Alto Nivel entre Estados Unidos y Colombia.

2. La confirmación del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, sobre la intención de participar del gobierno de Biden, según lo expresó a EFE.

3. El esclarecimiento del evento tras la intervención del canciller de Colombia, Álvaro Leyva, ante el Consejo de Seguridad de la ONU; quedó pautado para el 25 de abril en Bogotá.

4. El encuentro preparatorio entre el presidente Maduro y el canciller Leyva. El funcionario agregó que para esa conferencia no asistirá el presidente venezolano.

5. La declaración del presidente Petro a periodistas en el contexto de su visita oficial a Estados Unidos sobre el objetivo central de la conferencia: "Que no haya 'sanciones', que haya mucha más democracia. Más democracia, cero 'sanciones', es el objetivo de esta conferencia".

La conferencia en cuestión tiene una carga específica en procurar el levantamiento de "sanciones" estadounidenses y se ha presentado como un espacio de intercambio complementario a los fines de superar el estado de inercia y estancamiento en el cual se encuentra la Mesa de Diálogo Nacional en México, producto de la negativa de Washington a cumplir lo acordado el año pasado.

En noviembre de 2022, después de retomar el proceso de negociación en México, las partes suscribieron un acuerdo que prevé la creación del Fondo para la Protección Social del Pueblo Venezolano a través del que más de 3 mil millones de dólares congelados serían canalizados para ejecutar proyectos importantes que beneficien a las mayorías.

Dag Nylander, director del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos (Noref), informaba tras el acuerdo que se iban a iniciar las gestiones necesarias para obtener los fondos legítimos de la República que se encuentran confiscados en el sistema financiero internacional.

En la práctica la administración estadounidense ha obstaculizado la ejecución de este compromiso y se ha orientado hacia un esquema de administración de licencias de acuerdo con intereses específicos —por ejemplo la concesión a Chevron—, cuyo objetivo es mantener una narrativa de flexibilización mientras la arquitectura general de presión y chantaje económico se mantiene inalterada.  

Mientras tanto, la administración Biden plantea continuar calibrando su política de "sanciones" con la vista puesta en ampliar el acceso al petróleo venezolano por presiones de inventario interno, de empresas estadounidenses que buscan reanudar negocios interrumpidos por la campaña de máxima presión fallida de la era Trump y de igual forma de países afectados. 

Recientemente Caricom, en su Cuadragésima Cuarta Cumbre, volvió a renovar su exigencia de levantamiento de "sanciones" a Venezuela para revitalizar Petrocaribe. Por otro lado los niveles de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos han bajado a los niveles de 1983. En marzo la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, informaba a los senadores estadounidenses que "la recarga de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos puede llevar años".

Además, el caldeado contexto preelectoral en ese país eleva los costos políticos y comiciales de un acercamiento con el presidente Maduro debido a que el Partido Republicano espera utilizar este movimiento para golpear narrativamente a Joe Biden, quien ya confirmó que optaría por la reelección.

En ese sentido, la conferencia tiene para la administración Biden una utilidad como mecanismo de disminución de costos políticos y comiciales, y desde ella pueden viabilizarse movimientos graduales de levantamiento de "sanciones" y fortalecer un canal de comunicación con el presidente Maduro, aprovechando la cobertura del evento internacional y el apoyo conferido a la flexibilización desde países europeos y latinoamericanos a modo de blindaje narrativo, diplomático y electoral.