El nuevo coronavirus avanza en Estados Unidos dejando una estela todavía incuantificable de casos. Al cierre de esta nota, 22 de abril, de acuerdo a un balance que realiza la Universidad Johns Hopkins, el país norteamericano registra más de 825 mil personas contagiadas confirmadas y más de 45 mil muertes a causa de Covid-19, casi la mitad de ellos en el estado de Nueva York.

El gobierno estadounidense, entretanto, está dividido en el proceso de toma de decisiones para enfrentar la pandemia. Los gobernadores de los estados, acorde a sus atribuciones constitucionales, decidieron aplicar medidas de cuarentena luego de la inamovilidad del gobierno federal.

Luego la Oficina Oval creó una comisión que ha recomendado las cuarentenas, pero ha tenido al mismo magnate presidente Donald Trump azuzando la finalización de las mismas para “proteger la economía” en una retórica claramente electoral, endilgando la responsabilidad de los confinamientos a los gobernadores y disputando el poder de decisión de volver a poner al ruedo la economía.

La tragedia estadounidense está lejos de definirse y concluir. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y virólogos chinos afirman que el virus podría volverse estacional, lo cual implica un repunte en septiembre con la entrada del otoño boreal y luego de aflojarse las actuales medidas de distanciamiento social.

En cuestión de algunas semanas, el estado de Florida podría convertirse en la Lombardía estadounidense, con un gran número de asilos geriátricos, con playas abarrotadas en plena pandemia y con casi 25 mil casos confirmados este 20 de abril.

Sin embargo, a hurtadillas en la política estadounidense, se escurre la polémica sobre si la tragedia de Nueva York y del país entero habría podido evitarse si las autoridades hubieran actuado a tiempo para contener el avance de la pandemia de manera anticipada. Las medidas aplicadas en suelo estadounidense fueron indudablemente tardías.

Información privilegiada en manos del gobierno

Según el sitio de periodismo independiente ProPublica, el senador republicano Richard Burr, presidente del Comité de Inteligencia de esa cámara, se deshizo de hasta 1,7 millones de dólares en acciones el 13 de febrero en 33 transacciones separadas. Para esa fecha, Burr ya había tenido acceso a información clasificada sobre el coronavirus y recibía informes diarios de inteligencia sobre el tema.

Una semana después de las ventas de Burr, el mercado de valores comenzó a desplomarse de manera estrepitosa.

Otros medios refieren que al menos otros cuatro senadores también vendieron grandes porciones de sus portafolios de inversión antes de la caída: los republicanos James Inhofe de Oklahoma, Kelly Loeffler de Georgia y Ron Johnson de Wisconsin, así como la senadora demócrata Dianne Feinstein. La senadora Feinstein también forma parte del Comité de Inteligencia.

Por otro lado, es más llamativo el caso de la senadora Kelly Loeffler, quien está casada con el presidente y director general de la Bolsa de Nueva York, Jeffrey Craig Sprecher. El portal de noticias estadounidense, The Newsbreak, reportó que Loeffler, quien es miembro del comité de Salud del Senado, se deshizo apresuradamente de acciones por valor de “siete dígitos” en los días y semanas siguientes a una audiencia a puerta cerrada en el Congreso.

La legislación estadounidense prohíbe hacer transacciones en la Bolsa de Valores basadas en información privilegiada obtenida mediante contactos con el gobierno, la banca o empresas que cotizan en bolsa.

The Daily Beast reportó que Loeffler y su esposo hicieron 29 transacciones en la bolsa después de una reunión el 24 de enero.

Medios corporativos como The New York Times y otros sitios independientes como Democracy Now! refirieron fragmentos de un audio grabado en secreto, donde el senador Burr se dirige a los líderes empresariales y miembros de la elitista sociedad estatal Tar Heel Circle, en un almuerzo en el Capitol Hill Club en Washington el 27 de febrero, cuando solo había 15 casos confirmados de Covid-19 en Estados Unidos.

El senador Burr dice textualmente en el fragmento de audio:

“Hay una cosa que puedo decirles sobre esto: es mucho más agresivo en su transmisión que cualquier cosa que hayamos visto en la historia reciente. Probablemente es más parecido a la pandemia de 1918”.

El traslado de responsabilidades

En Estados Unidos, el hashtag #BurrMustResign (en español: Burr debe renunciar) se convirtió en tendencia en las redes sociales, e incluso el presentador de extrema derecha de Fox News, Tucker Carlson, pidió la renuncia del senador Burr.

Evidentemente, para parte de la comunidad estadounidense el gobierno sí tenía pleno conocimiento del potencial destructivo del virus sobre la sociedad, pero prefirieron ganar tiempo para que allegados al poder político y económico usaran información privilegiada para salvaguardar su patrimonio.

Pero la indignación fue momentánea y sobrepasada por la avalancha de noticias que vinieron desde los medios de comunicación en atención a los estragos del Covid-19 y el descalabro económico que ha seguido.

Entretanto, la Casa Blanca al día de hoy ha traslado las responsabilidades sobre los estragos del virus en Estados Unidos a China, acusando a la nación asiática de “negligencia” e incluso de “orquestar” el infortunio estadounidense.

Las narrativas desde el gobierno estadounidense se han centrado en recrudecer el argumentario estigmatizante contra China, incluso atizando “teorías de la conspiración” sobre el diseño del virus en un laboratorio y la aplicación de una guerra bacteriológica a gran escala.

Dichos señalamientos son claramente congruentes con las propias narrativas que Trump ha implementado desde el auge de su guerra comercial contra China, así como con su estrategia de salvaguardar su capital político en el marco de la crisis y de cara a las elecciones presidenciales de este año.

Trump también ha decidido rescindir el apoyo de su país a la OMS, señalando su “cercanía con China”. En medio de la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años y en la peor que se haya gestionado desde la existencia de dicha Organización, se podría consumar la pérdida de 500 millones de dólares de aporte estadounidense. Otra acción en clara congruencia con las narrativas electorales del mandatario.

De esta manera, y acorde a una dinámica claramente influenciada por las elecciones presidenciales, la Casa Blanca pretende ocultar ante la opinión pública estadounidense la magnitud de un descalabro que pudo haberse evitado y del cual se contaba con información fiable que pudo servir a las autoridades de ese país para tomar acciones oportunamente.