El último reporte del Ministerio de Salud colombiano advierte que la cifra de contagios por el Covid-19 supera los 1 mil 400 casos mientras que las muertes ascienden a 35.

Precariedad sanitaria

Las políticas del gobierno de Iván Duque han sido una mezcla incongruente de medidas que han acelerado la curva de contagios. La aplicación de restricciones a destiempo, la descoordinación en los distintos niveles de la administración pública y un sistema de salud privatizado configuran un cuadro catastrófico para la nación vecina.

A esto se suma el abandono gubernamental a grandes capas de la población que subsisten de la economía informal (un tercio del PIB) sin que la Casa de Nariño les ofrezca una alternativa para alimentarse y cubrir sus gastos mínimos a medida que se expande la pandemia.

Existe un temor generalizado de que la crisis desborde el sistema de salud. El medio La Silla Vacía expuso en un reportaje de investigación que, al menos 12 regiones de Colombia, necesitarían 10 mil 517 camas UCI para atender a los pacientes críticos una vez se alcance el pico de contagios en los próximos días y semanas.

La Silla Vacía se adelanta a realizar proyecciones asumiendo que “varias regiones atenderían la pandemia con una disponibilidad de camas que estaría -en algunos casos- por debajo de la mitad del promedio nacional de UCI por cada 10 mil personas, que es de 1,1, y que en todo caso ya está dos veces por debajo del de Estados Unidos o de Alemania”.

Además, los problemas de descoordinación entre el gobierno central y las administraciones departamentales agudizan el panorama. A la vez que desde las regiones exigen al gobierno central que centralice las compras de materiales, insumos médicos y test de pruebas, el gobierno de Duque autoriza que sean las administraciones quienes asuman estas compras directamente.

Los laboratorios para realizar las pruebas y monitorear la evolución de la pandemia tampoco están al 100%, incluso, agrega el reportaje, “diez de los 15 departamentos (…) tendrán al menos un laboratorio, pero (…) hasta el viernes pasado, cinco no estaban funcionando por falta de reactivos o equipos”.

La crisis golpea a los más pobres

Los impactos económicos de la pandemia comienzan a sentirse con fuerza, evidenciando la inexistencia de una política social que atienda a los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana. La adopción de medidas de aislamiento social sin un plan económico de respaldo que las acompañe tiene como resultado inmediato que muchos colombianos se verán en grandes dificultades para afrontar sus necesidades básicas.

La revista Semana remarca que “en Colombia, el 27% de la población es pobre y otro 39,8 es vulnerable (salió de la pobreza, pero no es clase media). Esto significa que 6,5 millones de hogares están en alto riesgo de caer nuevamente en la pobreza” producto de la cuarentena.

Con una mirada neoliberal, Semana asume que los programas sociales del gobierno colombiano no alcanzan a toda la población pobre del país y que asumir ayudas masivas sería demasiado “costoso”:

“Es claro que los programas sociales llegan hoy solo a la mitad de estos hogares pobres o vulnerables, por lo que subsidiarlos a todos resultaría altamente costoso. Según estimaciones de la Universidad de los Andes, un giro de 117 mil 600 pesos por miembro (equivalente a la línea de pobreza) para todos los hogares del régimen subsidiado representaría un costo de 2,67 billones mensuales (0,3 por ciento del PIB). Por lo que, si se implementa por tres meses, alcanzaría un monto de casi un punto del PIB”.

“De acuerdo con el Dane, en agosto la informalidad laboral alcanzó el 62%, los índices son aún más dramáticos en el campo donde la cifra es del 84%. Es decir, por lo menos 14 millones de personas corren el riesgo de pasar hambre porque no tienen como abastecerse”, afirma Semana en otro reportaje.

El plan económico para gestionar la crisis fue anunciado a mediados de marzo, en un intento por distribuir paños calientes que disminuyen una reacción social agresiva contra el gobierno de Duque. Las medidas anunciadas claramente inclinan la balanza hacia las empresas e industrias del país que contarán con exenciones fiscales y líneas blandas de crédito mientras dure la emergencia sanitaria, lo que coloca como última de las prioridades a la población.

Al momento de lanzar el plan, Iván Duque intentó salvar la cara prometiendo giros extraordinarios de algunos planes asistencialistas, la devolución del IVA a las personas más pobres y el congelamiento de algunas tarifas de los servicios públicos, decisiones que se alejan bastante de un esquema de contención integral de la crisis social que se avecina y que ya ha tenido demostraciones en las calles.

El hambre toma las calles y la guerra continúa

Tal parece que la ineptitud de las políticas empleadas por Duque para atender la pandemia puede reabrir el ciclo de crisis política y manifestaciones sociales iniciado en noviembre del año pasado con la convocatoria de un “Paro Nacional”.

Durante más de dos meses, el presidente colombiano enfrentó el desafío más importante de todo su mandato: por primera vez en mucho tiempo sectores de la izquierda colombiana lograron articular un potente movimiento de masas que nucleara las demandas contra la violación de los Acuerdos de Paz, las masacres contra los líderes sociales y profesionales de la educación, la corrupción sistemática del gobierno y las políticas neoliberales. Las calles se vieron desbordadas y Duque se plegó contra las cuerdas.

Con una sobredosis de represión policial y militar, el presidente colombiano pudo sortear la crisis y disminuir la tensión social generada en las calles. Pero quedó debilitado, y eso lo demuestra que, aunque la crisis del Covid-19 no ha llegado al pico máximo, se reanudan los movimientos de protestas contra su gobierno.

El 26 de marzo, bajo la consigna de “Tenemos hambre”, cientos de colombianos protestaron en la Plaza Bolívar de Bogotá contra el abandono gubernamental y la ausencia de garantías sociales durante la pandemia.

“Tenemos hijos. Tenemos que pagar el arriendo. Entonces, el gobierno dice que hay comida, que en todos los supermercados hay comida y tiendas abiertas, pero no hay plata. No tenemos plata. Ellos no nos van a regalar la comida”, dijo un participante en una manifestación marcada por la asistencia de trabajadores de la economía informal principalmente.

Días antes hubo saqueos y disturbios en distintas zonas de Colombia ante la inexistencia de medidas de apoyo para que millones de familias enfrenten el aislamiento y la cuarentena. A este cuadro de conflictividad se han sumado los trabajadores de salud de Bogotá, quienes encabezaron una protesta para reclamar por “los retrasos en los pagos de sus salarios”.

“Tenemos hambre (…) nuestro deber es ayudar a los demás, pero a nosotros quién nos ayuda, estamos en el anonimato”, afirmó Seidy Franco, auxiliar de enfermería de una clínica en la ciudad de Cartagena durante la protesta, que también reclamaba por insumos y materiales para enfrentar la desbandada de pacientes que está por venir y que también expondrá al personal sanitario ante el contagio.

Por otro lado, la guerra sucia contra los líderes sociales de Colombia no se ha detenido ni siquiera por la interrupción de las actividades que ha impuesto la Covid-19.

Asegura el portal Las2orillas:

“Va a ser ya un mes, el próximo 6 de abril, desde que se identificó el primer caso de coronavirus en el país. Desde entonces han sido asesinados doce campesinos reconocidos y defensores de derechos humanos, así como seis ex combatientes de las Farc que se habían acogido al proceso de paz y estaban en el proceso de reincorporación. Los escuadrones de la muerte siguen actuando sueltos en las regiones especialmente donde la siembra de coca continúa como Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y Putumayo. En la mira siguen estando los líderes que promueven la sustitución voluntaria de cultivos de coca”.

La continuidad en las masacres contra los liderazgos políticos en Colombia confirman que la oligarquía que gobierna Nariño no solo está aprovechando la pandemia para fortalecer sus políticas extractivas y neoliberales, sino que también observa este escenario como una oportunidad para intensificar la represión política y militar, bajo la premisa de que están obteniendo una ventaja política en medio del caos.

El dilema de Duque, xenofobia y el punto de ruptura

Como ya es costumbre, la migración venezolana en Colombia ha sido utilizada como un artefacto político y mediático.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmó:

“Ya pagamos la comida, ya pagamos el nacimiento, ya pagamos el jardín, ya pagamos la escuela, ya damos empleo. Qué pena que lo único que no podemos cubrir es el arriendo. Y para eso pedimos un poquito de ayuda del Gobierno Nacional. Un peso aunque sea, uno. Porque todas estas cosas las pagan los impuestos de los bogotanos sin chistar. Llevamos tres años pagando eso, a 450 mil personas de Venezuela”.

La declaración con tono de xenofobia causó indignación e incendio las redes sociales al instante. López se retractó pero ya era demasiado tarde: el tema Venezuela se volvió a inscribir en el centro del debate público colombiano y socavó la falsa retórica de Iván Duque sobre el supuesto apoyo total a los migrantes venezolanos mediante los millonarios recursos de la “ayuda humanitaria” entregada por la Administración Trump.

Pero Duque también ha recibido golpes a su credibilidad desde otras áreas.

El presidente colombiano se ha cerrado a la cooperación con Venezuela para atender coordinadamente la sensible frontera binacional. También respaldó un plan para asesinar a Maduro al otorgarle cobertura a militares estadounidenses y mercenarios que utilizaron territorio colombiano para armar una incursión armada bajo la dirección del ex general Clíver Alcalá a finales de marzo.

El gobierno venezolano ha respondido a esta escalada en las tensiones de forma astuta, evitando caer en las provocaciones y abriendo vías de comunicación con instituciones colombianas (la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Salud) que socavan la unidad de mando de Duque en pro de sostener el apoyo al golpista Juan Guaidó.

Los dilemas y las contradicciones de Iván Duque frente a Maduro se agudizan a velocidad meteórica. El 5 de abril, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez confirmó que Nariño rechazó la oferta de dos máquinas para realizar pruebas de despistaje al Covid-19 ofrecidas por el Gobierno venezolano hace varios días.

El rechazo a la oferta ha colocado al gobierno colombiano en una posición defensiva y arrogante que obstaculiza la cooperación frente al desafío común de frenar la pandemia.

Pero para Duque las cosas no terminan de empeorar. Recientemente circularon videos y fotografías que mostraban un movimiento militar en Cúcuta relacionado con tropas estadounidenses. Las redes sociales ardieron y el Ejército colombiano negó que se tratara del preludio de un ataque a Venezuela y que militares estadounidenses estuvieran involucrados.

Ante la tensión generada, el Ministerio de Defensa colombiano afirmó que “en ningún momento el Ministro de Defensa, Holmes Trujillo, ha indicado que Colombia esté apoyando una intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano”.

La declaración, sin embargo, llegó tarde. Varios parlamentarios colombianos enviaron una carta al presidente Iván Duque condenando los intentos de promover un conflicto armado con Venezuela por las consecuencias catastróficas que generaría para las poblaciones de ambos países. Duque se granjeó así otro episodio de presión política, perdiendo legitimidad en su política de línea dura contra el país vecino.

Se aísla y a la vez pierde la capacidad de generar consenso para un conflicto armado.

Cada uno de estos hechos son puntos de ruptura y quiebre en la agresiva política de Nariño contra Venezuela. Por un lado, se cuestiona su alianza con la Administración Trump para agredir a Venezuela, y por otro, se rechaza su política no dialogante para tratar la crisis integralmente con Venezuela y además se cuestiona su esquema neoliberal para atender la pandemia.

Los efectos de la Covid-19, a su vez, han generado condiciones para que los venezolanos retornen a su país. Las imágenes de cientos de venezolanos cruzando la frontera para volver a su país desnudan la falsa retórica de apoyo a los migrantes venezolanos y desvela el fracaso de su gestión política en el marco de la crisis del coronavirus.

Nariño parece encerrado en su propio laberinto de arrogancia y dependencia de las directrices estadounidenses. Se ha roto el mito de que Colombia es un horizonte para los venezolanos y, sobre todo, que el gobierno de Duque busque superar el suicido diplomático y político que le impuso Trump.