En Colombia, una decisión unánime de la Corte Suprema deJusticia ha puesto en arresto domiciliario al senador y ex presidente Álvaro Uribe Vélez, siendo este acto un hito en la historia contemporánea de Colombia y un hecho de revuelo internacional.

Uribe, quien tiene más de 200 procesos penales en su contra por una larga lista de delitos, es señalado por actos de soborno y fraude procesal en el caso de “falsos testigos” contra el congresista Iván Cepeda, proceso judicial que le valió a Uribe una declaración ante esta Corte en 2018.

El caso por el cual es procesado

Recordemos que Uribe acusó al senador Iván Cepeda en el año 2012 ante el máximo tribunal de Colombia de crear falsos testimonios en su contra. Esta instancia judicial es la encargada de juzgar a los parlamentarios en el vecino país.

Sin embargo, la Corte no halló elementos contra Cepeda pero sí contra Uribe, quien paradójicamente sí habría fabricado testimonios sobre Cepeda y, además de ello, habría sobornado a ex paramilitares procesados por la justicia (Pablo Hernann Sierra alias “Alberto Guerrero”, Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez alias “Víctor” y Eurídice Cortés alias “Diana”) para protegerse a sí mismo y a su hermano Santiago, otro criminal.

Iván Cepeda, parlamentario por el Polo Democrático, investigaba a Álvaro y Santiago Uribe por los hechos de la Hacienda Guacharacas, en Antioquia, propiedad de ambos hermanos y que sería el epicentro del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, siendo los hermanos Uribe comandantes de este bloque paramilitar, en tiempos de la gobernación de Álvaro Uribe en Antioquia en los años 90.

La Corte llamó a comparecer a Uribe en 2018 por la manipulación de testigos y por ello, vía Twitter, anunció su renuncia al cargo de senador, precisamente para evitar ser procesado por el máximo tribunal encargado de procesar a los parlamentarios.

Sin embargo, dos años después, y con un proceso que parecía administrativamente congelado, la Corte ordena el aseguramiento de Uribe en su domicilio y será procesado en esa condición hasta que tenga lugar una sentencia firme.

Ascenso y legado criminal

El historial de Álvaro Uribe podría considerarse monstruoso. Los genocidios del 11 de junio de 1996 en La Granja y del 22 de octubre de 1997 en El Aro durante su mandato como gobernador de Antioquia y como jefe paramilitar son un punto crítico en la que sería luego una larga carrera en su inserción en la vida política de Colombia hasta los niveles más altos.

El ascenso ocurrió en los cruentos años 90, el auge del paramilitarismo y el narcotráfico y el recrudecimiento de la guerra contra las guerrillas fue el contexto en el que las viejas oligarquías perdían el control del territorio, y de manera ascendente, la facultad del estado colombiano en regir la institucionalidad y el país.

La guerra en Colombia tenía que dar un giro drástico y tal labor quedó delegada en todos los elementos subyacentes en las estructuras criminales construidas en la sombra del narcotráfico. El país profundo estaba en manos de capataces armados tanto paramilitares como guerrilleros, y vendrían luego hombres como el “Matarife”. Hombres con un pie en la institucionalidad y otro en el lodo de la cocaína y la sangre.

Uribe consolidó su ascenso hasta la presidencia de Colombia siendo parte de un nuevo ala del narcoparamilitarismo. Un ala ascendente del poder en Colombia que se deslindaba de las oligarquías familiares de origen y que representa todos los sentidos comunes de los aspirantes y nuevas élites emergentes, construidas por los auspicios del narcotráfico, por el lavado de capitales, por el contrabando e ilícitos fronterizos y por una Colombia que no era tan refinada como las zonas acomodadas de Bogotá.

Lo que fue el paso de Pablo Escobar por la política de Colombia ganando un escaño como Senador, sería perfeccionado por Uribe hasta alcanzar la presidencia e incluso para formar un sector político hecho a medida mediante el partido Centro Democrático.

El uribismo ha alcanzado incluso el sitial de la presidencia nuevamente mediante Iván Duque, pero es el denominador de lo que es una estructura mucho más profunda.

Las formas de cooptación política del narcotráfico tienen presentaciones claramente estructuradas en el metabolismo del estado colombiano y sus poderes.

No es Uribe, no es Duque; es el todo. Es la vieja y la nueva clase. Es la estructura toda.

La pugna tras bastidores y lo que puede desencadenar

Uribe, el hombre de “las chuzadas” (las intercepciones ilegales del DAS), el mismo del asesinato del líder social Jesús María Valle, el hombre de los “falsos positivos” y de la violación sistemática más cruenta de los derechos humanos en Colombia, es un nombre repetido en la historia de su país en los últimos 20 años por ser omnipresente detrás de cada pequeño o gran hecho de sangre y conmoción.

A mediados de los 90, el grupo musical Vasco-Francés Mano Negra grababa en Bogotá el video de la canción “Señor Matanza”, con Manu Chao al frente, refiriendo a un oscuro hombre sin rostro, una estructura criminal oculta y silente.

Para los colombianos en las últimas décadas, ese rostro se hizo visible y con nombre en afiches de campaña electoral, dividiendo a Colombia entre aprobar o criticar sus métodos, pero eso sí, con casi toda la sociedad dándolos como ciertos.

Ello le valió a Uribe enfrentarse no solo contra el Partido Liberal y sus derivados de izquierda, sino también contra el Partido Conservador, donde cosechó alianzas y luego enemigos, entre ellos Juan Manuel Santos.

Una estructura de poder emergente puso en entredicho a la vieja clase y esto se ha conocido en la política de Colombia como una lucha entre élites y una pugna política abierta, que parece una simple disputa entre partidos. Pero es mucho más que eso.

El hecho de que Uribe sea procesado por sobornar testigos para hundir a Cepeda es una gran señal de que la justicia de Colombia, aunque obra bien en este caso, está también a punto de engullir al líder paramilitar por razones que debemos considerar fuera de la escena penal.

Dicho de otra manera: pese a las contundentes pruebas que existen de crímenes de lesa humanidad, asesinatos y vínculos exactos del ex mandatario con factores del narcoparamilitarismo, Uribe es procesado por una leguleyería, que aunque es bastante grave, hace ver la situación idéntica a la de Al Capone siendo juzgado por evasión de impuestos.

Es indispensable entender la unanimidad en la decisión de la Corte Suprema de Colombia como claramente concertada por la élite conservadora, para finalmente dar al traste con Uribe y el poder y sectores que representa.

Vale decir que la manipulación de testigos que habría cometido este ex jefe paramilitar no sería solo para señalar a Cepeda, sino para encubrir su nombre en crímenes de hace más de 20 años, lo cual implica que el resultado de este juicio podría desencadenar nuevos cargos y Uribe podría estar entrando en una espiral judicial.

Tal vez la judicialización de la política (lawfare), fenómeno cada vez más en alza en América Latina, esté haciéndose un gran lugar en Colombia en un proceso de guerra abierta de una narco-elite contra la otra.

Para estos sectores, ya no hay zona de distensión. La institucionalidad judicial, que había servido para delinear que el enfrentamiento estaba solo entre los partidos y medios de comunicación, ha sido ahora empleada instrumentalmente sobre el máximo líder del bando emergente.

En este hito queda al relieve la probable bendición de la DEA y las autoridades estadounidenses sobre los hechos en Colombia. Son los gendarmes de ambos narco-estados, quienes han tenido en Uribe a un vasallo para las operaciones contra Venezuela y la consolidación del andamiaje militar estadounidense en Colombia.

Podrían estar declarando la inutilidad de Uribe y dándole vuelta de hoja. Podrían estar sacándolo del juego para facilitar un reacomodo.

Esta trama no da espacio para ingenuidades. Dicho así, es altamente probable que el uribismo contraataque empleando al ejecutivo bajo su control (gobierno de Iván Duque), pudiendo desatar con ello un episodio de conflicto de poderes que podría dejar a la judicializada política e institucionalidad peruana como unos amateurs, por la magnitud de Colombia, por el tamaño de sus instituciones, e incluso por los ingentes recursos del narco que están en disputa.

Este podría ser un conflicto colosal.

Podría incluso despertar a los no tan viejos pero sí perennes fantasmas de los grandes asesinatos políticos y terrorismo que conmocionaron a ese país en los años 80 y 90, solo que aquellos que fueron en el marco de “la guerra contra el narco” serían reeditados hoy en una “guerra entre narcos y paramilitares”.

Los eventos en Colombia seguirán siendo interesantes por su magnitud y hay que observarlos en una dimensión hecha a la medida. La perplejidad de esta acción contra Uribe no debe entenderse entonces como el fin de un ciclo, sino como la cúspide en esta etapa de la disputa por Colombia, que promete estar llena de contradicciones y encrucijadas.