Hace días algunos portales de noticias informaron que el presidente colombiano Iván Duque fue denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad. Esta delación fue hecha por el senador Iván Cepeda y organizaciones sociales debido a las manifestaciones en el contexto del Paro Nacional que inició el mes pasado y que sigue en curso en Colombia.
Duque se suma a la lista de presidentes denunciados en ese tribunal internacional que pertenecen al caduco Grupo de Lima, ya que la triada de acusados la lideran Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, y Sebastián Piñera, su homólogo de Chile.
Estos hechos se asoman con cautela en la prensa global; caso distinto si se tratara de Venezuela. Desplegamos algunas claves sobre el prontuario de cada uno de estos personajes, conexiones, intereses y qué los trae a esta palestra judicial.
Duque: Violencia made in USA
Iván Duque, pupilo de Álvaro Uribe Vélez y presidente de Colombia, no ha cesado con los ataques, acusaciones y amenazas en contra de Venezuela. Era 2017 cuando Duque impulsó la denuncia, junto a congresistas chilenos y colombianos, en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional por "violaciones al derecho internacional".
La historia es otra: a raíz del proyecto de reforma tributaria, maquillada como "Ley de Solidaridad Sostenible", que golpearía notablemente al pueblo colombiano debido al aumento de impuestos en servicios y otros, la oposición a Duque más los sindicatos convocaron al Paro Nacional el 28 de abril. De esta manera, los acontecimientos se han desarrollado así:
- Las manifestaciones se extendieron a lo largo del territorio, tanto en la capital como en ciudades como Cali, Bucaramanga y Medellín.
- La vicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez visitó la CPI en un intento de calmar las aguas.
- Duque retira la reforma tributaria, dando como opción la voluntad de "consensuar" con todos los actores políticos para una nueva reforma. Pero las manifestaciones continúan la crisis social y sanitaria que vive Colombia en manos de Duque se ha recrudecido desde el inicio de la pandemia.
- Casi al cumplirse una semana de protestas, renuncia Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y promotor de la reforma en cuestión. Luego renuncia la canciller Claudia Blum.
- Nombran a Juan Alberto Londoño para ese cargo y renuncia a los pocos días, quedando Juan Manuel Restrepo como titular.
- El grupo Anonymous hackeó el portal web del Ejército de Colombia, revelando los correos personales y contraseñas de más de 100 funcionarios. Todo esto en rechazo a las violaciones de derechos humanos en las manifestaciones en Colombia.
- Lenín Moreno de Ecuador y Marta Lucía Ramírez acusaron al presidente Maduro de una supuesta "injerencia" en las manifestaciones de Colombia.
Esas eran las piezas que desde afuera se estaban moviendo, pero en el ínterin de las protestas, múltiples hechos de represión y violencia en contra del pueblo colombiano ha sido el pan de cada día.
El 10 de mayo, la Policía Nacional de Colombia, con agentes y civiles infiltrados armados decidieron atacar con disparos a un grupo de indígenas que estaban manifestándose a las afueras de la ciudad colombiana de Cali. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) informó que "persiste el hostigamiento de individuos de civil armados, con el acompañamiento cómplice del ejército, la policía y el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios)".
Asimismo, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) alega que el ataque hecho por "civiles" armados a los manifestantes es una táctica de represión muy propia del paramilitarismo.
Para el 11 de mayo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) publicaba su registro de datos sobre estas protestas y sus lamentables desenlaces:
- A la fecha, en 800 municipio de los 1 mil 122 del territorio colombiano se han llevado a cabo las protestas.
- Estiman que han participado más de 15 millones de personas y según encuestas tienen el respaldo de más de "70% de la población mayor a los 16 años, en todos los sectores sociales y en especial entre los más empobrecidos y en las clases medias".
- La respuesta de Iván Duque ha sido de brutal represión y de estigmatización a la protesta. Entre el 28 de abril y el 10 de mayo, en medio de las movilizaciones han sido asesinadas 47 personas, 39 de ellas por violencia policial y 28 corresponden a asesinatos de jóvenes en Cali.
- La Fiscalía General de la Nación reconoce que hay más de 540 manifestantes desaparecidos.
- Indepaz al 12 de mayo registró 2 mil 110 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública de Colombia. Incluidos 30 víctimas de agresiones oculares y 16 por agresión sexual.
A los días de haberse iniciado las protestas, el portavoz de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, comunicó que el Secretario General de esa instancia multilateral, António Guterres, está "siguiendo la situación en Colombia con gran preocupación, incluyendo la violencia que hemos visto, las violaciones a los derechos humanos reportadas en el contexto de estas protestas".
Falsos positivos, asesinatos de líderes campesinos, nexos con el paramilitarismo y narcotráfico, aspersión de glifosato y consentimiento de presencia militar estadounidense en el territorio colombiano son parte de las características principales en la hoja de vida de Iván Duque.
Esa reforma tributaria, aplaudida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), solo era la guinda del pastel corporativo que Duque lleva tiempo cocinando, pues su formación y conexiones con el lobby económico estadounidense lleva años.
En diciembre de 2020, Duque expresó al Comité Judío Estadounidense (AJC) que "Colombia es el aliado número uno de Israel en América Latina y el Caribe (…) Queremos que Colombia pueda convertirse en el Silicon Valley de América Latina". Colombia firmó recientemente un tratado de libre comercio con Israel y tiene intenciones de abrir próximamente una oficina de innovación en Jerusalén.
A pesar de que los pronunciamientos de rechazo en el sistema internacional han sido comedidos, la postura moderada de Estados Unidos ante esta situación no ha sido sorpresiva: las declaraciones de la Portavoz Adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter, dejó ver el apoyo al gobierno de Duque.
Estados Unidos mantiene fuertes nexos con Colombia. Y las pruebas lo remiten: solo por nombrar alguna, se recuerda cómo en 2007 Chiquita Brands International (antigua United Fruit Company) tuvo que pagar una multa de 25 millones de dólares por hacer negocios con paramilitares en Colombia, que según el acuerdo de culpabilidad, dicha empresa estadounidense pagó más de 1,7 millones de dólares a partir de 1997 a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). No obstante la multa no es suficiente para los asesinatos de más de 10 mil personas bajo las finanzas de esa corporación a las AUC.
Cabe recordar que la misma United Fruit Company fue ejecutora de la masacre de las bananeras en 1928 en Colombia, siendo el ominoso desenlace de una huelga de trabajadores, quienes al no retirarse del lugar de protesta el ejército colombiano abrió fuego, asesinando a miles de personas.
Se trae esto a colación con la intención de reafirmar que el modus operandi no ha cambiado, y el financiamiento de grandes corporaciones a grupos irregulares armados tampoco, la oligarquía colombiana continúa con al aval estadounidense para perpetrar abusos en contra del pueblo de Colombia. O mejor dicho, continúan acatando las instrucciones de los jefes estadounidenses.
Estos nexos con Estados Unidos se afianzaron a inicios de este siglo. Así como existió el Plan Marshall como paquete de "ayuda" estadounidense a otras naciones, a Colombia le tocó uno más exclusivo: el Plan Colombia, enfocándose en la asistencia militar que ha brindado a lo largo de todos estos años a Colombia, y más aún, cuando entra Álvaro Uribe Vélez a la escena presidencial.
Solo en 2003, indica Mario Murillo en su libro Colombia y Estados Unidos que el presupuesto estadounidense para operaciones en el extranjero incluía más de 500 millones de dólares para Colombia, de los cuales 70% era para militares y policías. Colombia actualmente cuenta con al menos siete bases militares estadounidenses.
De esta concepción y financiamiento nace Esmad, fuerza de seguridad contrainsurgente de Colombia que ha sido el ejecutor de un sinfín de violaciones a los derechos humanos.
Año tras año esos lazos bélicos se han reforzado. En 2018 escaló y se formalizó el ingreso de Colombia como socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), siendo el primer país suramericano en unirse a esa organización.
Hoy, Duque cuenta con la denuncia actual ante la CPI es por crímenes de lesa humanidad, en medio de un cataclismo político y social consecuencia de su gestión que es ajena al bienestar de la población colombiana.
Bolsonaro: la Amazonía, las transnacionales y la pandemia
Pasó por debajo de la mesa en la esfera mediática que en 2019 se hizo un evento en Nueva York en honor a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, donde iba a ser galardonado como la persona del año. Dicho evento fue organizado por la Cámara de Comercio Brasileño-Estadounidense y aglutinaba a grandes corporaciones, como Delta Air Lines, The Financial Times y Bain & Co., que estaban fungiendo como patrocinadores de esa gala.
En ese contexto, otros entes se negaron a comentar a la prensa si se habían retirado del evento, eso incluía a Bank of America, Merrill Lynch, Morgan Stanley, HSBC, BNP Paribas, Credit Suisse, Citigroup Inc y JPMorgan Chase & Co.
Más tarde, la Cámara de Comercio Brasileño-Estadounidense publicó en su portal web que había elegido a Bolsonaro como su persona del año debido a su "intención de fomentar lazos comerciales y diplomáticos más estrechos entre Brasil y Estados Unidos".
Bolsonaro se vio en la obligación de cancelar su viaje al centro empresarial de Estados Unidos por las protestas de grupos y organizaciones medioambientales que elevaron su rechazo a la destrucción de la Amazonía que condujo y aceleró el presidente brasileño. Sin embargo, lo que importa en ese relato son las evidentes conexiones de Bolsonaro con la élite económica estadounidense.
En una investigación de The Guardian sobre el negocio de deforestación y ganadería en Brasil, se señalan algunas claves que orbitan en la dinámica financiera de recursos del país latinoamericano:
- AgroSB cuenta con amplias hectáreas que devoran la selva tropical en Brasil.
- AgroSB suministra ganado a JBS, que es la empresa de empaquetados de carne más grande del mundo y el mayor proveedor de carne de vacuno, pollo y cuero a nivel mundial, con 350 mil clientes en más de 150 países.
- La investigación indica que AgroSB es un poderoso imperio agrícola propiedad del grupo Opportunity, cofundado por Daniel Dantas, un controvertido empresario que Bloomberg describió como el "chico malo" de las finanzas brasileñas.
- JBS cuenta con el aval de Bolsonaro para deforestar la Amazonía.
Esta es una de las tantas empresas que están impulsando sus negocios e intereses en el oro verde de Brasil. Grandes empresas apoyaron la presidencia de Bolsonaro. Americas Society, el think tank de Wall Street cuyo fundador fue David Rockefeller, publicaba un artículo de Brian Winter, donde la alabanzas al gobierno de Bolsonaro sobrepasaban las líneas de ese portal. Winter afirmaba al Foro Económico Mundial que Paulo Guedes, arquitecto económico de las políticas de Brasil, era "un hombre que parece destinado a cambiar Brasil para mejor. Brillante y disciplinado".
Ante la pandemia Guedes enfatizaba que sus reformas ultraliberales eran la solución, y en eso lo acompañaba el Ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles, que vio la pandemia como una oportunidad para el abandono acelerado de las regulaciones que protegían la Amazonía.
Otra empresa que se suma a la lista pro-Bolsonaro, Cargill Corporation, empresa extranjera más activa en la agroindustria amazónica, desde la campaña presidencial anunció su apoyo al ahora presidente, lo conocían muy bien desde el Congreso. Esta corporación es punta de lanza en la producción de soja en Brasil. Asimismo, Cargill anunció su apoyo explícito a la deforestación en una carta abierta a los productores de soja en Brasil, y su oposición a los proyectos de protección ambiental.
Hasta el Barings Bank aplaudió la victoria de Bolsonaro en las elecciones presidenciales, porque al contar con Sergio Moro y Paulo Guedes en el gabinete aseguraba la fluidez en sus negocios. Barings Bank describía a Brasil como la "nueva frontera" para la economía mundial.
Desde la toma del poder por Michel Temer, en 2016 se viene preparando el terreno para relajar la aplicación de las leyes federales contra la deforestación, además de recortar el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente. El incendio que posteriormente ocurrió solo catalizó el canibalismo corporativo por los recursos de ese espacio amazónico.
Son sumamente codiciados los recursos de la región amazónica, el potencial agrícola y la riqueza mineral es inigualable. Los niveles de acceso a ella para el capital extranjero bajo el gobierno de Bolsonaro, aliado de Wall Street, no tienen comparación.
Actualmente, Bolsonaro no cuenta con una demanda en la CPI, sino con cuatro:
- En 2020, fue denunciado por crímenes contra la humanidad y genocidio, debido a su postura irresponsable sobre la pandemia. Esta denuncia la presentaron organizaciones conformadas por profesionales en el área de salud.
- Tres de las denuncias se relacionan con el papel del mandatario en la crisis de salud causada por el nuevo coronavirus.
- La denuncia restante fue elevada por el líder indígena Raoni Metuktire, defensor de la Amazonía. Fue hecha por los crímenes contra la humanidad y actos que conducen al genocidio de las comunidades indígenas y originarias, además de la destrucción del hábitat en la selva amazónica.
Bolsonaro no solo se enfrenta a la denuncia de la CPI, también el Senado brasileño inició la investigación sobre la ausencia de gestión para controlar el contagio y propagación de Covid-19. A la fecha actual, la crisis sanitaria en Brasil registra más de 400 mil muertes consecuencia de la pandemia, y ni hablar de la variante brasileña que se generó este año.
Piñera: en la encrucijada
Si bien las denuncias ante la CPI y la cercanía a Estados Unidos unen a estos mandatarios, otro factor de unión entre Bolsonaro y Sebastián Piñera es la admiración al dictador Augusto Pinochet.
En 2019, se encendieron las protestas en Chile por consecuencia de un aumento del pasaje en el sistema de transporte público. Ante las protestas que empezaron a desarrollarse, Sebastián Piñera, presidente de Chile, decreta el Estado de Emergencia en la capital al igual que el toque de queda. Esto no detuvo las manifestaciones, que también se repitieron en otras ciudades como Valparaíso, pero fue el 25 de octubre de 2020 cuando en Santiago de Chile se congregaron más de un millón de personas en rechazo de estas nuevas políticas.
Previo a este hecho, ya el pueblo indígena mapuche había denunciado ante la CPI al gobierno chileno por violencia, genocidio y también por los bebés mapuches robados destinados a su adopción por parte de familias extranjeras.
En cuanto a las protestas que se desataron ese año, la policía nacional de Chile, conocidos como los Carabineros, cometieron graves violaciones a los derechos humanos y abusaron en el uso de la fuerza. Semanas después, se logra convocar al proceso para una nueva Constitución a través de un Congreso Constituyente.
En abril de este año, el exjuez español Baltasar Garzón, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), solicitó a la CPI que investigue, acuse e inicie un juicio al presidente chileno, debido a los sucesos que iniciaron en 2019.
El principal argumento, como está escrito en el documento entregado a la CPI, se señala que existen "3 mil 50 causas por violaciones a los derechos humanos que debían ser investigadas por el Ministerio Público". En el expediente entregado, se puntualiza más de 400 personas heridas en los ojos por los Carabineros.
Hace días, en las elecciones de la Convención Constituyente, las fuerzas progresistas lograron un significativo avance, caso contrario para el partido de Piñera que solo obtuvo 38 escaños.
Por otro lado, si algún mandatario viola los derechos humanos y la repercusión mediática es casi nula y la indignación de la administración estadounidense de turno ni se inmuta, hay seguridad que es aliado de Estados Unidos. Piñera no se queda atrás: analistas de JPMorgan y Goldman Sachs estimaban que este político lograría una aceleración en la economía chilena que no ha podido darse.
En definitiva, el apoyo del poder financiero occidental a estos gobiernos en este manjar de recursos llamado América Latina es evidente. Las grandes corporaciones siguen teniendo un espacio en el tablero geopolítico, y más si se trata de los sectores estratégicos. Mientras ese interés se mantenga presente, no importa si realizan una pobre gestión en el manejo de la pandemia, o si asesinan a la población civil que reclama sus derechos, lo importante en este contexto es que cada títere se mueva al son del titiritero.
Próximamente, estos tres países vivirán comicios electorales que pueden cambiar el escenario político actual, sin descartar como núcleo de enfrentamiento la apropiación de los recursos y del aparato político que permite el saqueo y la connivencia estadounidenses.