El pasado viernes 17 de marzo la Corte Penal Internacional (CPI) dictó órdenes de detención contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y la comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, Maria Lvova-Belova, por la presunta evacuación ilegal de niños a territorio ruso.

Al profundizar en los hechos queda claro que la decisión de la CPI es puramente política y busca, como en otras oportunidades, engrosar el expediente que se ha ido forjando para demonizar el Estado ruso y a sus dirigentes. Asimismo intenta proyectar la imagen de que el radio de acción y movilización del Kremlin es cada vez más pequeño.

Detalles a considerar

Cuando se emitió la sentencia el detalle que más se replicó en la prensa plegada a la agenda imperial fue la lista de los más de 120 países donde el presidente Putin podría ser arrestado. Para hacer un resumen el mandatario ruso, en teoría, no podía entrar a ninguno de los países de la Unión Europea, de Sudamérica, así como a México y Canadá. Tampoco puede ingresar a Australia y a Nueva Zelanda, así como en varios países africanos.

Los que se frotan las manos esperando que Putin sea arrestado y juzgado no tomaron en cuenta que la CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), es una entidad judicial independiente que no pertenece, como muchos piensan, a las Naciones Unidas.

Por otra parte, Moscú no es parte del Estatuto de Roma de la CPI y, por lo tanto, no tiene ninguna obligación en virtud del mismo. Curiosamente Estados Unidos, quizá el más ardiente crítico de la CPI, tampoco forma parte de dicha instancia. También hay que considerar que muchos otros países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU no reconocen la jurisdicción del "tribunal".

La detención es imposible en Rusia y las esperanzas están sujetas a que Putin, algún día, visite uno de estos territorios. Como era de esperarse, la UE se plegó a la decisión de la CPI. Sin embargo, Hungría ha bloqueado la declaración conjunta de los Estados europeos sobre la emisión de una orden de detención contra el presidente ruso; empieza a verse que no hay un criterio unificado al respecto.

¿Qué ocurrió?

Los hechos por sí solos desmontan el engaño que la CPI intenta promover entre la opinión pública internacional. A continuación se resume lo que ocurrió con los niños que supuestamente fueron sustraídos de las zonas donde se desarrolla el conflicto.

La mayoría de los niños evacuados llegó a la Federación Rusa con sus familias, acompañados de sus padres, tutores y curadores. Fueron alojados en centros de acogida temporal, encontraron cobijo en casa de familiares o, si fue posible, en viviendas de alquiler.

• Entre los evacuados había también alumnos de internados nacionales para huérfanos y niños privados del cuidado de sus padres —unas 2 mil personas en total—, cuyos representantes legales eran los directores o el personal de esas instituciones.
• En lo que respecta a los niños evacuados que viven en internados nacionales para huérfanos y niños privados del cuidado de sus padres, y de conformidad con el principio del interés superior del niño, el Presidente de la Federación Rusa dio instrucciones para la eliminación inmediata de los obstáculos jurídicos a la colocación de esos niños bajo el cuidado de una familia, preferiblemente bajo la tutela o curatela anticipada de ciudadanos rusos.
• Hasta la fecha, 380 niños —288 y 92 de Donetsk y Lugansk, respectivamente— han sido puestos bajo la custodia de ciudadanos rusos.
• Según información de la Central de Coordinación Interdepartamental para la Respuesta Humanitaria de la Federación Rusa, hasta el 27 de febrero de 2023 4 millones 568 mil 032 personas han sido evacuadas de las regiones peligrosas de Ucrania y de las nuevas regiones, incluidos 689 mil 842 niños, a Rusia.
• Básicamente, la CPI está juzgando al Estado y presidente ruso por salvar a la población infantil rusoparlante que ha estado bajo bombardeos por parte de Ucrania y sus aliados desde hace más de ocho años. Hay que resaltar que, más allá del reclamo territorial, es una población que ha sido considerada como enemiga de Kiev.

El doble rasero de "la corte" queda expuesto cuando ni por asomo señala a los niños que han muerto bajo los bombardeos ucranianos. Mucho menos se pronunció por el descubrimiento de centenares de registros médicos con datos sobre órganos infantiles "sanos" en una base del Comité Internacional de la Cruz Roja en Mariúpol, un potencial mercado oculto durante la guerra.

El olor del dinero

Todo parece indicar que, en parte, se trata de un asunto de dinero. Tras la decisión de la corte su fiscal general, Karim Khan, pedirá dinero extra "para perseguir los crímenes de guerra rusos en Ucrania".

Vale acotar que el lanzamiento fue hecho durante una conferencia en Londres copatrocinada por el Reino Unido y el gobierno neerlandés con el objetivo de recaudar recursos para financiar el trabajo de investigación de crímenes de guerra de la CPI dentro de Ucrania. El presupuesto de "la corte" no se ha incrementado a pesar de que tiene 40 investigadores trabajando dentro de Ucrania.

Como un dato de color queda el hecho de que Reino Unido aportará 395 mil libras adicionales para financiar la labor de la CPI.

La respuesta rusa

El expresidente ruso Dmitri Medvédev señaló que la orden de detención dictada contra el presidente Putin es señal del "colapso final" del sistema del derecho internacional.

"Al fin y al cabo se trata del colapso de los fundamentos, de los principios del derecho. Incluidos los postulados sobre la inevitabilidad de la responsabilidad. Ahora nadie acudirá a ningún organismo internacional, todos [los países] se pondrán de acuerdo entre sí", dijo Medvédev.

En respuesta a la decisión intencionadamente ilegal de la CPI, el Comité de Investigación de Rusia abrió un expediente penal a Karim Ahmad Khan y a los jueces Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y Sergio Gerardo Ugalde Godínez.

De conformidad con la Convención sobre la Prevención y la Sanción de los Delitos contra las Personas Internacionalmente Protegidas de 1973, los jefes de Estado gozan de inmunidad absoluta de jurisdicción extranjera.

Por su parte, la justicia rusa argumenta que la denuncia contra el jefe de Estado contiene signos de los delitos tipificados en la parte 2 del artículo 299, en la parte 1 del artículo 30 y en la parte 2 del artículo 360 del Código Penal de Rusia.

La Comisionada para los Derechos del Niño de Rusia, Lvova-Belova, aconseja que 380 niños huérfanos de las cuatro nuevas regiones (Donetsk, Lugansk, Jersón, Zaporozhye) sean adoptados por familias rusas. Por el bienestar de los infantes, la funcionaria enfatiza que se habilitará un proceso si los parientes lejanos se presentan en cualquier lugar de Ucrania y muestran su voluntad y capacidad para criar al niño.