El día de ayer, jueves 23 de febrero, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución dirigida a condenar a Rusia por su Operación Militar Especial (OME) en Ucrania, a pocas horas de cumplirse un año del lanzamiento de la misma a razón de la sistemática desatención de Washington hacia las demandas del presidente Vladímir Putin sobre la amenazante expansión hacia el este de la OTAN y el comportamiento cada vez más beligerante de Kiev en su ofensiva militar contra la población rusa del Dombás, región vinculada geográfica, lingüística y culturalmente con la Federación, que ha sido objeto de bombardeos, persecución y experimentos de apartheid desde 2014.

La resolución en cuestión, que contó con 141 votos a favor, 32 abstenciones y siete en contra, no es vinculante —es decir, no tiene efectos prácticos ni implica obligaciones— y debe verse como un acto simbólico de simulación para proyectar una imagen favorable hacia los esfuerzos de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de escalar el conflicto con Rusia en el ámbito militar, pero también en el económico, financiero y energético.

Entre los países que se mostraron a favor de la resolución hay que destacar el voto afirmativo de Brasil. El gobierno presidido por Lula Da Silva fue el único miembro de los BRICS en apoyarla, acción que fracturó el posicionamiento común de abstención en el bloque multilateral en la votación.

No se trata de un aspecto menor, sobre todo si se tiene en cuenta que el consenso de neutralidad y no alineamiento ha signado la trayectoria de los BRICS en la arena internacional desde que inició la OME rusa hace un año.

Con esta posición, la plataforma ha ejercido un rol de equilibrio dirigido a fomentar el entendimiento entre las partes, manteniendo abierta la ventana de cooperación con Rusia en múltiples planos —negándose a suscribir los paquetes de "sanciones"—, al mismo tiempo que da continuidad a sus relaciones con los países europeos que apoyan abiertamente a Ucrania.

Sin embargo, el voto afirmativo de Brasil a la resolución puede verse como la manifestación de una línea de acción geopolítica más amplia que va tomando forma durante esta primera etapa del gobierno de Lula, según la cual el eje de poder atlántico —Estados Unidos + Europa occidental— va sobresaliendo en cuanto a la jerarquía que le adjudica la política exterior brasileña.

En la declaración conjunta del mandatario brasileño y el presidente estadounidense Joe Biden en el marco de su primera reunión bilateral el pasado 10 de febrero, se advierte que los dos jefes de Estado "deploraron la violación de Rusia de la integridad territorial de Ucrania y la anexión de partes de su territorio como violaciones flagrantes del derecho internacional, y pidieron una paz justa y duradera".

Esta visión uniforme que pone toda la responsabilidad del escalamiento del conflicto en Rusia es, también, una muestra de que el presidente suramericano inclina su balanza de prioridades internacionales hacia los marcos multilaterales de asociación con Estados Unidos —desde el "cambio climático", la "protección de la Amazonía" hasta los "derechos humanos" y la "agenda de género"— en detrimento de un trato cuidadoso que preserve la posición unificada de los BRICS en el contexto de la guerra en Ucrania.

En este sentido, el voto de Brasil puede ser visto como un guiño de Lula hacia Biden, a modo de reconfirmación de las convergencias que se expresaron en su reunión bilateral y que se perfilan a marcar el signo estratégico de la geopolítica brasileña en los años por venir.

No obstante, tratando de cuidar las formas, en vista de que Dilma Rousseff acaba de asumir la presidencia del Banco de los BRICS, Brasil incluyó una enmienda en el proyecto de resolución para incorporar un llamado "al cese de las hostilidades" y "la necesidad de alcanzar cuanto antes una paz general, justa y duradera", con lo cual buscó disminuir el ruido entre los miembros del bloque, pero sin que ello significara diluir del todo la alineación discursiva con el mandatario estadounidense.

Por otro lado, la votación de Brasil ocurre en medio de un nuevo periodo de intenso cabildeo por la ratificación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, una materia pendiente de resolución definitiva desde hace 20 años. Pese a la tensión histórica de las negociaciones, sobre todo alrededor de la industria cárnica en la cual Brasil seguro tendría la ventaja frente a los productores franceses, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, proyectó que para julio de este año podría terminar de definirse el acuerdo.

Sumado a esto, los milmillonarios fondos europeos del Fondo Amazonía, retenidos durante la presidencia de Jair Bolsonaro, han comenzado a descongelarse progresivamente desde enero de este año.

En consecuencia, un Brasil más balanceado hacia Europa y Estados Unidos frente a la cuestión geopolítica más importante de los últimos años: la guerra en Ucrania, representa un impulso adicional para la agenda de Lula en materia comercial, medioambiental y multilateral enfocada en el eje atlántico.

Aunque es evidente que Lula hará gala de elasticidad para mantener una política exterior de múltiples vectores, orientada a un equilibrio pasivo en medio de una transición caótica y complicada de un orden unipolar a un nuevo modelo de relaciones internacionales —multipolar—, sus primeros movimientos reflejan un marco de preferencias asentado más en Occidente que en Eurasia.

La visita del presidente brasileño a China a mediados de marzo, donde se reunirá con el presidente chino Xi Jinping, será una nueva oportunidad para seguir evaluando estas proyecciones.