La privatización es uno de los pilares de la agenda política del presidente electo de Argentina, Javier Milei. Lo ha ratificado en sus recientes declaraciones, en las que afirmó su intención de entregar Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la empresa petrolera más grande del país, y los medios públicos del Estado, al sector privado.

En una entrevista realizada después de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Milei aseguró que "todo lo que pueda estar en manos del sector privado estará en manos del sector privado".

Previamente privatizada, la reestatización de YPF en 2012 fue un momento crucial en el proyecto económico nacionalista impulsado por los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. En ese momento se decidió recuperar el control estatal sobre grandes empresas que habían sido privatizadas.

La aprobación de la Ley 26.741 fue un paso importante en este proceso ya que permitió la expropiación de 51% de la empresa, que estaba en manos de varios actores, incluida la empresa española Repsol.

Ahora que Milei busca iniciar un nuevo ciclo de privatizaciones, es crucial examinar de manera crítica el modelo anterior de privatización de YPF y sus consecuencias. De esta manera, podremos proyectar el panorama que se espera para Argentina en el sector energético y evaluar sus efectos económicos y sociales.

Primera privatización: Cómo y por qué ocurrió

En 1922 nació la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, con Enrique Mosconi puesto al frente. Durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, YPF se expandió como una empresa integrada y se proyectó como un modelo en América Latina. Durante el régimen de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), el Estado controló el sector de hidrocarburos a través de YPF. Sin embargo, el golpe de 1976 llevó a la privatización de empresa, lo que aumentó la participación del sector privado.

"Durante el gobierno de Raúl Alfonsín el endeudamiento se constituyó en la condición de posibilidad del inicio de una política de apertura hacia la participación del sector privado a través del Plan Houston, lanzado en 1985, y la desregulación por medio del Petroplan, que no llegó a implementarse dada la entrega anticipada del bastón presidencial a Carlos Menem", dice una investigación de los autores argentinos Ignacio Sabbatella y Esteban Serrani.

Bajo la política neoliberal implementada por el gobierno de Carlos Menem en 1992, se efectuó la desregulación del sector petrolero argentino. Como parte de esta medida, se vendieron activos de YPF mediante el argumento de una supuesta ineficiencia, el endeudamiento y las pérdidas continuas. También se vendieron yacimientos, refinerías, equipos de perforación, oleoductos y otros activos considerados no estratégicos, y hubo una gran reducción del personal laboral de la empresa: en tan solo seis años pasó de tener 51 mil trabajadores a apenas 5 mil 690.

En 1999 Repsol se convirtió en el nuevo propietario de YPF al adquirir 98,23% de sus acciones, con lo que escaló rápidamente para posicionarse mundialmente como una de las principales petroleras.

Tras la crisis de 2001, la política estatal reguló el mercado de hidrocarburos con retenciones y la creación de Enarsa. El año 2007 trajo consigo un nuevo escenario político en Argentina que propició la entrada del Grupo Petersen en YPF. Este conjunto de empresarios nacionales, liderado por la familia Eskenazi, adquirió inicialmente 14,9% de las acciones de la antes petrolera estatal. En mayo de 2011 incrementaron su participación al hacerse de otro 10%. De esta manera, la composición accionaria de YPF quedó conformada por 58,23% de Repsol, 25,46% del Grupo Petersen y 16,31% en manos de fondos de inversión internacionales.

Los investigadores plantean que la supuesta "argentinización" de YPF era muy cuestionable, argumentaban que la experiencia de las décadas pasadas demostraba que el comportamiento de las empresas petroleras privadas, tanto nacionales como extranjeras, no varía. En lugar de invertir y maximizar las ganancias en territorio argentino, todas las empresas se centran en maximizar sus ganancias y reducir sus inversiones en el país.

Consecuencias de entregar el patrimonio argentino

Después de la privatización de la petrolera estatal, los problemas principales que supuestamente se buscaban resolver no se solucionaron. La producción y las reservas de petróleo no aumentaron y no hubo suficientes inversiones en la exploración de nuevos yacimientos. El aumento en la extracción de petróleo se hizo a expensas de las reservas existentes, que en su mayoría habían sido descubiertas cuando la empresa era estatal.

Con excedentes de hidrocarburos que superaban la demanda del país y sin regulaciones o restricciones impuestas por el gobierno, las principales compañías privadas se beneficiaron exportando petróleo sin agregarle valor. Después de la devaluación en 2002, exportar crudo se volvió menos atractivo, por lo que las exportaciones se centraron en productos refinados.

La privatización también condujo a una disminución en la inversión de riesgo por parte de las empresas privadas, lo que resultó en una reducción en las reservas de petróleo y en la relación entre extracción y reservas. Esto, junto con el aumento del consumo interno y las exportaciones de combustibles, llevó a que el país tuviera que depender de importaciones en muchos años, lo que causó crisis de abastecimiento y aumentos en los precios de los combustibles desde 2005.

En cuanto al gas, la transferencia de la explotación al sector privado tuvo consecuencias significativas en la disponibilidad de reservas. La apertura a las exportaciones, combinada con una disminución constante en la exploración, resultó en una caída drástica de las reservas comprobadas a lo largo del tiempo.

La implementación de políticas neoliberales en el sector energético tuvo como resultado una transformación que benefició a unas pocas empresas, entre ellas Repsol, Pan American Energy, Chevron y Petrobras. Estas compañías lograron un dominio total en la extracción de petróleo y gas, así como en la capacidad de refinación.

A pesar de las promesas de competencia, desregulación y privatización que se esperaban con la privatización de YPF, lo que ocurrió fue la consolidación de un excesivo oligopolio.

¿Qué esperar del nuevo ciclo neoliberal que inaugura Milei?

Resulta sumamente llamativo que Javier Milei, quien afirma tener intenciones de privatización, cuente con un equipo de asesores que han estado involucrados en la gestión de Carlos Menem durante la década de 1990, época cuando se desarrollaron políticas neoliberales que debilitaron el papel del Estado y permitieron la privatización de importantes empresas estatales, lo cual llevó al desenlace de la crisis política, social y económica de 2001.

Uno de estos consejeros destacados es Darío Epstein, quien ocupó el cargo de director de la Comisión Nacional de Valores entre 1992 y 1994, durante la primera etapa del gobierno de Menem, en cuya gestión estuvo involucrado en diversas privatizaciones, incluida la de YPF.

Además, Carlos Rodríguez y Roque Fernández también forman parte del equipo de asesores de Milei. Rodríguez fue jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía, y también ejerció como secretario de Política Económica durante los años 1996 y 1998. Por su parte, Fernández ocupó el cargo de presidente del Banco Central entre 1991 y 1996, y más tarde se convirtió en ministro de Economía de Menem. Ambos son considerados para formar parte del Consejo de Asesores Económicos de la Presidencia de la Nación durante el gobierno de Milei.

Analizando el pasado de la historia argentina, es posible prever las consecuencias que tendrá la privatización de YPF una vez que se implemente:

• Privatizar implica la pérdida de control estatal sobre la empresa, pero también de decisiones estratégicas en el sector petrolero internacional, lo que afecta el desarrollo económico y energético del país.
• En el contexto actual, cuando la crisis energética ha unido los países productores de petróleo en políticas para proteger el mercado energético internacional —por ejemplo, a través de la OPEP+—, esta decisión hace ver que el nuevo gobierno argentino no formará parte de esas discusiones.
• La priorización de las ganancias por parte de las empresas privadas colocará en primer lugar las exportaciones, lo que aumentará la dependencia energética de la república y la obligará a importar más combustible y la hará vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo.
• La repatriación de las ganancias de las empresas transnacionales afectará negativamente la economía nacional, que ya se encuentra agraviada por la deuda contraída durante el gobierno macrista con los acreedores del FMI, y reducirá los recursos disponibles para inversiones y desarrollo.
• La privatización estancará inversiones y avances tecnológicos en el sector, por lo que disminuirá la exploración y explotación eficiente de recursos petroleros.
• Asimismo, tendrá un impacto sobre el empleo al reducir la presencia estatal en el sector, lo que generará inseguridad laboral.
• Finalmente, concentrará el poder del sector en pocas empresas transnacionales, lo que limitará la competencia y afectará los precios y la calidad de los servicios energéticos en el sector petrolero. Resulta irónico, ya que Milei dice que pretende evitar eso basado en su enfoque neoliberal.

Por lo visto, ninguna de estas consecuencias serán nuevas en Argentina, como si se tratara del eterno retorno neoliberal. Quizás la única y lamentable diferencia con épocas anteriores es que el impacto negativo recrudecerá en esta generación de argentinos y argentinas, quienes ven en el presidente electo un foco de esperanza para un futuro mejor ante la crisis que azota al país.