Recientemente, en la ciudad brasileña de Belém do Pará, se llevó a cabo la IV Cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). En un contexto cuando la agenda climática arropa los espacios de interacción multilateral, y en general las relaciones internacionales, la gestión de la cuenca amazónica cobra mucho más interés del que posiblemente pudo haber tenido hace 10, 20 o 30 años cuando se fundó la instancia.

Además, para Venezuela significó también el regreso a un espacio del que fue excluida con la firma del llamado Pacto de Leticia, el cual devino más en una declaración de buenas intenciones que en cooperación efectiva, justo cuando la Amazonía sufría los mayores incendios registrados en la región, durante el año 2019.

La atención a la susodicha cuenca no debería generar dudas ni dilaciones, según datos de la OTCA:

• Este bioma es fundamental para el mantenimiento del equilibrio climático mundial ya que tiene una gran influencia en el transporte de calor y vapor de agua para las zonas localizadas en latitudes más elevadas.
• La región representa entre 4% y 6% de la superficie total de la Tierra, y entre 25% y 40% de la superficie de América.
• La Amazonía alberga una gran variedad de especies de flora y fauna que ha permitido establecer marcas mundiales de diversidad biológica. También es un área importante de endemismos, lo que hace de ella una reserva genética de importancia mundial.

De allí la trascendencia de la cita, más en un momento cuando todos los estudios y opiniones expertas con reconocimiento internacional aseguran que estamos en un punto de inflexión en materia climática que, más temprano que tarde —como lo refirió la delegación venezolana a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez—, conducirá al Norte Global a mirar más agresivamente el manejo de esta reserva natural perteneciente a los ocho países amazónicos.

Venezuela en la cita amazónica

Más allá de las propuestas que llevó la representación venezolana, claramente detalladas por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, podríamos resumir que se trata de un retorno al concepto de soberanía estatal sobre la Amazonía —los Estados que comparten la región enfocados en la cooperación y el multilateralismo deciden sobre la gestión, la planificación y el control del bioma—.

Llaman la atención las amenazas identificadas por Venezuela, expuestas por la funcionaria, con las que invita a reflexionar sobre este activo natural compartido por ocho países suramericanos, ya convertido en un foco de atención mundial por la creciente agudización de la crisis climática. Las acechanzas señaladas fueron:

• La presencia y voracidad de emporios farmacéuticos y alimenticios que concentran capital y mercado, que favorecen a muy pocos y que generan profundas desigualdades sociales.
• La desconcentración y tercerización de las funciones y capacidad de los Estados para entregárselas a organizaciones no gubernamentales (ONG), las cuales en última instancia terminan siendo instrumentalizadas por los grandes emporios —farmacéuticos, alimenticios y energéticos— con el fin de apoderarse de la biodiversidad de la cuenca.
• Las aspiraciones a la otanización de la región —presencia de bases militares estadounidenses y, en consecuencia, de la OTAN— para supuestamente garantizar la mercantilización de la biodiversidad de la cuenca amazónica.

Como vemos, los riesgos se sintetizan en el debilitamiento de la soberanía de los Estados amazónicos, lo que debe llevar a la organización a pensar en rutas de acción que permitan enfrentar y revertir esos procesos donde ya han sido implementados.

Con base en eso, la experiencia construida en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) podría dar luces sobre cómo abordar un problema de importancia para la región y el mundo, en un contexto donde la planificación de proyectos conjuntos y la captación y gestión de recursos económicos son vitales.

La experiencia de Unasur

A pesar del relato hegemónico que se pretende posicionar sobre la Unasur, descrita como un club de amigos donde no existía disenso e ideológicamente alineado, la verdad es que una revisión somera de sus 10 años de existencia permite afirmar que era un espacio diverso con distintos enfoques y matices, en el que lograron convivir posiciones diametralmente distintas como las de Álvaro Uribe o Rafael Correa en el eje "derecha-izquierda", o con gradaciones dentro de una misma afiliación: Lula-Chávez en la izquierda o Sebastián Piñera-Alan García en la derecha.

Las tortuosas negociaciones para elegir secretario general y regularmente para la construcción del consenso necesario en la toma de decisiones, los diversos enfoques con los que se asumía la relación con Estados Unidos, Rusia o China, y los conflictos que durante esa época se dieron entre los países miembros —Colombia-Ecuador, Bolivia-Brasil y Argentina-Uruguay, por solo citar algunos— permiten asegurar que la convivencia no fue sencilla, aunque se dio porque se entendía la exigencia de avanzar en conjunto en temas vitales para la región.

Tras la terapia intensiva a la que fue inducida y las perspectivas poco alentadoras de su reactivación, la Unasur tiene un acervo de prácticas y modos de accionar que puede orientar hacia los antiguos y nuevos desafíos que América Latina y el Caribe en su conjunto mantienen, a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y las que específicamente se plantean en plataformas como la OTCA, donde la técnica y la política necesariamente van de la mano.

Cuando hablamos del acervo, nos referimos específicamente a los consejos y grupos de trabajo que el artículo 5 del tratado constitutivo de la Unasur contempla, el cual permitió la conformación de 12 consejos sectoriales que facilitaron el abordaje conjunto de problemáticas concretas en Sudamérica.

Especiales avances se dieron en el marco del Consejo de Defensa —colaboración multilateral en materia presupuestaria, formativa, de combate al narcotráfico y criminalidad transnacional, por solo citar algunos—, del Consejo Energético Suramericano —mapa regional de recursos, disminución de asimetrías energéticas, etcétera— y del Consejo Suramericano de Ciencia, Tecnología e Innovación de Unasur (Cosucti).

Es importante señalar que, si bien no se llegó a crear un consejo en materia medioambiental, dada la rapidez con que ellos se iban articulando y la dinámica que adquirían, no es de extrañar que ante la persistencia en la región de fenómenos climáticos como "El Niño" y "La Niña", consecuencias directas de la crisis climática actual de la que no escapa Sudamérica, muy probablemente habría sido un área de cooperación donde la Unasur hubiese enfocado sus esfuerzos.

Declaración de Belém do Pará y el relanzamiento de la cooperación amazónica

De la declaración de Belém do Pará con sus 113 puntos y más de una veintena de considerandos, queremos destacar algunos aspectos de importancia para Venezuela y la región amazónica.

En primer lugar, la condena explícita que se hace en sus considerandos:

• 18 sobre las medidas comerciales unilaterales que, con base en requisitos y regulaciones ambientales, resultan en barreras comerciales en clara alusión a las nuevas exigencias de la Unión Europea a los países de Mercosur (Brasil) para firmar el acuerdo;
• y 20 sobre la promoción de relaciones internacionales libres de amenazas, agresiones y medidas coercitivas unilaterales, contrarias al derecho internacional —mención puntual sobre Venezuela—.

Otro aspecto a destacar es el rescate de la soberanía (artículo 1, literal e) como principio transversal en la implementación de la declaración en lo general, pero también en una nueva agenda común de cooperación en la Amazonía en lo específico. Esta inclusión no es menor, habida cuenta de las presiones y amenazas que se ciernen sobre la cuenca amazónica, expuestas por la delegación venezolana.

La reforma institucional de la OTCA (artículo 2) en la que se plantea la incorporación de un Protocolo Adicional al Tratado de Cooperación Amazónica, que establezca la Reunión de Presidentes de los Estados Parte del Tratado de Cooperación Amazónica como un foro para la toma de decisiones y la adopción de prioridades políticas estratégicas en su ámbito, es un avance relevante para una instancia que próximamente arribará a sus 30 años.

Asimismo, se establece la reactivación de las Comisiones Especiales, a escala ministerial, en ámbitos específicos como los de medio ambiente, asuntos indígenas, ciencia y tecnología, por mencionar algunos, y además se indica que se podrán crear nuevos, dependiendo de las necesidades de los Estados miembros, como el de "seguridad ciudadana", establecido de forma explícita (artículo 4).

Este espacio puede usar la experiencia acumulada en la Unasur —de la que todos los países de la OTCA formaron parte (solo Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay no son miembros)— a los fines de potenciar la organización amazónica. Sobre todo en lo que se refiere a cooperación policial, judicial y de inteligencia en la lucha contra las actividades ilícitas, incluidos los delitos contra el medio ambiente (artículos 61-67), a partir de los que las dinámicas que se generaron en el marco del Consejo de Defensa podrían servir de insumos para establecer formas de trabajo que contemplen la creación del Centro de Cooperación Policial Internacional en la Amazonía (artículo 65) e intercambio de información y la cooperación policial y de inteligencia (artículos 66 y 67).

Los 10 años de vigencia que tuvo la Unasur mostraron debilidades que precipitaron su decaimiento, pero también evidenciaron el potencial que la concertación y el diálogo intergubernamental tienen en momentos cuando la construcción de bloques parece compleja, y la necesidad de soluciones y abordaje de materias estratégicas son apremiantes. Es en este espacio donde el acervo de la Unasur se muestra especialmente potente.