Quien fuera considerado un outsider en la política, al estilo de Trump, Bolsonaro o Macri, fue asesinado en la madrugada del pasado 7 de julio en su residencia del barrio de Pelerin de la capital haitiana Puerto Príncipe. Este hecho ocurrió en medio de la convulsión social originada tanto por sus políticas neoliberales como por su negativa a cumplir con la Constitución, ya que no abandonó el cargo en el tiempo estipulado.
Jovenel Moïse, magnate agrario nacido en Trou-du-Nord, noreste de Haití, murió de manera inmediata cuando un grupo de presuntos mercenarios irrumpió y le disparó 12 veces. También fue herida su esposa Marie Martine Etienne Joseph, quien fue trasladada a la ciudad de Miami (Florida) para recibir atención médica debido a que presenta signos vitales "estables pero críticos".
Con el pasar de las horas se ha confirmado la información de testigos y del primer ministro en funciones, Claude Joseph, quien declaró que "mercenarios extranjeros" habían perpetrado el ataque revelando que el magnicidio había sido cometido por "personas que hablaban inglés y español".
Asesinan al presidente de Haití, Jovenel Moïse
Un grupo de individuos irrumpió anoche en la residencia privada del mandatario acabando con su vida, confirmó el Gobierno pic.twitter.com/geH0C574vy— RT en Español (@ActualidadRT) July 7, 2021
El jueves 8 de julio, se anunció la supuesta muerte en enfrentamiento de cuatro de los involucrados, pero la cifra fue reducida a tres sin mayor explicación. Asimismo, las autoridades de Haití informaron el arresto de 15 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano. El comando que perpetró el magnicidio estaba compuesto por 26 colombianos y dos estadounidenses, según informaciones ofrecidas por el director general de la Policía, León Charles, en una rueda de prensa ofrecida junto al primer ministro interino, Claude Joseph.
Dos de los arrestados fueron capturados por un grupo de civiles, que los llevaron atados con cuerdas hasta una comisaría en el barrio de Pétion-Ville, en Puerto Príncipe. Allí decenas de personas pretendían linchar a los sospechosos y prendieron fuego a tres automóviles incautados por la Policía a los detenidos.
Posteriormente, el gobierno colombiano, en voz de su ministro de Defensa, Diego Molano, reconoció que los 15 colombianos detenidos son miembros retirados del Ejército de Colombia mientras los comandantes del Ejército y la Policía Nacional informaban acciones preliminares para colaborar con el gobierno interino y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) con datos y experticias respecto a los sospechosos.
Haití permanece en estado de sitio y el Consejo de Ministros, con Joseph a la cabeza, "ejerce el Poder Ejecutivo hasta la elección" de otro jefe de Estado, lo que ha sido confirmado por Estados Unidos y la enviada de la ONU, Helen La Lime.
Moïse como acelerador de la convulsión social
El mandatario nacido en 1968 asumió la presidencia del país el 7 de febrero de 2017 y sus últimos meses de mandato estuvieron rodeados por la polémica, ya que sus detractores no reconocían su legitimidad como presidente por saltarse la Constitución y mantenerse en el cargo ilegalmente.
Aunque el período presidencial en el país caribeño debe durar cinco años, Moïse debía gobernar cuatro años debido a que fue elegido en noviembre de 2016 y asumió en febrero de 2017, la Constitución le obligaba de manera taxativa a cumplir un período menor por la naturaleza accidental del inicio de su gestión.
Las presidenciales de 2015, en cuya primera vuelta fue el más votado, fueron protestadas y anuladas en abril de 2016 por fraude y ganó posteriormente, en primera vuelta, con 590,927 votos (55,60%) contra Jude Celestin, de la Liga Alternativa por el Progreso y Emancipación Haitiana (Lapeh), quien obtuvo un 25,29%.
Su triunfo enfrentó la debilidad de una abstención electoral del 80% y, sin base social sólida, intentó mantenerse en el poder de cualquier manera. Entre 2018 y 2020 el pueblo haitiano protagonizó grandes manifestaciones para exigir que dejara el cargo, pero se aferró al poder con el apoyo tanto de Trump como de Biden, quienes respaldaron sus políticas neoliberales y sus argumentos de que el mandato terminaría en 2022.
Por su parte, Joseph, el controvertido sucesor o interino, afirmó el día del magnicidio que Moise había estado "luchando contra algunos oligarcas del país. No sabemos si existe un vínculo entre esos oligarcas y los mercenarios extranjeros". Pero el polémico presidente era muy impopular entre muchos haitianos y tenía muchos opositores políticos, al punto de que la crisis ha sido acelerada por guerras entre bandas, algunas de las cuales han sido alentadas y sostenidas por el Partido Haitiano Tet Kale (Phtk) de Moise, según refieren analistas.
En febrero pasado, el gobierno de Haití aseguró haber desmantelado un golpe de Estado y un intento de asesinato contra Moïse. Fueron arrestadas más de 20 personas, entre las que se encontraban la inspectora general de la policía y un juez del Tribunal de Casación.
Lo que llamó "golpe de Estado" era un procedimiento que intentaba destituirle debido a que tanto el Presidente como el Congreso debían cesar funciones por cumplirse su plazo constitucional en febrero de 2020, sin embargo, Moïse argumentó que debía cesar en febrero de 2022. Siguió gobernando con el apoyo de la élite militar, emitiendo decretos y asumiendo funciones que no le correspondían, como nombrar y ratificar al Primer Ministro.
El Consejo Superior del Poder Judicial, los obispos y la oposición haitiana le confrontaron apoyando la moción de que abandonara el poder según la Constitución. Pero el Core Group (grupo de "países amigos" entre los que está Canadá, Estados Unidos, Francia, España y Brasil) y la OEA apoyaron la posición de Moïse, además de pedir elecciones parlamentarias "libres y justas".
En Haití, la oposición nombró como presidente interino a Joseph Mecene, juez del Tribunal Supremo, y la policía haitiana tomó la sede judicial junto a la de Radio Kajou, una emisora radial donde estaría Mecene. Autoridades prohibieron los "mítines políticos" y publicaron un decreto mediante el cual "jubilaban" a tres jueces que respaldaron la denuncia de la extensión del mandato de Moïse.
La salida política del fallecido presidente fue reformar la Constitución actual redactada en 1987 que da escaso poder al presidente, controlado por el Congreso, y al primer ministro, lo que le obliga a negociar hasta sus ministros. Aunque prometió la celebración de un referéndum aprobatorio de una reforma constitucional para abril pasado, el acto electoral fue pospuesto para septiembre junto a las elecciones generales.
La propuesta constitucional crearía el cargo de vicepresidente y eliminaría el de primer ministro, uniría Congreso y Senado en una sola Cámara y dotaría de derechos para elegir y ser elegido a los haitianos en el exterior. Moïse dijo a El País de España: "Mi mandato empezó el 7 de febrero del 2017 y termina el 7 de febrero del 2022. Entregaré el poder a su propietario que es el pueblo de Haití. Los oligarcas corruptos acostumbrados a controlar a los presidentes, a los ministros, al Parlamento y al poder judicial piensan que pueden tomar la presidencia, pero solo hay una camino: elecciones. Y yo no participaré en esas elecciones", aunque la propuesta incluye la reelección para un segundo mandato consecutivo.
En abril pasado, Claude Joseph, quien era ministro de Asuntos Exteriores y Cultos, asumió el cargo ilegítimo de Primer Ministro ante la renuncia de Joseph Jouthe debido al secuestro de 10 personas en Croix-des-Bouquets, cerca de Puerto Príncipe. Se trataba de cinco sacerdotes católicos, dos de ellos franceses, dos monjas y tres laicos que fueron raptados por la "400 Mawozo", una de las más de 150 pandillas armadas que controla casi un tercio del territorio nacional y tienen mejor armamento que los cuerpos de seguridad.
Recientemente, entre el 25 y el 30 de junio, algunas de esas bandas armadas mataron a casi 60 personas en Puerto Príncipe, Cité Soleil, Delmas y Pétionville, entre ellas la activista de derechos humanos Antoinette (Netty) Duclaire y el periodista Diego Charles.
Síntesis de una intensa crisis
De ser emprendedor de proyectos para llevar agua canalizada a zonas del nordeste del país, luego secretario general de la Cámara de Comercio e Industria (CCIH), socio de la empresa eléctrica solar y eólica Compagnie Haïtienne d’Energie (Comphener SA) y propietario de la empresa platanera Agritrans, Moïse asumió una carrera política en 2015 en la que jugaría un rol importante para los planes de Estados Unidos en la región y en la instrumentación de un plan neoliberal de la mano de un sector de las élites haitianas.
Dos semanas antes de su toma de posesión en 2017, prestó declaración ante un juez por las sospechas de lavado de dinero, por una investigación iniciada en 2013, acusaciones que él rechazó. Luego de ganar la presidencia, tuvo que enfrentar acusaciones de corrupción y sospechas sólidas de participación en el crimen organizado.
En julio de 2018, luego de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), decretó el aumento del precio del combustible en un 50% y hubo cuatro días de disturbios en el país en los que se levantaron barricadas, se saquearon comercios y edificios públicos con un saldo de al menos 20 personas asesinadas en las manifestaciones. Sin embargo, la presión social le obligó a retroceder en su medida aunque las protestas continuaron pidiendo su renuncia y un gobierno de transición.
En octubre de ese año, se activó una jornada de protestas por el presunto desvío de 3 mil 800 millones de dólares de Petrocaribe, un acuerdo energético de Venezuela con países caribeños. Varios activistas opositores sabotearon un acto oficial exigiendo una investigación y miles de manifestantes se lanzaron a las calles de Haití para protestar por la falta de transparencia del gobierno. Dicho acuerdo, además de ofrecer petróleo a bajas tasas de interés y condiciones favorables, ha buscado incentivar la inversión en educación, social e infraestructura en los países del Caribe.
De acuerdo con una investigación del Senado, al menos 14 exfuncionarios estuvieron vinculados con el desvío de fondos del Acuerdo durante el gobierno del anterior Presidente y mentor de Moïse, Michel Martelly (2011-2016). Además, en el informe final de la Corte de Auditoría sobre Petrocaribe, la empresa Agritrans, propiedad de Moïse, aparece mencionada 69 veces en sus 612 páginas. Como nadie había sido juzgado, los sectores de oposición acusaron tanto a su gobierno como al Phtk de encubrimiento y de financiar grupos armados para asesinarles e intimidarles.
The final @ComptesCour report on #Petrocaribe does not give @moisejovenel a free pass. The president's firm Agritrans is mentioned 69 times in the report's 612 pages. And the findings don't look good for the Banana Man. Full report: https://t.co/Fkf9wgTfAC
— Jake Johnston (@JakobJohnston) May 31, 2019
En 2019, continuó la inestabilidad y protestas, debido a la escasez de combustible, alimentos y agua potable, así como la inflación y el desempleo. En muchas regiones de Haití fueron realizados cortes de carreteras, asaltos a sedes y vehículos policiales, enfrentamientos callejeros (que incluyeron a un senador disparando contra civiles desarmados), saqueos e incendios por todo el país, según revelaban los medios. Los grupos opositores llegaron a quemar el Banco de la Unión Haitiana y gasolineras debido al descontento por la escasez de combustible en el país.
Los manifestantes se movilizan por todo el país mientras montan barricadas y queman coches de policía. 4 manifestantes han muertos en los últimos días.pic.twitter.com/wEHWk5GKRv
— Descifrando la Guerra (@descifraguerra) September 27, 2019
Moïse llamó al diálogo y ofreció a la oposición la formación de un Gobierno de Unión Nacional que fortaleciera la Constitución, adelantara elecciones y realizara reformas económicas. La oposición se negó a participar de la propuesta y condenó el apoyo estadounidense al gobierno haitiano.
A fin de año se hizo notar su enfrentamiento con la empresa Société Générale d'Énergie SA (Sogener), uno de los tres proveedores independientes de energía en Haití que produce y luego vende electricidad a la empresa estatal Electricité d'Haïti (EDH) en virtud de un contrato de 2005.
Agentes encapuchados de la Policía Nacional de Haití se presentaron en el domicilio de Elisabeth Débrosse Préval, directora financiera de Sogener y viuda del difunto presidente René Preval. También se presentó en el domicilio de la madre del vicepresidente y director ejecutivo de Sogener, Dimitri Vorbe. Ambos pertenecientes al grupo de familias vinculadas al sector eléctrico que Moïse acusó de intentar asesinarlo durante la entrevista concedida a El País en febrero pasado.
Se les acusó de amasar una gran cantidad de deuda gubernamental por la compra de combustible y no suministrar la energía contratada, también de importar plantas y generadores utilizados como fuente de energía de reserva, beneficiándose doblemente de provocar apagones en todo el país.
En febrero de 2020, la confrontación social llegó a los cuerpos de seguridad y la policía se unía a las manifestaciones antigubernamentales debido a las pésimas condiciones de trabajo y beneficios salariales. Mientras por un lado los opositores al gobierno llegaron a quemar los vehículos del Ministro de Economía, por otro lado un grupo armado dirigido por un ex oficial de policía atacó los barrios donde apoyaran al partido opositor socialdemócrata Fanmi Lavalas, fundado por el expresidente derrocado, Jean-Bertrand Aristide.
Lluvia de elementos en torno al caso
Son muchos los datos y circunstancias que rodean al asesinato de Moïse, muchos de ellos llevan a conectarlo a la participación de sectores vinculados a Estados Unidos y Colombia debido a la presencia y acción de un grupo mercenario. La injerencia continua del país del norte (junto a Francia y Canadá) en la crisis haitiana permite vincular el hecho al cambio de grupos de poder asociados a la Casa Blanca.
Como en otros aspectos diplomáticos no se han percibido cambios radicales entre las administraciones Trump y Biden, el gobierno actual sostuvo el apoyo a Moïse aun en medio de la aceleración de las condiciones que llevaron al Estado haitiano a un virtual colapso. Tal parece que, al no poder detener la caída libre del gobierno, pudieron haberse tomado (o dejado tomar) decisiones drásticas que "resetearan" la configuración del poder en Puerto Príncipe.
Complicado creer que no hubiera participación o conocimiento de sectores corporativos y políticos de Washington, mucho más complicado creer que lo salvaría ser aliado del Norte Global habiendo tantos ejemplos de aliados caídos en desgracia a diferentes velocidades, como Hussein, Noriega, Suharto, Mubarak y hasta el mismo Gadafi.
Como es conocido, los Clinton, sector poderoso en el Partido Demócrata y en el entramado que institucionalizó la corrupción humanitaria en Haití, mueve hilos de poder en el país caribeño y algunos rasgos de lo ocurrido, como la contratación de mercenarios colombianos, se parecen a otras acciones de cambio de régimen, como la ocurrida en Libia.
El entrenamiento de mercenarios no parece ser un delito en Colombia porque dicho país no es signatario de la convención de Naciones Unidas contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios que refrendan 32 países. Sus empresas militares y de seguridad privadas son señaladas de usar mercenarios en distintos países y conflictos del mundo, afectando el derecho a la libre determinación de los pueblos en muchas situaciones. ¿Se impondrá en este continente la tendencia de contratarles como ejércitos irregulares al estilo de Yemen y Libia?
Por otro lado, quedan por verse los siguientes pasos de Washington en esta nueva escala de inestabilidad en Haití, ya en otros episodios históricos (1915, 1994 y 2004) sus gobiernos han recurrido a las intervenciones militares, lo que ha debilitado por completo todas las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales del país.
No deja de ser curiosa la similitud de las acciones con los planes develados en la fracasada operación Gedeón, cuyas intenciones magnicidas eran solo parte de un plan mayor plasmado en un contrato firmado y apoyado por políticos del antichavismo.
James Solages y Joseph Vincent, mercenarios estadounidenses capturados, "dijeron que eran traductores. La misión era detener al presidente Jovenel Moïse, en el marco de la ejecución de una orden de un juez de instrucción, y no matarlo", dijo el juez de paz suplente de Pétion-Ville, Clément Noël, a cargo de la presentación de los sospechosos.
Los mercenarios que asesinaron a Jovenel Moïse fueron encontrados en la casa de Magalie Habitant, aliada de Moïse. Se dice que en 2019, dicha mujer ayudó a los 7 mercenarios extranjeros que supuestamente fueron contratados para disparar a manifestantes. Se trata de cinco ciudadanos de Estados Unidos, un haitiano, un ruso y un serbio vinculados a empresas militares y de seguridad estadounidenses que fueron detenidos por casualidad (como el cargamento de armas que develó todo el entramado de la operación Gedeon) con ametralladoras, pistolas, drones, teléfonos satelitales, chalecos antibalas y otros equipos.
Por su parte, Habitant negó ser la propietaria de la casa donde había mercenarios diciendo: "No tengo nada que ver con esta casa que dejé hace tres meses. Lo había alquilado a un abogado".
¿Qué le espera a Haití?
Un país que ha soportado terremoto, pandemia, huracanes, cólera, intervenciones militares queda, además, en medio de una disyuntiva parecida al vacío de poder. Dos hombres sostienen una disputa, aún de baja intensidad, sobre el puesto de primer ministro en Haití. Tanto Claude Joseph como Ariel Henry, este último fue designado primer ministro por Moïse poco antes de su asesinato, pero no investido, han comenzado a mostrar disenso a pocas horas del asesinato del presidente.
Joseph ha asumido el poder de forma efectiva desde que se conoció el magnicidio y su legitimidad ha comenzado a ser puesta en tela de juicio por Henry en una serie de entrevistas concedidas a medios locales entre la noche del miércoles y el jueves.
Henry, un exministro de Interior y Trabajo durante el Gobierno de Michel Martelly (2011-2016), ha manifestado que Joseph "no es primer ministro" sino que es el canciller del gabinete que él está elaborando y con el que pretende hacer un acercamiento a la oposición para calmar las tensiones políticas hasta la celebración de las elecciones, previstas para el 26 de septiembre. Ha asegurado que que su intención "no es echar leña al fuego" y que es necesario "evitar que el país se inflame", pero le pidió a Joseph que ambos hablen para llegar a un acuerdo.
Joseph, exmiembro del movimiento estudiantil GRAFNEH creado por la NED en la década de 2000, ha sido vocero gubernamental ante la prensa y ha hablado con autoridades y voceros cualificados de otros países, como Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos.
La Constitución haitiana establece que, en el caso de la muerte del presidente, le sustituya el primer ministro hasta la convocatoria de elecciones, pero cuando el deceso se produzca a partir del cuarto año de mandato, como ha sido el caso, el Congreso debe nombrar a un presidente para que complete el tiempo pendiente.
Debido a que el parlamento está clausurado desde enero de 2020 no existe base legal para la eventual disputa entre ambos personajes porque ninguno es legítimo. Las elecciones, que serían en septiembre han contado con el apoyo de Estados Unidos, que ha ratificado su disposición a "apoyar".
Movimientos sociales han denunciado los intentos del gobierno de Moïse, de la OEA y del Departamento de Estado de Estados Unidos de forzar la celebración de elecciones legislativas y presidenciales y de un referéndum constitucional ilegal con una estructura de votación no democrática.
Además, Estados Unidos ha prestado apoyo material, logístico y político, ha gastado al menos 12,6 millones de dólares en apoyo de las elecciones dudosas, pero reconoce que hasta ahora los preparativos del referéndum "no han sido lo suficientemente transparentes o inclusivos".
Por su parte, la OEA ha ayudado revisando el texto de la constitución propuesta, aparentemente para eliminar algunos de los aspectos "más controvertidos" del primer borrador mientras la ONU también está asesorando a la policía nacional sobre una estrategia de seguridad electoral.
Sin embargo, el sistema electoral no puede ser transformado debido a que no hay Parlamento. ¿Los haitianos asistirán al mismo fraude devenido en desánimo para volver a las calles a incendiar ante la impotencia que les cause un estado desarticulado, como han demostrado en los últimos años? ¿Habrá otra salida?