El martes 26 de enero, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia publicó un alerta en el que afirma que el inicio del año 2021 ha sido el más violento desde la firma de los Acuerdos de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP en La Habana, en 2016.

Tal como dice en su web, la JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP y tiene la función de administrar justicia transicional y conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado antes del 1° de diciembre de 2016.

Ante la JEP pueden y deben comparecer, por lo menos en teoría, ex combatientes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles.

Desde su creación, la JEP ha sido blanco de ataques por parte del mismísimo Álvaro Uribe Vélez, quien trató de impedir su conformación a través del plebiscito en el que ganó su opción contra los acuerdos de La Habana.

Luego, al llegar de nuevo a la presidencia de Colombia a través de su delfín no tan talentoso Iván Duque, trató de introducir una reforma a la justicia en el Congreso que resultó derrotada, y ahora continúa insistiendo en reformarla profundamente.

Lo que teme Uribe Vélez es que la JEP sea tan provechosa para las FARC-EP como lo fue para los grupos paramilitares con la denominada Ley de Justicia y Paz que él mismo promulgó en el año 2005 durante su primer gobierno.

Sin embargo, las diferencias son muchas. Las dos más importantes tienen que ver, primero, con que la JEP es apenas uno de los puntos de unos acuerdos de paz mucho más amplios y profundos en cuanto al reconocimiento de las consecuencias de la guerra y, segundo, que su creación fue solicitada por las víctimas del conflicto armado entre las que se incluyen víctimas de la organización guerrillera.

Cabe destacar que la mencionada ley impulsada por la administración de Uribe no fue acompañada de ningún otro proceso en el que se realizaran verdaderas exigencias a los paramilitares y fue promovida y promulgada precisamente por uno de los líderes de dichas organizaciones criminales, el propio Álvaro Uribe Vélez, entonces presidente de la República de Colombia, convirtiéndose así en una herramienta para la impunidad y la legitimación de capitales de los grupos paramilitares que ni siquiera se desmovilizaron de forma real.

La JEP es respaldada, además, por los países garantes de los acuerdos que se firmaron en La Habana en el año 2016 entre el Estado colombiano y las FARC-EP; por la ONU y por diversos organismos internacionales de derechos humanos.

De ahí la relevancia de la alerta suscitada en el último informe de la JEP, que ha logrado impacto mediático a pesar de que ha sido solapado por la noticia de la muerte de Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa activo y una de las próximas figuras del Centro Democrático que aspiraban a la candidatura presidencial en los venideros comicios nacionales.

Por supuesto, no hay hasta ahora ninguna respuesta de parte del presidente Iván Duque en torno a la querella, ni es de esperar que la haya.

Los motivos detrás de la alerta de la JEP

El informe hace un breve análisis comparativo entre los principales hechos violentos ocurridos los 24 primeros días de los años posteriores a los acuerdos, esto es: 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Ahí se evidencia que, entre 2017 y 2021, prácticamente se han quintuplicado los combates entre la Fuerza Pública y grupos armados de diverso tipo, lo que significa un gran aumento de la intensidad del conflicto armado.

También se traduce en que las amenazas de muerte a líderes y lideresas sociales han sido cuadruplicados en el mismo periodo; que las masacres fueron de 0 a 6, así como el asesinato de ex combatientes de las FARC-EP pasó de 0 a 5; el asesinato de líderes sociales fue de 11 a 14 con un récord de 32 en el año 2020; y el enfrentamiento entre grupos armados ilegales fue de 1 a 7, lo que acaba de validar la terrible afirmación de que tras la firma de los acuerdos la intensidad del conflicto armado no solo no ha disminuido sino que, con altibajos, ha venido aumentando.

En el informe se enfatiza además la terrible continuidad de la ocurrencia de estos sucesos, el asesinato de un (1) líder o lideresa social cada 41 horas, la ejecución de una (1) masacre cada cuatro días y el asesinato de un o una (1) ex combatiente de las FARC-EP cada cinco días, más el aumento del desplazamiento forzado.

El informe tiene, sin embargo, algunas omisiones importantes.

La primera es que señala la presencia del

"Frente Occidente del Clan del Golfo (Betania), Frente 3 que está bajo las instrucciones de alias "Gentil Duarte" (Florencia), Frente Cordillera Sur del Clan del Golfo, Frente de Guerra Occidental del ELN y Los Rastrojos (Cali), Frente de Guerra Suroccidental del ELN (Popayán), Subestructuras Julio César Vargas y Rubén Darío Ávila del Frente Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo, Frente de Guerra Darío Ramírez del ELN, Frente 18 que está bajo las instrucciones de alias "Gentil Duarte" y Los Caparros (Tarazá)".

Todo de manera que insinúa, así, la responsabilidad de estos grupos irregulares en las masacres y asesinatos, pero omite lo que varias organizaciones de derechos humanos de Colombia han venido denunciando: que estos hechos suelen suceder en territorios donde también hay una gran presencia de la policía y las Fuerzas Militares colombianas, por lo que su papel en estos crímenes no deben ser ocultados si se procura un análisis objetivo del problema.

La segunda es que omite la desaparición forzada, que ya cuenta con al menos una (1) víctima en los primeros días del año 2021, no menciona la altísima impunidad que tienen hasta el momento estos delitos y, como siempre, se omite el número de víctimas de violencia sexual, mayoritaria mas no exclusivamente sobre mujeres, en el marco del violento conflicto social y armado que vive Colombia desde hace más de medio siglo.

Ante esta cruda realidad, el pasado 26 de enero se inauguró en su primera sesión virtual el Tribunal Permanente de los Pueblos con sede en Italia, que sesionará en Colombia entre el 25 y el 27 de marzo de 2021 para juzgar al Estado colombiano por el genocidio político, la impunidad y los crímenes contra la paz.

Visto el panorama de manera mucho más objetiva, podemos concluir que el terrorismo de Estado en Colombia no ha desaparecido, sino que más bien, en tiempos en los que reina el uribismo, recrudece en sus prácticas y laissez faire a favor de la criminalidad política y económica.