El diferendo entre Venezuela y Guyana ha subido en volumen y frecuencia informativa, los medios cartelizados y globalizados aletean alrededor del tema con el encadenamiento típico que precede a los ataques por parte de Occidente a "Estados fallidos" para imponer la "paz y democracia" que, a la larga, nunca llegan.
En ocasiones anteriores sus "informaciones" reiteradas han ablandado al público espectador hasta que, falsos positivos mediante, se han detonado acciones ya conocidas como las ejecutadas en Irak, Libia o Afganistán.
Poner el tema en consideración no significa pronosticar ni augurar que ocurriría alguna agresión bélica, lo que es digno de reseñar es el interés corporativo y la escalada informativa enfocados en agudizar la confrontación política e incluso militar.
Cruce de acciones y reacciones recientes
El pasado 23 de enero, los buques Lady Navera y Sea Wolf fueron interceptados por el buque patrullero Comandante Eterno Hugo Chávez (GC-24) mientras operaban frente a las costas de Waini Point, una localidad ubicada en la Zona en Reclamación o Guayana Esequibo. Según la prensa guyanesa las embarcaciones se encontraban en aguas de Guyana.
Por su parte, la cancillería venezolana comunicó que el buque naval operaba "en aguas de soberanía venezolana indiscutible" y que los dos buques pesqueros estaban "comprometidos en la pesca ilegal en flagrante delito en aguas de plena soberanía y jurisdicción de Venezuela, sin tener también ningún tipo de documentación legal", por lo que fueron obligados a poner rumbo al puerto de Güiria y sus 12 tripulantes presentados en los tribunales nacionales.
Georgetown tachó de "agresión" la captura de los pesqueros, que su gobierno alega falazmente se produjo en la zona económica exclusiva guyanesa, y pidió la liberación inmediata de las tripulaciones.
El diferendo entró en fase crítica luego de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) decidiera en diciembre pasado, por 12 votos contra 4, que tiene jurisdicción para analizar "la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 y la cuestión sobre el asentamiento definitivo de la frontera terrestre" entre ambos países. El mencionado laudo fue considerado nulo en 1966 cuando Venezuela y Guyana suscribieron el Acuerdo de Ginebra, por lo que el Gobierno venezolano respondió el pasado 7 de enero con varias medidas.
Una de las acciones fue comunicar por escrito al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, el rechazo a la injerencia de la CIJ para dirimir este diferendo. Con su decisión el alto tribunal habría dejado de lado las conversaciones directas entre ambos países "para avanzar hacia el entendimiento pacífico y beneficioso para ambas partes", como declarara el presidente Nicolás Maduro en cadena nacional.
Ese mismo día el primer mandatario decretó la creación de la Zona Estratégica de Desarrollo de la Fachada Atlántica, con el fin de brindar protección y salvaguarda de la jurisdicción de Venezuela en sus espacios continentales, áreas marinas interiores, limítrofes históricas y vitales del país. Una Autoridad Única tendría bajo su responsabilidad la administración del nuevo territorio nacional.
El presidente de Guyana, Irfaan Alí, rechazó el decreto calificándolo de “profundamente perturbador” a lo que, el 11 de enero, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, respondió que las declaraciones de Irfaan Alí eran reflejo de "la supremacía imperial que los incita a la confrontación con Venezuela, y subyacen desconocidas y peligrosas pretensiones en nada acordes con el Derecho Internacional Público en cumplimiento de la buena vecindad".
También la posición venezolana rechazó la injerencia de Georgetown en los asuntos internos de Venezuela al cuestionar el decreto del nuevo territorio marítimo y denunció los intereses de la trasnacional petrolera ExxonMobil (Exxon).
La injerencia interesada de Estados Unidos y sus títeres
El mismo 11 de enero el Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de la Armada, emprendería un patrullaje en las aguas del territorio del Esequibo tras el inicio de ejercicios militares entre el Comando Sur de Estados Unidos y Guyana por esa zona.
Acompañado por la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, el general en jefe declaró que "estamos preparados ante estas agresiones que, dicho sea de paso, no son nada nuevas por parte de Guyana y del imperio estadounidense".
La reacción del Gobierno venezolano se daba en momentos en los que el Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, llegaba a Guyana para dirigir las maniobras de vigilancia marítima conjuntas destinadas, entre otros, a interceptar el "narcotráfico" cerca de la frontera con Venezuela.
La interceptación de los dos buques pesqueros sirvió para que Estados Unidos pusiera de manifiesto su acostumbrado e interesado injerencismo.
En una reunión que trató sobre el diferendo entre Guyana y Venezuela, su representante ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) declaró que "Estados Unidos condena la captura de dos pesqueros guyaneses por la Armada del gobierno de Maduro, y exigimos la liberación inmediata de esos buques y su tripulación. Estados Unidos apoya una resolución pacífica de la controversia territorial entre Venezuela y Guyana".
Venezuela no pertenece a la OEA, pero su Secretario General también exigió la liberación de los 12 ciudadanos guyaneses, así como las dos embarcaciones retenidas. También aseveró que "la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo no puede ser resuelta mediante acciones unilaterales".
Statement from @OAS_official General Secretariat on Illegal Detention of Guyanese Vessels by Venezuela https://t.co/6xXtQlCrZ4 pic.twitter.com/C2TM5dsZi8
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) January 27, 2021
Nadie le dijo a Almagro que, en 2011, Georgetown determinó hacer modificaciones a su plataforma continental marítima para explotación de petróleo sin haber previa nota a la cancillería venezolana. Tampoco que, un año después, el vecino país entregó el "Bloque Roraima" a la empresa trasnacional Anadarko para exploración petrolera, manteniendo en secreto la ubicación de la concesión misma que había sido paralizada tras una protesta de Venezuela entre los años 1999 y 2000.
Fue hasta 2013 que el Gobierno de Venezuela descubrió la ubicación frente a la fachada atlántica venezolana donde Guyana aplicó una línea divisoria con Venezuela con una inclinación aproximada de 30 grados (como se ve en el mapa a continuación) mientras que la Armada Bolivariana señala que, desde 1996, Venezuela ha asumido la inclinación de esta línea en 70 grados y ha ejercido soberanía sobre la zona. Esta delimitación no solo afectó a la fachada atlántica de la Guayana Esequiba, sino a la del estado Delta Amacuro.
A la entrega del bloque Roraima se sumó la reactivación de las labores de exploración petrolera en el bloque Stabroek (28 mil km2), concedido por Guyana frente a la fachada atlántica venezolana.
El jefe del ejército de Guyana dijo en noviembre de 2020 que nunca más se permitirá a las fuerzas extranjeras "apuntar" a las operaciones de exploración y producción de petróleo del país. Los militares de Guyana ordenaron recientemente uno de los dos helicópteros estadounidenses que serán utilizados "para fortalecer su defensa nacional", dijo la agencia estadounidense de cooperación en materia de seguridad DSCA en octubre pasado.
El extinto gobierno de Trump había estado duplicando su apoyo a Guyana en la disputa territorial con Venezuela, utilizándolo como otro flanco en su campaña para forzar la salida del presidente Maduro del poder.
Así lo dejaron ver las declaraciones ya mencionadas en la OEA y la visita de Mike Pompeo, entonces secretario de Estado de Estados Unidos, en septiembre de 2020. En aquel contacto buscaba apoyo a los esfuerzos del gobierno de Trump para derrocar al presidente Maduro y se establecieron acuerdos para fortalecer la inversión y la cooperación de Estados Unidos en materia de "energía e infraestructura", al tiempo que prometieron profundizar la cooperación en materia de seguridad marítima e interdicción del narcotráfico.
Pompeo elogió el apoyo de Alí al Grupo de Lima, el desprestigiado organismo regional de gobiernos satélites de Estados Unidos que han dirigido y apoyado las agresiones contra Venezuela.
¿Cuál sería el interés de Estados Unidos y sus dueños en el diferendo?
Cuando Pompeo visitó Guyana no solo lo hizo en el marco del estruendosamente fracasado plan golpista contra Venezuela, sino que combinaba otras dos motivaciones.
Una fue claramente descrita por Geoff Ramsey, del Washington Office on Latin America (WOLA), quien comentó: "La realidad es que estamos en una campaña electoral a nivel interno, y esta es una Casa Blanca que ve la política de Venezuela como inextricablemente ligada a su campaña electoral en Florida".
La otra motivación, de mayor peso, tiene que ver con la presencia de la multinacional Exxon en la creciente actividad petrolera del país vecino; el gigante petrolero hizo su primer descubrimiento de petróleo en el bloque Stabroek (26 mil 800 kilómetros cuadrados) en alta mar en mayo de 2015.
En 2018, la empresa suspendió los estudios sísmicos de una parte de Stabroek después del incidente naval con el buque Ramform Tethys. La embarcación perteneciente a la empresa noruega Petroleum Geo-Services (PGS), que realizaba inspección sísmica a nombre de Exxon, detuvo el trabajo de exploración y se dirigió hacia el este cuando un buque de la Armada Bolivariana lo abordó.
Exxon dijo que el incidente no interrumpiría sus operaciones de perforación y desarrollo a largo plazo dado que en aquel momento preveían 750 mil barriles diarios de producción de petróleo, a nombre de Guyana, en 2026.
En diciembre de 2019 ya la empresa había comenzado la producción en el yacimiento petrolífero de Liza, con capacidad para bombear 120 mil barriles diarios, y continuaba explorando la superficie cercana. Parte del bloque Stabroek, que abarca a Liza, se encuentra en el territorio en disputa.
Hoy día la trasnacional se encuentra bajo una importante presión debido a las importantes repercusiones de la pandemia global, a la fuerte caída de los precios del crudo y a la amenaza del pico de la demanda de petróleo. Analistas temen que Exxon, debido a su tremenda carga de deuda, se convierta en una "empresa zombi", es decir, que no genere suficientes ingresos de explotación para cubrir sus gastos de intereses.
En su lucha por sobrevivir en medio del prolongado desplome de los precios del petróleo reportó una pérdida de 2 mil 400 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2020 y un deterioro del flujo de caja.
Sin embargo, analistas como Matthew Smith afirman que todavía no es una empresa zombi porque aún puede impulsar la rentabilidad y el flujo de caja si mejoran las perspectivas de los precios del petróleo junto con su cartera globalmente diversificada de activos energéticos de calidad.
Durante septiembre de 2020, Exxon realizó su decimoctavo descubrimiento de petróleo en el bloque Stabroek y elevó su estimación de recursos petroleros recuperables a más de 8 mil millones de barriles. Es por ello que anunció en noviembre su intención de priorizar el gasto de capital en activos de alto valor, entre los que destacan sus operaciones en la cuenca de Guyana-Surinam y anunció que procedería a desarrollar el yacimiento petrolífero de Payara, en el bloque Stabroek, que entrará en funcionamiento en 2024 y tendrá capacidad para bombear 220 mil barriles diarios. En diciembre de 2020, Exxon había alcanzado su objetivo de producción para el yacimiento de Liza.
Entretanto, el pasado 17 de enero el diputado opositor a la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela y presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Timoteo Zambrano, informó que "Exxon pagó 15 millones de dólares para que ellos (el Gobierno de Guyana) demandaran a Venezuela en una corte que ellos no reconocen y nosotros tampoco".
En proceso: Reclutamiento de un país satélite
La relación de subordinación de Guyana hacia Estados Unidos está en proceso de maceración y la influencia de Exxon ha sido clave para perfilar el coloniaje.
Aun cuando la megacorporación y su sede matriz buscaron aceleradamente entrecruzar intereses políticos con los financieros ha habido matices, como cuando el expresidente David Granger se quejó públicamente de las presiones de Estados Unidos para que permitiera a la Voz de América instalar una emisora de radio en su territorio y transmitir mensajes de propaganda contra Venezuela.
Antes de la visita de Pompeo a ese país, la Asociación de Derechos Humanos de Guyana expresó su preocupación de que la nación de 740 mil habitantes pudiera quedar atrapada en medio de la disputa entre Venezuela y Estados Unidos declarando que:
"Alinear a Guyana con quienes buscan un cambio de régimen no solo amenaza las negociaciones legales de Guyana sobre la frontera, sino que también sería políticamente absurdo".
A lo interno ha habido críticas de parte de algunos sectores de Guyana porque el contrato con Exxon está alejado de algunas directrices de la misma élite económica global encarnada en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las violaciones más resaltantes son:
- El gobierno guyanés renuncia irrevocablemente a cualquier reclamación de inmunidad (Art. 25), arbitraje y procedimiento para reconocer o hacer cumplir un laudo arbitral (Art. 26).
- Exxon ha conseguido que el Gobierno de Guyana pague sus impuestos, también ha logrado proceder a la producción sin la concesión de un permiso ambiental como exige la ley.
- La extensión del bloque Stabroek excede el máximo permitido bajo una sola licencia (incluso si fuera legal) y viola la práctica internacional por el gran tamaño del superbloque producido por la combinación: 26 mil 800 kilómetros cuadrados.
- Se impuso una cláusula de estabilidad, formato colonial, en el que las multinacionales comprometen a los países a hacerlas inmunes a los efectos adversos de un eventual cambio de ley.
En febrero de 2020, la ONG Global Witness publicó un informe titulado "FIRMADO: Cómo el acuerdo de explotación de Exxon privó a Guyana de hasta 55 mil millones de dólares" que criticó el Acuerdo de Participación en la Producción (PSA) entre el gobierno de Guyana y Exxon en relación con el bloque Stabroek. También expresó su preocupación por las "circunstancias aparentemente sospechosas" que rodeaban la concesión de otras dos licencias relativas a los bloques Kaieteur y Canje, partes de las cuales fueron vendidas a Exxon en un plazo de meses a partir de la expedición de las licencias.
En virtud del Acuerdo, Guyana recibe 2% de regalías y un 50% de participación en los beneficios después de una deducción de hasta el 75% por gastos incurridos por Exxon. Por consiguiente, la participación de Guyana en los ingresos procedentes de las operaciones petroleras de Exxon es del 14,5%.
El informe pecaba de inexacto debido a que la volatilidad de los precios del petróleo dificultaría la predicción de esos precios durante el período del PSA. Además, el Acuerdo de París, adoptado por Guyana y 195 países más en 2015, obliga a eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles. Como este es el principal factor que contribuye al calentamiento global y los efectos adversos del cambio climático, los países se comprometieron a intensificar los esfuerzos para cambiar a fuentes de energía renovables.
En el informe también se examinaron otros detalles:
- La bonificación de firma de 18 millones de dólares que la administración Granger anterior negó haber recibido hasta que se enfrentó a las pruebas a través de los medios de comunicación.
- Aparentes conflictos de intereses que involucran a negociadores gubernamentales clave, así como cuestiones relacionadas con la conducta ética en sus tratos con Exxon.
Posteriormente, la ONG reconoció algunas de sus inexactitudes de cálculos y retiró el informe sin revocar sus críticas a lo desigual de la relación contractual. Ofreció disculpas declarando que está "redirigiendo sus esfuerzos a los efectos adversos del cambio climático".
Aunque los términos de los acuerdos y contratos entre Exxon y Guyana parecen mostrar otra cosa, en su visita Pompeo expresó que "cumplimos los contratos" agregando que "no nos dedicamos al capitalismo de amiguetes". Así supuraba la amargura que le causaron a su gobierno los múltiples y diversos acuerdos que Guyana y sus vecinos han realizado con China, atacando a los diplomáticos asiáticos como "poco fiables y depredadores".
¿Horizonte de guerra?
Aunque pareciera una disputa solo por recursos para la extracción, el verdadero motivo de la intromisión estadounidense proviene de la necesidad de presionar por el control de la región, mismo interés que prevalece en la fracasada campaña por tomar el control de Venezuela.
A ese plan le han sido funcionales los medios convencionales y sus redes de propaganda arguyendo que Venezuela, país petrolero, desea aumentar sus riquezas minerales cuando los 8 o 9 mil millones de barriles que se calculan para Stabroek son apenas el 3% de las reservas probadas de petróleo venezolano (verdadero objeto de deseo de trasnacionales como Exxon).
No es descartable que la nueva administración encabezada por Joe Biden intente salvaguardar los intereses de Exxon en Guyana, de hecho Georgetown tiene la intención de fortificar sus lazos militares con Estados Unidos, incluyendo, entre otras cosas, la compra de armas.
Analistas han pronosticado que un escenario de guerra entre ambos países de Suramérica es poco probable en la actualidad debido a que, aun con la negativa de Venezuela, el diferendo está en manos de un órgano judicial internacional como la CIJ y la misma Venezuela ha insistido, desde espacios como la CELAC, en decretar a América Latina y el Caribe como zona de paz.
Lo que también pareciera mantener su continuidad es la conformación de Guyana en un estado satélite de los intereses trasnacionales, que son los que mueven a cualquier gobierno de Estados Unidos, por lo que los intereses de Exxon serán los que determinen las acciones y reacciones de ese país en los próximos años tras haber aceptado condiciones írritas mediante acuerdos y contratos.
De los que esa y otras corporaciones han requerido saquear ha dependido la paz de países como Irak, Siria, Afganistán, Libia, pero, yendo más atrás en la historia, la masacre en Colombia y el golpe de Estado e invasión a Guatemala, patrocinadas por la entonces United Fruit Company, hoy Chiquita Brands.