En la rutinaria rueda de prensa de la Casa Blanca del pasado miércoles una periodista, casi al término del ciclo de respuestas, aprovechó para preguntar sobre el anuncio hecho por el presidente Nicolás Maduro en cuanto a la amplia investigación realizada para abordar distintos casos de corrupción en importantes organismos públicos y ramas del Estado.

En concreto, la periodista preguntó al Coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas, John Kirby: "¿Cómo afectaría esto a la actividad de Chevron en el país?" y si "¿Considera que es una investigación creíble la que viene del presidente Maduro?". La respuesta dada por Kirby fue la siguiente:

"Apoyamos los esfuerzos para erradicar la corrupción, incluso en Venezuela. Y vamos a seguir vigilando la situación a medida en que se desarrolle. En cuanto a Chevron, me gustaría señalar que proporcionamos una atenuación de las sanciones específica, limitada en el tiempo, para apoyar los esfuerzos con vistas a restaurar la democracia y aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano. La petrolera estatal venezolana no recibirá beneficios de la venta de petróleo ya que cualquier usufructo debe destinarse al pago de las deudas con Chevron. Y para más detalles les referiría a Chevron.

"Esperamos que cualquier investigación sea transparente, exhaustiva y lo más independiente posible. Acaba de empezar, así que no creo que vayamos a calificar la tarea aquí antes de que esté hecha. Pero...pero instaríamos a las autoridades venezolanas a hacer esto de una manera muy responsable, transparente y creíble".

Ante esto, distintos medios de comunicación publicaron grandes titulares en dos tonalidades, una con corte esperanzador y otra a manera de coerción directa, a saber: "EE.UU. apoya la investigación de Maduro por corrupción dentro del chavismo" o "EE.UU. pide a Venezuela investigar de forma transparente e independiente durante su operación anticorrupción".

Sin embargo, al observar la declaración de Kirby —que no estaba en el orden día— se deduce que no se trata de un reconocimiento al gobierno venezolano, como se ha intentado presentar, sino una aplicación automática de la narrativa con matices injerencistas circunscrita en "La estrategia de Estados Unidos para combatir la Corrupción", presentada por el presidente Joe Biden durante la Cumbre por la Democracia de 2021.

Dicha estrategia pone especial énfasis en formalizar las intenciones de Washington para extender su margen de acción hacia terceros países, justificándose de la siguiente forma: "Para que el gobierno de Estados Unidos combata de manera efectiva la corrupción contemporánea, debemos reconocer las dimensiones transnacionales" de dicho fenómeno. Incluso, la política de Biden establece la lucha contra la corrupción como un objetivo nacional fundamental de interés para la seguridad de los Estados Unidos, lo que se constituye como otra reactualización del excepcionalismo estadounidense.

Salvando las diferencias, a modo de ejemplo comparativo, es pertinente recordar que a finales de 2020 el embajador de Estados Unidos en Kirguistán, Donald Lu, elogió a los periodistas kirguises por su trabajo en el campo de las investigaciones anticorrupción al mismo tiempo que realizó comentarios críticos hacia las autoridades de ese país porque los objetivos que habían alcanzado en esa materia, según, no eran suficientes.

Si bien las opiniones de Kirby aún no muestran juicios de valor directo a las acciones anticorrupción iniciadas por el gobierno venezolano, visto desde otro ángulo el funcionario estadounidense asoma que más adelante la Casa Blanca podría instar al Estado venezolano a que el proceso sea "transparente", según su manipulada versión del fenómeno la cual ignora, como es habitual, el principio de no intervención.

Este tipo de pronunciamientos es más rutinario que excepcional. En tal sentido, no se trata de un reconocimiento al gobierno venezolano por vías retórica o fáctica, como se ha intentado vender, en vista de que días atrás anunciaban el encuentro del subsecretario adjunto del Departamento de Estado para el Cono Sur y la Región Andina, Mark Wells, y la prófuga de la justicia venezolana Dinorah Figuera, sobre quien recae la extensión del simulacro denominado "Asamblea Nacional de 2015".