El Tribunal Supremo de Justicia de Inglaterra decidirá el destino de las reservas en oro del estado venezolano que se encuentran en el Banco de Inglaterra (BOE, por sus siglas en inglés), recursos valorados en cerca de los 2 mil millones de dólares que son exigidos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro para fortalecer el sistema de salud en el contexto de la pandemia actual.

La causa en los tribunales comenzó este lunes 22 de junio, en el que representantes del Banco Central de Venezuela y del equipo de Juan Guaidó chocan por la obtención de los recursos venezolanos.

La pugna por quién adquiere dichos recursos empezó el año pasado cuando el gobierno británico se alineó con la política estadounidense de reconocer a Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente en enero de 2019. Desde entonces, el diputado de Voluntad Popular y su equipo ha reclamado los lingotes de manera ilegal a los ojos del derecho internacional.

Sin embargo, el elemento jurídico de la supuesta presidencia interina pierde fuerza si se toma en cuenta el bloqueo del oro venezolano como un proceso que inició en 2018, tras el desconocimiento de las elecciones presidenciales en las que Maduro resultó reelecto presidente constitucional de Venezuela.

¿Para qué son los recursos?

La demanda interpuesta por el Banco Central de Venezuela (BCV) al BOE contempla que del total de recursos en oro que se encuentran en sus bóvedas, una parte, equivalente a mil millones de dólares, sean transferidos al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para que el organismo multilateral gestione la compra de suministros y equipos médicos necesarios para combatir el nuevo coronavirus.

Esta maniobra de triangular con el programa de ONU es una de las tantas que ha tenido que aplicar Venezuela para sortear el bloqueo económico-financiero-comercial de Estados Unidos, política criminal que en los últimos años ha dado varias vueltas de tuerca para asfixiar a los venezolanos y con ello generar un esperado estallido (social y militar) que forzara la caída del chavismo.

Las medidas coercitivas unilaterales de los últimos años impiden el desenvolvimiento normal del estado ante el mercado internacional, puesto que las mismas imposibilitan la importación de alimentos, medicinas y demás recursos para sostener sectores estratégicos de la economía y la sociedad venezolanas.

Ante cada torniquete del gobierno estadounidense destinado a cortar los flujos de capital a Venezuela, se ha buscado otras vías para superar la crisis y responder a la población; a cada solución que se aplica se impone una nueva “sanción”. En esta guerra de desgaste los más afectados son los sectores más vulnerables de la población doméstica.

Son más de 140 mil millones de dólares en activos venezolanos los que se encuentran bloqueados o confiscados en bancos y empresas internacionales en el exterior.

En específico, el BOE mantiene secuestrado alrededor del 15% de las reservas de oro de Venezuela.

Ante este escenario, la llegada de la pandemia supone un reto mayor para el ejecutivo liderado por Nicolás Maduro y éste no ha dejado de agotar las alternativas para garantizar la contención del virus. Esto en algunos casos ha implicado triangular con otras naciones aliadas, empresas emergentes y un gran esfuerzo para traer medicinas, combustibles y demás insumos indispensables.

Antecedentes de la demanda

Desde finales del año pasado, el gobierno venezolano ha venido usando los recursos legales disponibles para recuperar las reservas en oro que se encuentran en el Banco de Inglaterra.

En enero del año pasado, contó a BBC Mundo Sarosh Zaiwalla, abogado del BCV en Londres, el presidente de la entidad bancaria venezolana Calixto Ortega y el entonces ministro de Finanzas, Simón Zerpa, viajaron a Londres para solicitar la devolución del oro. Ante esta petición legítima, la directiva del banco inglés se negó argumentando que su gobierno reconocía a Juan Guaidó “como presidente legítimo de Venezuela”.

Posteriormente, en febrero de este año, el gobierno británico se plegó a otras naciones para respaldar el reclamo por parte de Guaidó. Dos meses después, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó al BCV alegando que Maduro estaba usando el principal banco del país para “saquear” los activos venezolanos.

Según Reuters, Zaiwalla, que fue contratado en febrero para reemplazar otra firma de abogados, envió al BOE una carta en la que llama a facilitar la venta de mil millones de dólares del oro y a transferir el monto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que compraría los medicamentos y alimentos necesarios para la respuesta al Covid-19 en Venezuela, según los documentos presentados en el tribunal.

Ante la negativa de esta petición, el representante de Venezuela presentó en mayo una demanda legal contra el Banco de Inglaterra, argumentando que estaban negando al país sudamericano sus recursos en un momento de emergencia global, situación que en el caso venezolano se agrava más al no generar mayores ingresos producto del bloqueo.

Que el ejecutivo venezolano haya acudido al PNUD, como lo confirmó el organismo multilateral a Reuters, derrumba por donde se le mire la tesis de que el gobierno del presidente Maduro busca “saquear los recursos del país”.

Por lo descrito anteriormente, ni siquiera existe la posibilidad de que estos recursos sean administrados directamente por el estado, por el contrario, el interés principal es que se cubra la demanda de medicinas e insumos médicos.

Los otros actores en disputa

Mientras el gobierno del presidente Maduro busca la manera de vencer el bloqueo, Guaidó y sus representantes parecen caminar en la dirección contraria.

Desde que se autoproclamó como presidente en enero de 2019, su “acción de gobierno” básicamente se ha circunscrito a la creación de figuras jurídicas paralelas a las del estado constitucional de la República Bolivariana que, más allá de lo mediático, no tienen incidencia real en cuanto a la toma de decisiones internas y externas.

Además del apoyo de Estados Unidos y otras decenas de países, único argumento que esgrime desde su aparición como autoproclamado, hasta el momento no existe un referente de poder real, ni siquiera para negociar como actor político en iguales términos con las naciones que lo “reconocen” como “gobierno”.

En el caso de esta disputa, aparece como la otra parte que reclama el uso de los recursos en oro retenidos en el Banco de Inglaterra. Sin embargo, su figura es nula en tanto que no cuenta con un aparato estatal que lo sostenga para canalizar cualquier asunto.

El argumento presentado por el representante de Guaidó, José Ignacio Hernández, es que el gobierno británico los “reconoce” y que su equipo debería obtener los recursos para que la administración de Maduro no los “saquee”, una ironía cruel debido a que ha sido la parte opositora la que ha estado malversando fondos tanto de la “ayuda humanitaria” para Venezuela tan cacareada en los últimos años como de los bienes y acciones de las empresas venezolanas en el exterior.

Para contextualizar un ejemplo, basta decir el personal diplomático presente y reconocido por Gran Bretaña es el designado por el gobierno de Nicolás Maduro, situación que muestra las contradicciones de las autoridades del país europeo.

Hasta el momento, los organismos ajenos a Venezuela involucrados en el manejo de los recursos no se pronuncian o mantienen una postura neutral. Por una parte, el Banco de Inglaterra se desentiende y espera la decisión del tribunal, y por otra, el PNUD se mantiene al margen de lo que decida el BOE y el BCV.

Si bien la decisión de quién manejará los recursos venezolanos queda en manos del tribunal inglés, vale decir que su congelamiento y desbloqueo corresponden a una decisión política del gobierno británico. Aparentemente, este tribunal decidirá si cede los recursos a millones de venezolanos para contener la pandemia o mantiene el mantra de reconocimiento a Guaidó como “presidente” por orden estadounidense.