En la zona llamada Amazonía se encuentra 40% del bosque tropical del mundo, más especies de peces que ningún otro sistema fluvial y 25% de toda la biodiversidad planetaria, en un territorio ocupado por la cuenca del río más caudaloso del mundo.
El Amazonas y los 7 millones de kilómetros cuadrados distribuidos entre Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam y Guyana Francesa, son claves en un contexto de calentamiento global. Las amenazas a esa región también repercuten en las condiciones mínimas de reproducción de la vida global tal como es conocida.
Precisamente, su red de vida actúa como un sumidero de carbono: almacena más dióxido de carbono (CO2) del que emite, capta entre 90 mil y 140 mil millones de toneladas y libera oxígeno (O2), ciclo que ayuda a regular el calentamiento global, según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés). Brasil está entre los seis primeros países con mayor emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y la principal causa son los cambios del uso de la tierra que conducen a la pérdida de masa boscosa.
Unos 5,5 millones de kilómetros cuadrados de la Amazonía (65%) están en Brasil y constituyen más de la mitad del país, la llamada Amazonía Legal ocupa nueve estados y en 2005 albergaba a 55,9% de la población indígena brasileña, según la Fundación Nacional de Salud. De esto también se trató el reciente proceso electoral en el país más grande de Suramérica, de esto también se trata la reciente propuesta del presidente Nicolás Maduro de "iniciar un proceso de recuperación coordinada, eficiente, consciente y activa" de la cuenca. Así lo afirmó junto a los primeros mandatarios de Colombia y Surinam, quienes participaron el pasado martes 8 de noviembre en un diálogo regional de alto nivel.
"Amazonía como pilar de equilibrio climático y de la vida" se tituló el evento que se llevó a cabo en el Centro Internacional de Convenciones de Sharm el Sheik, en Egipto, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27). Allí se debatió sobre la responsabilidad de los gobiernos en la preservación y resguardo de la cuenca y las medidas que deberían tomar para garantizar que no sigan incrementándose las siguientes amenazas.
1. Deforestación e Incendios
Como resultado de la minería y la construcción de caminos ilegales, la tala indiscriminada y la usurpación de tierras para la agricultura ha avanzado de manera vertiginosa la deforestación y, con ella, los incendios de vegetación. Las alertas por deforestación en la Amazonía brasileña aumentaron casi un 50% en septiembre respecto al mismo mes del año pasado, según los datos oficiales divulgados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil.
Según esta misma institución, desde 2010 las cuatro peores cifras de incendios en agosto coincidieron con el gobierno del mandatario saliente, Jair Bolsonaro: 30 mil 900 focos en 2019, 29 mil 307 en 2020, 28 mil 060 en 2021 y 33 mil 116 en 2022, siendo Pará y Amazonas los estados más afectados. Más datos:
- Desde 1985 hasta 2020, la deforestación y la degradación afectan 26% de toda la región amazónica. De ese porcentaje, 20% (un área tres veces el tamaño de Francia) ha sido transformado principalmente en cultivos o pastizales para ganado.
- La última investigación del Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazonia (IPAM), de mayo pasado, arrojó que la deforestación de tierras públicas de la Amazonía brasileña, sin incluir las públicas estadales ni las privadas, se incrementó un 56,6% en promedio por año bajo la administración Bolsonaro desde 2019, y que hasta finales de 2021 se destruyeron 32 mil kilómetros cuadrados, es decir, la dimensión de 21 ciudades de Sao Paolo.
- Según el Sistema de Alerta de Deforestación, publicado mensualmente por el Instituto de las Personas y el Medio Ambiente de la Amazonía, en mayo de este año la superficie de territorio deforestado en Brasil aumentó 31% con respecto a mayo de 2021. Las regiones más afectadas son los estados de Amazonas, Pará, Mato Grosso, Rondônia, Acre y Maranhão.
- Las zonas forestales degradadas (que han sufrido algún daño sin dejar de ser bosque tropical) aumentaron un 67% con respecto a mayo de 2021.
Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina, en 2021 Bolivia perdió 161 mil hectáreas de bosque primario debido a la deforestación, Perú vio disminuir la extensión de su selva en 132 mil 400 hectáreas y Colombia en 98 mil hectáreas, con lo que concentraron los niveles más altos de daño al bosque tropical en 2021. Un informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada (RAISG) reporta que solo Brasil y Bolivia son responsables de 90% de la deforestación y degradación amazónica; en ambos países, la sabanización (transformación de los bosques tropicales en entornos similares a la sabana) es una realidad que impacta en 34% del lado brasileño y 24% del boliviano.
2. La extracción indiscriminada como origen
La ampliación de la frontera agrícola es una de las principales causas de deforestación. Entre los años 2001 y 2018 fue de 160% en tierras indígenas y de 220% en áreas protegidas. El WWF ha reportado que 15% del bioma amazónico se ve afectado por algún tipo de explotación minera o para la extracción de gas o petróleo, mientras que la RAISG ha reportado que 66% de la Amazonía está sujeta a otros tipos de presiones fijas o permanentes, como la minería, la industria petrolera, las centrales hidroeléctricas y la construcción de carreteras.
La amenaza más importante de todas es la minería del oro debido al empleo del mercurio en su refinamiento.
Además, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha reportado que un 80% de la pérdida de bosques en Brasil se relaciona directa o indirectamente con la ganadería debido a que es el mayor exportador de carne de res del mundo, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y de la Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne de Res. Se trata de 7% del PIB del país y de 4,6% de sus exportaciones.
Este último año, las áreas que tuvieron las mayores tasas de deforestación están cerca de las ciudades donde está la mayor concentración de cabezas de res de Brasil y son también las regiones que sufrieron más incendios, según el Instituto de Investigación Ambiental del Amazonas (IPAM). Las exportaciones de soja y carne han desatado graves transformaciones en el uso del suelo de sus bosques. Además, pese a ser relativamente nuevos, los cultivos de palma de aceite también han afectado la región. Se prevé que su crecimiento sea mayor en la región que cualquier otro producto.
Los bloques petroleros ocupan poco más de 9% de la cuenca, 80 millones de hectáreas que son equivalentes a casi dos veces el tamaño de Japón. En toda la región, un caso inquietante es Ecuador, donde más de la mitad de sus bosques amazónicos ya son, o están destinados a ser, un bloque petrolero. De allí proviene cerca de 90% del crudo exportado con destino principal a Estados Unidos, mientras Perú tiene 31% cubierto por campos petrolíferos, Bolivia con 29% y Colombia con 28%.
La revista Nature Sustainability ha indicado cómo un modelo desarrollado por científicos brasileños demostró que la apertura de áreas protegidas en la Amazonía para la concreción de proyectos mineros devastará 183 kilómetros cuadrados. Los investigadores mapearon 242 depósitos en la Reserva Nacional de Cobre y Asociados (Renca), un área creada por las autoridades en 1984 con la finalidad de proteger bienes naturales, y concluyeron que el escenario exigiría una deforestación indirecta (estimada como 40 veces mayor que la actividad directa). De esta manera el estudio contradijo los más recientes debates en el Congreso Nacional de Brasil y la posible autorización de la minería en áreas protegidas promovida por las facciones de Bolsonaro.
Perenco es una empresa petrolera dirigida por el piloto de carreras François Perrodo, una de las mayores fortunas de Francia. Cuenta con un amplio historial de denuncias por graves daños al ambiente y a poblaciones locales en África y América Latina, así como por su fuerte opacidad. También lleva años oponiéndose a la creación por parte del Estado peruano de la reserva Napo-Tigre para los pueblos en aislamiento. Junto al gobierno regional de Loreto y otros actores del sector de los hidrocarburos, está detrás de una peligrosa campaña pública contra la creación y protección de las reservas indígenas.
Algunas organizaciones indígenas han denunciado que pretenden posicionar a los propios peruanos contra los indígenas no contactados y revertir los derechos ya reconocidos a estos pueblos mediante la difusión de falsa información.
3. (Para)militarización, narcotráfico y pobreza
La explotación de los intereses económicos que fortalecen la supremacía del Norte Global no siempre procede de vías legalmente reguladas, esto es propiciado por la gran extensión de la cuenca amazónica, unida a la gran importancia y abundancia de recursos. Es así como en el territorio se han establecido mafias que pretenden adueñarse del control de lo recursos o de organizaciones dedicadas al narcotráfico que amenazan tanto la seguridad de sus habitantes como la posibilidad del cumplimiento de una legislación que garantice la adecuada explotación de los recursos.
Esta tensión social ha dado como resultado el asesinato de líderes locales en zonas como la Amazonía de Perú y Brasil, donde es mayor el riesgo. Un reporte de Global Witness ha evidenciado cómo tres de cada cuatro crímenes contra defensores ambientales tuvo lugar en la región amazónica de ambos países, que siguen sin ratificar el Acuerdo de Escazú. Este documento, aprobado en 2018 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2018, busca garantizar el acceso a la información ambiental, proteger a los defensores ambientales y asegurar la participación pública en decisiones ambientales.
En junio pasado fueron asesinados Dom Phillips, colaborador del diario británico The Guardian y el experto indígena Bruno Pereira, en el Valle de Javari, una zona remota cerca de Colombia y Perú, invadida por pescadores, cazadores, madereros y mineros ilegales, y descrita por la policía como una ruta clave para el narcotráfico. El delito resonó internacionalmente pero Bolsonaro lo ignoró. Brasil es el país en el mundo con más asesinatos (342), en estos últimos 10 años.
Analistas revelan que el gobierno de Bolsonaro propugnó la más grande devastación de la Amazonía, hasta convertirla en tierra sin ley, donde las quemas permitidas a los hacendados, la contaminación, la cacería, han sido incalculables. Sin ningún respeto por los territorios, se persiguieron a las familias indígenas, activistas y periodistas que en varios casos resultaron heridos o muertos por las "milicias bolsonaristas".
El presidente saliente prometió explorar el potencial económico del Amazonas y alentó a los ganaderos, agricultores y madereros a explotar y quemar la selva como nunca antes con una sensación de impunidad porque su gobierno relajó los controles ambientales en el país. Invisibilizando el avance arrollador del agronegocio y los entramados financieros que los sostienen refirió que los "incendios criminales" pudieron haber haber sido causados por organizaciones no gubernamentales para atraer críticas internacionales a su gobierno y que esas organizaciones "se sienten afectadas por la falta de fondos". Sin embargo agencias como el Observatorio do Clima sufrieron recortes presupuestarios por valor de 23 millones de dólares.
En Perú la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) publicó un reporte donde muestra que, en 2021, la siembra de hoja de coca avanzó especialmente en territorios indígenas, donde se reportaron 15 mil 380 hectáreas, de las cuales 11 mil 102 corresponden a comunidades nativas, 71% más respecto a 2020 y 4 mil 278 hectáreas a comunidades campesinas, 22% más respecto a 2020. Además, las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas, donde suelen estar asentadas muchas comunidades indígenas, incrementaron un 36% más respecto al año anterior, con un total de 12 mil 436 hectáreas de coca sembrada.
El narcotráfico actúa en sinergia con otras formas de economía ilegal y participa de la disputa directa por el control territorial amazónico debido a que ningún producto alternativo puede competir con la siembra de coca. Luego de la pandemia global la criminalidad se fue expandiendo en algunas zonas, de forma violenta. Prueba de ello son los 18 asesinatos en la Amazonía en dos años y medio, cifra récord en Perú.
En noviembre de 2017 el gobierno brasileño de Michel Temer junto a militares de Colombia, Perú, Estados Unidos y Brasil desarrollaron, por primera vez, la Operación América Unida en Tabatinga, zona de frontera de los tres países suramericanos que participaron (a menos de 600 kilómetros de territorio venezolano). Otros 22 países enviaron observadores militares a la operación que fue parte del AmazonLog 17: "...acciones conjuntas, multinacionales e interagencias por tropas y agencias brasileñas, colombianas, norteamericanas y peruanas, acompañados por militares de naciones amigas y empresas expositoras", es decir, empresas vendedoras de armas.
Los ejercicios militares multinacionales fueron precedidos por una gran feria de armas, claves en las áreas de seguridad y defensa, cuyo principal patrocinador fue Israel. El carácter puramente humanitario y de cooperación divulgado por el Comando Sur es difícil de sostener si se considera la dificultad y limitación de los países amazónicos para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y los enfrentamientos de estos grupos por la disputa de la ruta amazónica de la coca mientras poco se sabe de las acciones para disminuir la demanda y consumo de drogas.
Algunos analistas plantearon que estuvieron dirigidos al monitoreo y asedio de Venezuela, país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Por lo que las acciones para la preservación y resguardo de la cuenca apuntan a establecer criterios de unidad y soberanía regional.