Citgo y sus poderosas refinerías en Estados Unidos son el centro de una batalla jurídica que Venezuela tiene ya varios años librando en los tribunales estadounidenses para evitar su embargo.

Del otro lado del campo de batalla están las empresas multinacionales que alguna vez tuvieron concesiones para operar en el territorio venezolano, las cuales fueron revocadas por no cumplir con normas ambientales y laborales.

Las características de esta filial de PDVSA son bastante codiciadas: sus acciones están valoradas en 8 mil millones de dólares; cuenta con un complejo de tres refinerías en Louisiana, Texas e Illinois y una red de oleoductos que atraviesa 23 estados; suministra entre el 5% y el 10% de la gasolina que se consume en Estados Unidos.

Sobre la canadiense Crystallex, el pleito jurídico que detonó fue excluida legalmente de la explotación de la mina de oro “Las Cristinas” debido a irregularidades en los requisitos ambientales, en 2011. A partir de allí, se inició una compleja trayectoria de demandas que resultaron, cinco años más tardes, en un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) a favor de los demandantes.

A Venezuela se le exigió pagar un laudo arbitral de 1 mil 200 millones de dólares más intereses para resarcir a Crystallex por sus supuestas inversiones perdidas en el país. En marzo de 2017, el Tribunal del Distrito de Columbia reconoció la ejecución del laudo.

José Ignacio Hernández, quien después simuló ser representante de los intereses de la República en el falso gobierno de Juan Guaidó, trabajó para la transnacional minera y diseñó el argumento del “alter ego”, que sustentaría el reclamo de Citgo como forma de pago.

El caso llegó a los tribunales federales de Delaware y su resolución se complicó en 2019, con el ascenso de Guaidó en la estrategia de la Casa Blanca contra el gobierno venezolano. Al legitimar al “interinato” del diputado venezolano, también cambiaban la cara de los actores demandados en las cortes estadounidenses, reflejando un choque de intereses.

Leonard Stark, juez de la Corte de Distrito de Delaware, es quien tiene la última palabra sobre esta fase de la demanda y ya ha autorizado que Citgo sea rematada, acción hasta ahora bloqueada por el Departamento del Tesoro.

Perfil de Leonard Stark

El juez federal norteamericano Leonard Phillip Stark se graduó en 1991 de Licenciado en Ciencias Políticas y Económicas, y Máster en Historia en la Universidad de Delaware. Obtuvo un doctorado en la Escuela de Derecho de Yale en 1996.

De 1997 hasta el 2001 trabajó como asociado a la firma de abogados Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom y en 2002 fue asignado Fiscal auxiliar de los Estados Unidos para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el distrito de Delaware. Se desempeñó ahí hasta 2007, cuando pasó a ocupar el cargo de Juez de Paz para el mismo distrito.

Siendo presidente de EEUU, Barack Obama nomina el 17 de marzo de 2010 a Stark para el Tribunal del Distrito de Delaware, corte de primera instancia del sistema de tribunales federales estadounidenses.

Este tribunal “tiene jurisdicción para oír casi todas las categorías de casos federales, incluyendo tanto asuntos civiles como penales, dentro de los límites establecidos por el Congreso y la Constitución”. Los asuntos corporativos, comerciales y de patentes son los que más se dirimen en el distrito de Delaware.

El nuevo cargo de Leonard Stark fue ratificado por el Senado el 5 de agosto de 2010.

Según un cuestionario de candidatos judiciales respondido por Stark para el Comité Judicial del Senado, él acumuló una significante experiencia en litigios de fraudes y disputas de empresas de comercio en su paso como abogado de Skadden Arps.

Como juez federal de Delaware, dice en un artículo de Bloomberg, Leonard Stark se ha encargado de cientos de demandas de patentes.

En 2018, las empresas del sector farmacéutico y de dispositivos médicos fueron las que, principalmente, acudieron a resolver querellas ante el tribunal que dirige Stark; Pfizer Inc. y Bristol-Myers Squibb son las que más comparecieron, con 182 y 179 apariciones, respectivamente.

Stark vs. el Departamento de Justicia

Uno de los fallos que resuena en el pasado reciente del juez Leonard Stark es el que realizó en abril de este año, cuando bloqueó la petición del Departamento de Justicia de EEUU (DOJ, por sus siglas en inglés) de detener la compra de Farelogix por parte de Sabre.

Sabre Corporation es una empresa internacional de tecnologías de viaje que iba a adquirir, por 360 millones de dólares, a Farelogix Inc., que también pertenece al mismo ramo de negocios, especializada en servicios para aerolíneas.

El DOJ formuló una demanda alegando que la fusión era un intento de Sabre para eliminar a la competencia, ya que las dos compañías coinciden en un mismo campo comercial, por lo que representaba un daño a las leyes antimonopolio del país; Stark denegó ese argumento diciendo que los demandantes no pudieron demostrar que ambos actores de la venta se verían afectados por la presunta conducta anticompetitiva.

Finalmente, y por otras causas, el acuerdo de las empresas de viajes se deshizo el 1 de mayo. De todas formas, el DOJ pidió que la decisión del tribunal de distrito fuese anulada “por temor a su posible impacto en futuras demandas relacionadas con plataformas tecnológicas”.

Experiencia que sirve para construir una imagen de cómo el juez Stark interpreta los intereses corporativos y estatales, inclinándose en la mayoría de los casos a beneficio del sector privado.

El fallo en el caso de Citgo

Entre finales de 2016 y principios de 2017, Leonard Stark se involucró en la trama judicial que reúne a trasnacionales contra PDVSA y sus filiales en Estados Unidos, PDV Holding y Citgo Petroleum.

En diciembre de 2017, Reuters reseñó que los abogados de Crystallex habían “presentado las pruebas” ante Stark de que PDVSA y el estado venezolano eran una misma entidad (la estrategia del “alter ego” de José Ignacio Hernández, mencionada anteriormente), para así avanzar con el embargo de Citgo.

En agosto de 2018, Stark aceptó los argumentos de la parte litigante y aprobó la incautación de Citgo por parte de la minera canadiense, pero aplazó la ejecución de la orden para admitir que se realizaran apelaciones. Hace unos meses, en mayo de 2020, el juez federal autorizó seguir con la liquidación de Citgo.

La decisión evidentemente perjudica a la legítima institucionalidad venezolana, que se ha visto neutralizada por Washington, y asesta otro golpe al panorama económico del país, deteriorado durante estos años de persecuciones financieras, bloqueos comerciales y sanciones.

Pero también desvela la inoperatividad de Guaidó para defender el patrimonio nacional, exponiendo nuevamente su figura como un parapeto que justifica la piratería de actores corporativos extraterritoriales.

Recientemente, la administración Trump, en voz de Elliott Abrams y a escasas 11 horas de presentarse un fallo oral sobre la venta de Citgo, se opuso a la decisión de satisfacer el laudo arbitral de Crystallex porque dañaría “los objetivos de la política exterior de EEUU en Venezuela”. Con ese flojo argumento, el gobierno federal trata de persuadir al juez Stark.

Siguiendo la posición que ha tomado Stark ante el caso, Crystallex estaría a punto de concretar el remate de Citgo. Sin embargo, todavía queda por resolver si el Departamento del Tesoro le otorgará la licencia a la canadiense para que pongas sus manos en los bienes bloqueados al estado venezolano.

Desde afuera, los resultados de este juicio son observados por otras cuatro entidades de la petrolera estadounidense ConocoPhillips, mientras afilan las cuchillas para tomar parte en el botín saqueado.