Luego de haberse suspendido por un año, la mesa de diálogo instalada en México por parte del gobierno venezolano y la oposición nucleada en la Plataforma Unitaria dio un fruto sin precedentes durante el ciclo de conflicto que comenzó en 2013, con la asunción del presidente Nicolás Maduro al frente del ejecutivo. Los delegados de ambas partes rubricaron con sus firmas el segundo acuerdo parcial que no pocos podrían calificar de histórico.

Vía Twitter, el presidente Maduro afirmó que la firma del acuerdo "abre paso a un nuevo capítulo para Venezuela, en función de seguir avanzando hacia la paz y el bienestar que todas y todos los venezolanos anhelamos".

La firma del documento permitiría abrir el marco práctico para el descongelamiento de casi 3 mil millones de dólares secuestrados al estado venezolano en cuentas del sistema financiero internacional, con el fin de financiar programas sociales y humanitarios en Venezuela, bajo la gestión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esto confirma un hecho sin precedentes: un alivio parcial de las sanciones ilegales impuestas por Estados Unidos y sus socios europeos sobre la República Bolivariana.

Bien es cierto que la gestión de la liquidez financiera estará a cargo de un tercer actor (la ONU), sin embargo, esto se da por el planteamiento acordado entre las dos partes en conflicto, siendo uno el legítimo administrador de ese dinero (el gobierno venezolano) y el otro un factor nacional que asimismo representa los intereses de Washington (Plataforma Unitaria) en el contexto preciso de la mesa en México.

La afirmación anterior se puede corroborar con la emisión de la Licencia General N°41 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense, lanzada poco después de que se anunciara la firma del segundo acuerdo parcial en la capital mexicana, y relacionada con el petróleo venezolano.

La clave petrolera

Con la Licencia General N°41, Estados Unidos autoriza a Chevron a operar en Venezuela, con importantes restricciones pero que deben verse con lupa. En redes sociales y en la mediática oposicionista comenzó a arraigar la tendencia opinológica de que el estado venezolano no tendrá ingresos por la venta de petróleo por parte de compañía estadounidense. "Maduro no tocará ese dinero", dicen en modo celebratorio, dando a entender que se llevarían el crudo gratis.

Se ha reseñado en la prensa que "la autorización impide que PDVSA reciba beneficios de las ventas de Chevron", lo que significa una "burda manipulación narrativa", de acuerdo al analista de esta tribuna Franco Vielma, quien expresó sus consideraciones en torno a la licencia a través de Twitter. "Venezuela despacharía crudo en su territorio, Chevron se lo llevaría y lo vendería. Esas son sus ganancias. Así son muchos negocios petroleros".

Ello "no indica que Chevron no deba pagar por la extracción del recurso, acorde a la modalidad de sociedad con PDVSA en sus empresas mixtas. Para ponerlo más sencillo: si se lo llevan, lo deben pagar".

Para Betzabeth Aldana, investigadora de los mercados energéticos para Misión Verdad, el Apartado A de la Licencia General N°41 explica que se autoriza a la compra e importación a Venezuela de bienes o insumos relacionados con esta licencia. A esto se le incluye diluyentes, condensados, petróleo o productos de gas natural". Es conocido que Estados Unidos ha estado buscando productos derivados del petróleo para su propio mercado interno, de acuerdo a los reportes de ese país, que experimenta una escasez de dichos productos.

Ampliando el marco de lo anterior, dicha licencia también es una expresión de los primeros pasos para una posible apertura del mercado dominado por Estados Unidos en las Américas y Europa para el petróleo venezolano.

Vielma asimismo enfatiza que Washington "autoriza la 'compra de petróleo' a Venezuela, refiere importación de insumos y equipos a Venezuela (dentro de la Empresa Mixta). Esto también es un significativo beneficio".

Entre las restricciones, la medida estadounidense apunta a que Chevron no pagará ni impuestos ni regalías al estado venezolano. Para el también columnista, "ello sí implica una pérdida neta de ingresos, pero en las condiciones actuales con exportaciones evasivas al bloqueo, ninguna empresa que está trabajando de manera furtiva las está pagando".

Sigue: "Más bien el crudo venezolano se está vendiendo a descuento y con costosísimos fletes (por el factor de riesgo de operar al margen del bloqueo). El crudo despachado a Chevron no está previsto bajo condiciones de descuento, ni altos costos en fletes. Esto indica que, lo que el país deja de percibir en impuestos y regalías, tratándose de despachos a Chevron, lo recupera vendiendo a precio de mercado y sin lidiar costos de fletes. Esta Licencia, aunque sigue siendo una expresión abusiva del bloqueo, no deja de ser favorable".

Habría que acotar el hecho de que la figura de empresa mixta es la encargada de pagar los impuestos, hablando solo en términos tributarios. Chevron no suele pagar impuestos, sino las dos empresas mixtas donde PDVSA es el accionista mayoritario: Petroboscán y Petropiar, ambas con infraestructuras instaladas en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez.

Para concluir, Vielma acota otro beneficio adicional, y "es que Chevron tendrá que cumplir sus compromisos en bolívares en el país (como nómina y contratistas de servicios) canjeando dólares por bolívares en el mercado interno, alimentando el sistema cambiario. No es poca cosa en el contexto actual" en el marco de una subida inflacionaria producto de desajustes en el mercado cambiario.

A todo ello habría que sumarle una consideración política: la Licencia General N°41 deja por escrito que la estrategia de "máxima presión" y asfixia contra Venezuela fracasó. Que se pretenda instalar la emisión de esta decisión por parte de la OFAC como una derrota del gobierno de Nicolás Maduro es, citando a Vielma, "además de ridículo, una tétrica maniobra narrativa que sirve para propagandizar falsas expectativas entre incautos y desinformados".

La declaración conjunta sobre las negociaciones venezolanas en México, emitida por los máximos representantes diplomáticos Antony J. Blinken (Estados Unidos), Josep Borrell (Unión Europea), Mélanie Joly (Canadá) y James Cleverly (Reino Unido), resalta que "reiteramos nuestra voluntad de revisar las políticas de sanciones", condicionada por los resultados de la mesa de diálogo y negociaciones.

Esta declaración relaciona directamente el alivio escalonado que pudiera estar iniciando Estados Unidos en torno al bloqueo financiero y el embargo petrolero sobre Venezuela, teniendo en cuenta la deriva de los mercados energéticos en plena crisis de las cadenas de suministro. Situación de la cual el gobierno de Joe Biden es su principal responsable.