En 2007 se abrió por primera vez la válvula del Gasoducto Transoceánico "Antonio Ricaurte", que conecta a Puerto Ballena en Colombia con el lago de Maracaibo en Venezuela.
Para ese entonces el presidente venezolano Hugo Chávez proyectaba el gasoducto como la línea que uniría al Caribe con el Pacífico, a través de Panamá y Centroamérica. Un proyecto único e innovador en materia energética ideado con el propósito de aprovechar el potencial del gas venezolano con sus vecinos inmediatos.
A raíz de la normalización de las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia, algunas agencias de noticias han indicado que la posibilidad de reactivar el gasoducto "Antonio Ricaurte" se está manejando.
Aunque hasta ahora ningún comunicado oficial lo ha confirmado, más allá de la declaración conjunta binacional de enero que ubicaba la cooperación energética como uno de los pilares de la nueva etapa de las relaciones, un comentario de la ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, en una entrevista del pasado 18 de febrero para la revista Semana, permite inferir que el tema está siendo considerado:
"Tenemos una infraestructura de gas entre ambos países, pero no sabemos su estado. Se tendría que analizar todo eso antes de pensar si hay una posibilidad de compra o no. En este momento, ni la revisión de la infraestructura ni la posibilidad de compra son una realidad"
El planteamiento generó una reacción negativa en el expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien aseveró: "No puede ser que Colombia tenga que depender del gas natural de Venezuela", comentario contradictorio con lo que pensaba en 2007: "Colombia está firme en la integración, queremos menos documentos y más gasoductos; menos discusión y más obra", recalcaba el mandatario en aquel entonces.
El posicionamiento de Uribe muestra que el gasoducto está siendo blanco de presión, en un contexto de crecimiento del intercambio comercial entre ambas naciones, el cual entre enero y septiembre de 2022 alcanzó los 515,5 millones de dólares, traducibles en un aumento de 91% frente a lo registrado en el mismo periodo de 2021.
Este incremento en el intercambio de bienes y servicios, además de la eventual reactivación del gasoducto, preocupa a la oposición colombiana en general, no solamente al uribismo, que observa en el dinamismo de la relación bilateral un punto de soporte para el presidente Nicolás Maduro y, al mismo tiempo, un obstáculo que impide regresar al enfoque de choque y agresividad de años anteriores contra su investidura.
Pero existen múltiples piezas del rompecabezas del gasoducto entre Venezuela y Colombia que dan luces sobre el avance de un panorama de integración beneficioso para ambas naciones en el futuro inmediato:
- En agosto de 2022 el presidente del Grupo Energía Bogotá S.A. (GEB), Juan Ricardo Ojeda, comentaba que se está evaluando la reactivación del gasoducto y que, de concretarse esto, el GEB podría colaborar en las reparaciones necesarias para ponerlo en funcionamiento.
- Al inicio de 2023 se publicó la declaración conjunta entre Venezuela y Colombia, cuyo punto 6 indicaba que se revisarían los proyectos binacionales en materia de infraestructura para la conectividad, energía y producción y procesamiento de alimentos.
- Luego el medio español El País publicó que Ecopetrol estaba haciendo gestiones ante la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense para la emisión de una exención comercial con Venezuela.
- En enero pasado la ministra Irene Vélez asistió a un panel en el Foro de Davos donde explicó que el gobierno colombiano no concederá nuevos contratos en exploración y explotación por el compromiso de lucha contra el cambio climático. Asimismo, recién iniciado el gobierno de Gustavo Petro, Vélez no descartaba importar gas venezolano en algún momento.
- Hace unos días el ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Campo, comentó en una entrevista para Globovisión que "en el inmediato futuro sí hay posibilidades interesantes de que Venezuela exporte gas a Colombia".
- Luego el ministro de Comercio, Germán Umaña, explicaba en Semana que, por ahora, no existen negociaciones en esa materia pero "si se estudia el mapa del gas en Venezuela, están a 80 kilómetros de poder surtir a zonas que no tienen suficiente oferta en Colombia, con unas muy pocas inversiones, y por qué no podría haber esa complementariedad, o por la Guajira, donde existe la posibilidad de hacer esa transferencia. En el futuro puede existir esa complementariedad, no solo con Venezuela sino con los diferentes países".
Los números no mienten en el realineamiento comercial energético actual, los cálculos que hacen los gobiernos se basan en la durabilidad de sus reservas y las nuevas cuotas del mercado. Colombia, según el "Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa" de diciembre de 2022, tiene reservas gasíferas de máxima factibilidad de extracción y de perdurabilidad para siete a ocho años. En cambio, las reservas venezolanas tienen más de cien años de vida útil.
Debido a este escenario y al cambio que podría darse en el mercado petrolero en los próximos años, Colombia ve en Venezuela una fuente de abastecimiento de energía, en sincronía con la agenda gubernamental de la actual administración colombiana de generar un reacomodo en su matriz productiva, debido a que si Petro quiere lograr lo que su gobierno considera como transición energética, las reservas de gas que posee el territorio colombiano no son suficientes para esa política.
Además, el funcionamiento de este gasoducto sería a dos tiempos: en un primer periodo se direccionaría el gas a Colombia y en otro período se enviaría a Venezuela. De darse esto último, Venezuela podría ahorrarse más de 15 mil b/d de diésel para las plantas eléctricas al sustituirlos por el gas. Y a esto se suma la generación de ingresos complementarios, por vías distintas a las habituales, al Estado venezolano para continuar con su política de recuperación económica.
Venezuela es el hub de los recursos energéticos perdurables en un amplio margen de tiempo. En medio de los embates "sancionatorios" de Estados Unidos, la comercialización de sus hidrocarburos transcurre en un camino lleno de obstáculos, por lo cual la necesidad creciente de países con déficit energético presiona a Washington para flexibilizar su esquema de medidas económicas, financieras y comerciales.
Por ello, tres licencias OFAC han conducido a abrir algunas compuertas en la comercialización de gas venezolano para generar cierto alivio a los mercados energéticos: la licencia 40A que permite exportar y reexportar gas a Venezuela, la cual tiene vigencia hasta julio de 2023; la licencia 41 a Chevron para operar en Venezuela y venderle crudo a Estados Unidos; y la reciente licencia a Trinidad y Tobago para comprar gas venezolano son algunos de los pasos cruciales que reconfiguran el mercado gasífero en este lado de la región, donde productores y consumidores están acelerando la marcha en la búsqueda de nuevos socios para la compra y venta de ese hidrocarburo.
La ruta de los gasoductos cumpliría no solo un esquema formal de comercio entre países vecinos, también estaría dirigida a fomentar una mayor cooperación en otras áreas circundantes de las economías nacionales, lo que apunta a ampliar el mapa geopolítico de la integración regional que tiene a Venezuela y Colombia como puntas de lanza. La energía, commoditie de commodities, es un factor esencial para el desarrollo económico, tan caro a los planes de gobierno de los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro, y en ese sentido ambos países gestionan una influencia notable como productores y consumidores, respectivamente, en América Latina y el Caribe.
Una especie de simbiosis en el intercambio de recursos, bienes y servicios beneficiaría a ambos países, de la mano con la gestación de mecanismos sensibles a replicarse en la relación con el resto de naciones en la región. La puesta en marcha del gasoducto "Antonio Ricaurte" tiene el potencial de ampliarse a otros niveles de interconexión energética, según el que incluso Petrocaribe pudiera cumplir un papel pivote en dicho panorama, tratándose del Caribe.
El presidente Hugo Chávez decía cuando se inauguraron operaciones del gasoducto en cuestión que "se impuso la tesis de la solidaridad, que tiene que ser el pilar subyacente a la integración, y se procedió con generosidad mutua, como tiene que ser". Sí, y asimismo la motivación económica y comercial también puede jugar un papel fundamental en un contexto global de crisis energética por consecuencia de los mecanismos "sancionatorios" de Estados Unidos contra Rusia y otros países con grandes recursos y materias primas de innegable influencia en los mercados mundiales de commodities.
En ese sentido, los modelos de integración promovidos desde Venezuela tendrían una repercusión no solo regional sino también global.