A propósito de la Operación Especial Anticorrupción que se está llevando a cabo en Venezuela, se hace pertinente conocer con mayor profundidad el abordaje de la corrupción fuera de nuestro territorio, así como las regulaciones en la materia, específicamente en países que son poderosos aliados políticos y económicos. A continuación presentamos cuatro casos.
Rusia regula la lucha contra la corrupción principalmente por sus propias leyes
En la Rusia gobernada por el presidente Vladímir Putin la lucha contra la corrupción se ha intensificado en los últimos años de manera significativa, su legislación prevé diversas formas de castigo para los funcionarios corruptos, desde multas hasta prisión. Los períodos de aislamiento pueden ser de hasta 12 años y las multas pueden superar los daños causados en 60 veces.
La supervisión principal está a cargo de la Fiscalía General de la Federación Rusa, del Comité Nacional Anticorrupción, así como de las autoridades de seguridad del Estado, asuntos internos y aduanas, y está en vigor la Ley No. 273-FZ "Sobre la lucha contra la corrupción".
El año pasado Kirill Kabanov, presidente del Comité Nacional Anticorrupción, declaró que el programa de sustitución de importaciones en Rusia, lanzado para responder a las primeras "sanciones" ilegales impuestas por Occidente al país euroasiático en 2014 en relación con la crisis ucraniana, había fracasado.
"¿A qué se debe? Hay varias razones. En primer lugar, cuando nuestra élite se estaba formando en la década de 1990 seguíamos el principio de cooperación con Occidente. Toda nuestra élite se hizo prooccidental. A los funcionarios les encantaba repetir que sobreviviríamos gracias al petróleo y al gas y que no necesitábamos desarrollar nada. Es decir, nuestra élite creía que en Rusia podíamos vivir como en los emiratos, sin hacer nada. En segundo lugar, hemos llegado poco a poco al capitalismo. Lo que antes se llamaba 'robar' ahora se ha sustituido por 'ganar', por buscar rentas. Y esto se hace más eficazmente a través de la contratación pública, no invirtiendo capital en algún tipo de producción", explicó Kabanov en una entrevista.
El presidente Putin ha logrado resolver la mayor parte del problema de la oligarquía rusa, pero siguen existiendo casos delictivos que la involucran. Una de las formas recurrentes, nombrada como "ganar al entrar", implica la sobrefacturación de un proyecto con financiación estatal para luego comprar barato en el extranjero y entregar un producto de baja calidad. Como estas prácticas se anteponen a los intereses nacionales al impedir el desarrollo de la industria del país, y como en el marco de las "sanciones" el golpe de las mismas a la estabilidad interna puede ser aún mayor, la lucha contra la corrupción en Rusia se ha vuelto más relevante que nunca.
Un artículo del medio ruso Izvestia muestra los resultados que han tenido recientemente las investigaciones contra la corrupción en las instituciones rusas, basado en datos de la Oficina del Fiscal General de Rusia.
- De enero a marzo de 2022 se detectaron 2 mil 84 casos de sobornos, lo que representa un aumento de 20% con respecto al año anterior.
- De 2017 a 2021 el número de casos de "aceptar soborno" detectados aumentó de 3 mil 188 a 5 mil 20 —incremento de 57,5%—, mientras que el número de casos de "dar soborno" identificados aumentó de 2 mil 272 a 4 mil 499 —incremento de 98%—.
- Los casos de sobornos de mayor escala son los más difíciles de identificar puesto que involucran a funcionarios de alto nivel, dice Kabanov, quien fue consultado por Izvestia.
En 2022 el Comité de Investigación de Rusia procesó a 60 funcionarios por corrupción en el complejo militar-industrial y otras 250 personas fueron procesadas por corrupción en el ámbito de la contratación pública, reseña también el texto.
Hay que señalar que hace poco Rusia abandonó el Convenio de Derecho Penal Europeo sobre Corrupción, ratificado en 2006, debido a acciones ilegales que el Consejo de Europa tomó en su contra. En particular, el 23 de marzo del año pasado fue suspendida la membresía del país en el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), órgano del consejo, medidad que la llevó a perder la oportunidad de participar en las discusiones y también el derecho al voto. De todas formas, el retiro del acuerdo no afecta el trabajo para combatir la corrupción en Rusia, como lo hacen notar sus propias autoridades.
El modelo autodisciplinario chino
A principios de enero Pekín fue sede de la segunda sesión plenaria de la XX Comisión Central de Control Disciplinario del Partido Comunista Chino (PCCh), el organismo supremo para combatir la corrupción y el abuso de poder entre los funcionarios del partido. El presidente chino Xi Jinping subrayó:
"En aras del disciplinamiento a largo plazo del Partido, de la prosperidad y estabilidad perdurables del país y de la felicidad del pueblo, un autodisciplinamiento pleno y riguroso del Partido debe ser la estrategia a largo plazo y la prioridad constante del Partido".
En ese sentido, y con respecto a la lucha anticorrupción, dijo en la reunión que era imperativo lanzar iniciativas para "eliminar la notable corrupción sectorial, institucional y regional", pues es un factor de riesgo en la gestión gubernamental.
La corrupción en China se erradica no atacando a algunos funcionarios corruptos sin tocar a otros, sino sistemáticamente. De manera convencional, todos los funcionarios corruptos del partido se dividen en tres categorías: "Tigres", funcionarios de los órganos centrales del PCCh y del gobierno, grandes empresas estatales e instituciones financieras; "moscas", funcionarios de bajo rango en condados y distritos de ciudades; y "zorros", funcionarios que huyeron al extranjero con el botín. También están los llamados "ricos desnudos", funcionarios que han trasladado a sus familias fuera del país y escondido sus ganancias mal habidas en el extranjero.
Desde diciembre de 2012 están en vigor en el país ocho normas de conducta para los funcionarios. Las autoridades de control del país realizan inspecciones a los funcionarios en todos los niveles e informan periódicamente sobre el cumplimiento o la violación de las normas en todos los departamentos a escala nacional y regional, en los órganos del partido, las empresas estatales y las instituciones financieras. Si se confirman hechos de corrupción los infractores son expulsados del PCCh, destituidos de todos sus cargos, privados de títulos, procesados judicialmente y confiscados sus bienes.
Durante la campaña a gran escala contra la corrupción, que comenzó con la llegada al poder de Xi Jinping, más de 1,5 millones de miembros del PCCh fueron sancionados por tales violaciones, y 440 altos funcionarios administrados centralmente fueron investigados.
La pena de muerte como castigo para la corrupción estatal en China está vigente, pero se usa cada vez menos: La sentencia puede ser conmutada a cadena perpetua. En 2021 fue ejecutado el funcionario Lai Xiaomin, expresidente de la empresa estatal de gestión de activos China Huarong. La investigación encontró que mientras trabajaba en este puesto recibió sobornos por valor de 260 millones de dólares. El año pasado se determinó que el exviceministro de Seguridad Pública de China, Sun Lijun, había recibido sobornos por valor de casi 100 millones de dólares. Fue sentenciado a pena de muerte suspendida durante dos años.
Irán, Bielorrusia y el enfoque preventivo
Al igual que Venezuela, la República Islámica de Irán tiene que lidiar con dificultades económicas y financieras producto del bloqueo estadounidense. Dicha situación se ve exacerbada por casos de corrupción en el gobierno, el parlamento y las estructuras empresariales. Es por eso que uno de los elementos claves de la campaña del actual presidente de Irán, Ebrahim Raisi, fue trazarse la erradicación de la corrupción mediante el fortalecimiento del control hacia los departamentos y el endurecimiento de la persecución penal.
El jefe de Estado iraní es conocido por sus esfuerzos anticorrupción. Tras la Revolución Islámica de 1979 se incorporó a la fiscalía, empezando en Karaj, al oeste de Teherán, la capital iraní, y ocupó puestos nodales como fiscal de la provincia de Hamadán y fiscal de Teherán, antes de convertirse en Fiscal General de Irán en 2014.
Raisi dirigió la Oficina de Inspección General del país persa, centrada en la lucha contra la corrupción, y en 2019 fue nombrado jefe del poder judicial, instancia en la que asumió las tareas de castigar la inacción dentro del sistema judicial, destituir a jueces no cualificados, procesar a beneficiarios de la corrupción y juzgar a familiares de altos funcionarios corruptos, entre otras cosas. Estas acciones anticorrupción le han hecho tener un amplio reconocimiento entre sus partidarios.
La lucha contra el flagelo se ha convertido en una ocupación central de su gobierno. En una declaración en enero en la que explicaba el método para enfrentarla en todos los niveles, Raisi dijo que lo más importante en este esfuerzo es reformar las plataformas causantes: "Cuando se eliminen las fuentes, aunque se tenga la intención y el motivo de la corrupción, no podrán realizarla", señaló el mandatario. Para ello los funcionarios que investigan hechos delictivos a nivel interno deben examinar cuidadosamente los informes con denuncias para "tratar los factores corruptos y eliminar las fuentes que los provocan".
Un enfoque similar se está aplicando en Bielorrusia. La Ley de lucha contra la corrupción, emitida el 15 de julio de 2015, es el documento principal sobre la organización de actividades anticorrupción. El mismo fue sometido a cambios para mejorar los mecanismos preventivos de combate al problema, los cuales fueron aprobados el 30 de diciembre de 2022. En paralelo fue aprobada la Estrategia Anticorrupción en la 25° sesión de Coordinación de la Lucha contra el Crimen y la Corrupción, también apuntando a la identificación de los medios más exitosos para eliminar las causas y condiciones subyacentes al flagelo.
La estrategia presta especial atención a mejorar la cultura jurídica y la actividad de los ciudadanos y las organizaciones en la lucha contra la corrupción, según lo explicado por el fiscal general Andréi Shved durante una rueda de prensa. Al desarrollar el documento no solo se sistematizó la experiencia bielorrusa en la lucha contra la corrupción en las últimas décadas sino que también se tuvo en cuenta la experiencia internacional, incluidos Kazajstán y Rusia.
En materia de castigos, solo en 2022 se revelaron 1 mil 500 delitos de corrupción y fueron condenadas más de 700 personas, dato que significó un aumento de 19,2% con respecto a 2021. El mayor número de acusados fue procesado por malversación de fondos y abuso de poder oficial.