La brújula estadounidense sigue dando las direcciones por las que deben caminar algunos sectores de las oposiciones venezolanas, en específico los que tienen un canal directo con el establishment en Washington, D.C.

Uno de aquellos es el que representa María Corina Machado, quien decidió enlistarse en la "ruta electoral" con un verbo encendido de amenazas a la estabilidad, sostenido por un corretaje de elementos de la "sociedad civil" y agentes políticos que están dispuestos a llegar "hasta el final" para "cambiar de régimen".

Las primarias antichavistas la dieron como ganadora, aun con los visos de irregularidad y denuncias de casi todos los sectores políticos del país en torno a la ilegitimidad de sus resultados. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dejó sin efecto dicho proceso debido a infracciones probadas por el diputado José Brito del movimiento Primero Venezuela, sin embargo, Machado insiste en que es la candidata que enfrentará al presidente Nicolás Maduro en su intento de reelección el próximo año, apoyada por otras parcelas a lo interno de las dirigencias opositoras.

Pero el apoyo a su candidatura, írrita si tomamos en cuenta que se encuentra inhabilitada para ejercer cargos políticos y administrativos por 15 años, traspasa las fronteras venezolanas, allende el Caribe, en Norteamérica: tanto congresistas de la Florida (los senadores Marco Rubio y Rick Scott, entre ellos) como el responsable de la política exterior para el Hemisferio Occidental de la administración de Joe Biden, Juan González, han exigido que el Estado venezolano acepte la participación de Machado en los comicios presidenciales de 2024.

En específico, el representante del gobierno estadounidense amenazó con regresar al statu quo de las sanciones contra Venezuela, con el retiro de las licencias generales emitidas por el Departamento del Tesoro hace un par de meses, si no se habilitaba a Machado, un procedimiento que no podría ocurrir por las faltas incurridas de la dirigente de Vente Venezuela en términos pecuniarios y políticos.

Las evidencias de que la lideresa opositora ha cometido delitos contra la patria deberían ser suficientes para dar cuenta de que ella misma forjó su camino a la exclusión política. Pero su inhabilitación está relacionada a irregularidades en sus declaraciones juradas de patrimonio cuando ejercía su cargo como legisladora en la Asamblea Nacional.

Lo que sí está claro es que hay un consenso entre republicanos y demócratas en su apoyo a la figura de Machado como próxima contrincante del presidente Maduro. Una posición que no se puede desestimar debido a la vocería que ha tomado, dando luces de la condición subordinada a la "estrategia" que ha ajustado la administración Biden respecto a Venezuela.

En el redil del establishment estadounidense

A principios de año esta tribuna publicó un análisis sobre un paper del Wilson Center que argumentaba en torno a la "hoja de ruta" que debía tomar la Casa Blanca para direccionar mejor los pasos estadounidense con relación a la situación política venezolana.

Allí se demostraba que

"(…) el papel de trabajo no logra disimular del todo que el objetivo fundamental es una 'transición política' (p.5) con una 'transferencia de poder' (p.2), y la 'reconstrucción' (p.14) política y nacional, luego en la búsqueda de la superación de un 'período traumático que le ha hecho mucho daño a Venezuela, desestabilizado la región y dañado a millones de compatriotas' (p.20), de acuerdo a los cánones habituales del catecismo liberal, codificado en el marco ideológico del Partido Demócrata".

En ese sentido, Wilson Center recomendaba el apoyo a la mesa de diálogo entre el Gobierno Bolivariano y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) como mecanismo idóneo para presionar el "cambio de régimen". Con la adición de que, detrás de escena, había que tener a los actores de la “sociedad civil” dispuestos a ejercer esa presión desde las calles, con protestas y otras tácticas de condena a las instituciones venezolanas.

Continuamos en la pugna entre soberanía y tutelaje, entre autodeterminación y reconquista

Pero asimismo el think-tank radicado en Washington, D.C., con una ascendencia no menor en la toma de decisiones de la Casa Blanca (Antony Blinken, actual Secretario de Estado, forma parte de dicha organización), recomendaba instrumentalizar la llegada al poder de Lula da Silva en Brasil, Gustavo Petro en Colombia y Gabriel Boric en Chile para "reforzar las negociaciones" encaminadas hacia la "transición democrática".

Citamos la fuente, página 22 (las negritas son nuestras):

"Una nueva característica del panorama que podría ayudar a reforzar las negociaciones es la llegada al poder en Colombia, Chile y Brasil de gobiernos de izquierda que comparten muchos valores y experiencias históricas con Venezuela pero que, a diferencia del gobierno de Maduro, están comprometidos con la democracia y la protección de los derechos humanos. De hecho, a veces han sido críticos con el gobierno de Maduro y claramente favorecen una transición democrática. Los líderes de estos gobiernos (...) tienen credibilidad democrática y canales directos con el gobierno de Maduro".

En el mismo sentido, María Corina Machado enunció recientemente, en una entrevista con NTN24, su deseo de que Lula, Petro y Boric "contribuyan a la transición en Venezuela". Las declaraciones son calco y copia en papel carbón de las recomendaciones del Wilson Center, y están alineadas con las manifestaciones que hizo el mismísimo presidente chileno durante la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) en enero pasado.

La exhortación de Machado refiere a la migración venezolana, argumentado que la ola migratoria venezolana a tenido a dichos países sudamericanos como destino, y que este fenómeno "no se va a detener hasta que los venezolanos sientan que tienen un futuro en su país".

De ahí que la construcción de condiciones para negociar y enrumbarse a la "transición", como sugiere Wilson Center, tome en cuenta a la migración como un factor argumental para lograr el apoyo de los mencionados gobiernos progresistas para un "apalancamiento de la oposición" en el frente latinoamericano.

Es cierto que solo Boric ha declarado en torno a estos tópicos, y que Lula y Petro han reafirmado lazos de cooperación con la Presidencia venezolana, pero es de notar que Machado traiga a colación este ítem político en el marco de la "ruta electoral" que pregona seguir.

No en balde el Departamento de Estado y la propia dirigente opositora han apoyado oficialmente la firma de los acuerdos de Barbados, donde se llegaron a resoluciones en el área electoral de cara las presidenciales de 2024.

Sin embargo, lo más llamativo de la declaración de Machado es que pone en la palestra el elemento que será, nuevamente, el nervio central de la disputa político-electoral del año que viene: la pugna entre soberanía y tutelaje, entre autodeterminación y reconquista, presente en todas las batallas políticas desde el 5 de marzo de 2013 en adelante.

María Corina Machado ahora se encuentra en el centro de dicho paradigma y demuestra, una vez más, que se encuentra enfilada en la "hoja de ruta" que trazó un importante sector político-intelectual en Washington, D.C.

El redil está asentado, y Machado no tiene escapatoria alguna; se debe a la égida estadounidense y tiene que acatar las decisiones emanadas por la Administración Biden. Al tiempo que la Venezuela de Maduro gana terreno político, económico y comercial en la arena internacional asumiendo una posición soberana en torno a sus asuntos internos, como lo demuestra con la convocatoria al referendo consultivo del 3 de diciembre en defensa de la Guayana Esequiba.