La estrategia del gobierno del presidente Nicolás Maduro para afrontar los desafíos actuales en medio de las tensiones políticas se basa en la anticipación y neutralización de conspiraciones que busquen atentar contra el orden constitucional. Se parte de la premisa, respaldada por la realidad, de que algunos sectores opositores tienden a recurrir a tácticas desestabilizadoras de forma habitual.

En el contexto del proceso electoral en curso, se ha observado cómo los organismos de seguridad y de justicia han hecho públicos diversos planes relacionados con intentos de magnicidios, asaltos a instalaciones militares,  intenciones de insurrección política y violencia callejera.

En esta ocasión, las declaraciones del fiscal general Tarek William Saab revelan una trama de mayor gravedad, vinculada con una conspiración dirigida desde el partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado. La relevancia de este hecho radica en la histórica tendencia de la oposición antichavista a promover la insurrección y el caos bajo la apariencia de "desobediencia civil".

Las confesiones de Emil Brandt Ulloa, coordinador de tal partido en el estado Barinas, aportan pruebas de estas acusaciones. El dirigente local fue detenido recientemente en respuesta a las denuncias realizadas por funcionarias policiales y militares que fueron agredidas por él durante protestas violentas en Barinas el pasado 15 de enero.

En sus declaraciones reveló un plan meticulosamente elaborado para incitar a la violencia en Venezuela, con el objetivo de desestabilizar el país y generar caos. Según sus confesiones, Magalli Meda, jefa de campaña de María Corina, y Henry Alviárez, coordinador nacional de Vente Venezuela, dieron instrucciones el 6 de diciembre para llevar a cabo acciones perturbadoras con la intención de forzar la habilitación de Machado. Ulloa detalló que, junto a Alviárez, se contactó con el general retirado Oswaldo Bracho en Barinas para coordinar los eventos que involucrarían incluso la entrada de militares en el exilio desde Cúcuta a Táchira.

El detenido afirmó que si las protestas en la calle no tenían éxito, Alviárez junto a Julio Borges, Antonio Ledezma y Oswaldo Bracho implementarían la segunda fase, que incluía la participación de los militares exiliados. El objetivo sería crear una narrativa mediática nacional e internacional dirigida por el expresidente de Cantv, Fernando Martínez Mottola.

El "Plan hasta el final", como fue denominado por sus gestores, contemplaba utilizar gremios sindicales y estudiantes para incitar a una rebelión militar contra el Estado. Entre las acciones previstas se encontraban actos de calle violentos, quema de cauchos, contenedores y edificios públicos para provocar una respuesta de las fuerzas de orden público del Estado y nutrir la patraña de supuestos atropellos a los derechos humanos. Además, se tenía planeado atentar contra empresas energéticas del país.

Ulloa también reveló la existencia de un proyecto secreto denominado "Gran alianza territorial", coordinado por Dignora Hernández, secretaria política nacional de Vente Venezuela, cuya finalidad era producir acciones de calle para subvertir el orden establecido.

El financiamiento para estos planes proviene de algunas ONG extranjeras, siendo María Corina Machado la principal receptora de este dinero, confesó Ulloa. Cada vez que los máximos dirigentes realizaban visitas a las entidades, entregaban grandes sumas de dólares en efectivo para subvencionar las actividades planificadas. En particular, Ulloa recibió 18 mil dólares para la conspiración.

Cabe destacar que según información extraoficial reflejada por varios medios de comunicación, entre ellos Globovisión, el financiamiento provendría del banquero Nelson Mezerhane y el presidente de Banesco, Juan Carlos Escotet. Estos empresarios tendrían un fondo para apoyar la supuesta candidatura de la inhabilitada María Corina Machado y los hechos violentos de calle.

Este plan para emular las guarimbas de 2014 y 2017, como estrategia para abordar la inminente inhabilitación de María Corina, explicaría su comportamiento en las últimas semanas respecto a su estrategia de campaña, que pendulaba entre las amenazas al gobierno —haciendo llamados a una supuesta transición— y la incertidumbre que genera en sus filas el desconocimiento sobre los próximos pasos a tomar, sobre todo en lo que se refiere a su sustitución.

El nombramiento de un remplazante como candidato presidencial pareciera no estar en su agenda ya que, en realidad, nunca ha sido una alternativa medirse ante las instituciones democráticas formales del país. Todo esto forma parte de una farsa destinada a aparentar el cumplimiento de las demandas de los seguidores de la oposición, quienes esperan que sus dirigentes abandonen las vías de la antipolítica, mientras que solapadamente se conspira para tomar el poder de manera irregular.

Estamos hablando de una persona que ha pedido abiertamente sanciones contra el país, ha clamado por invasiones militares y ha apoyado paraestructuras fabricadas desde el extranjero que han saqueado los recursos nacionales. La aparición de nuevos actos perjudiciales en los que está implicada solo confirma la decisión acertada de las instituciones venezolanas al impedirle aspirar al gobierno del país.

El problema de este comportamiento, reiterativo en sectores de la oposición política venezolana desde hace 25 años, es que perpetúa el ciclo perverso de desconocimiento de la institucionalidad del Estado y perjudica no estrictamente el gobierno de Nicolás Maduro —como representante de uno de los poderes públicos— sino la misma armonía de la república, necesaria para materializar los planes de recuperación socio-económica que ya empiezan a concretarse en el país, pero que requieren el compromiso de todos los sectores, incluidos aquellos que hoy promueven vías violentas.

Lo más increíble de todo este entramado conspirativo develado en las últimas horas es que existan sectores políticos a lo interno del país que, por lo menos formalmente, siguen apostando por María Corina Machado y su liderazgo construido con base en el chantaje que representan los resultados de las primarias de octubre del 2023, y al que se ha sumado irreflexivamente el ecosistema de gobiernos antivenezolanos del continente, en una especie de globo de ensayo para una posible reedición del boicot internacional ya visto en el pasado reciente.

Por lo pronto, el cronograma electoral continúa y la vida democrática del país sigue su curso, sorteando los embates de sectores que pretenden legitimarse en virtud de encuestas y estudios de opinión cuando no a través de la violencia, y no incorporándose a las reglas democráticas establecidas por la república y que deberían ser el espacio desde donde se limen las diferencias políticas.