En el contexto de los recientes acontecimientos de alto voltaje en Venezuela, la estrategia de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en las elecciones presidenciales del 28 de julio ha revelado el verdadero significado de la expresión "hasta el final".

En una alocución posterior a los comicios, el presidente Nicolás Maduro ofreció un análisis detallado sobre la violencia que rodeó este evento electoral.

Presentando pruebas contundentes, el mandatario argumentó que las protestas y los ataques sistemáticos no son meras reacciones espontáneas estimuladas por la narrativa del fraude, sino que forman parte de un plan insurreccional coordinado, diseñado con el objetivo de desestabilizar integralmente al país. 

El Jefe de Estado describió el plan premeditado que se ha estado ejecutando antes, durante y después de los comicios, en el que grupos previamente organizados buscan generar un clima de caos y desconfianza.

"Hicieron todo lo posible para un escenario violento", afirmó, describiendo un sabotaje avanzado a los servicios públicos del país con el objetivo de provocar un apagón nacional y minar la capacidad de la población de ejercer su derecho al voto.

Maduro señaló un grupo que actúa con un alto grado de coordinación y planificación. La captura de decenas de personas involucradas en actos de violencia, muchas con antecedentes penales y alterado por el consumo de drogas: la evidencia la ofrecieron ellos mismos.

La descripción de los participantes en los hechos de violencia como "drogados, exacerbada la personalidad y con órdenes precisas de dónde atacar, de qué atacar"contribuye a desentrañar la naturaleza criminal de la amenaza en ciernes contra el país. Se trata de grupos organizados, manipulados y con la intención de intimidar y amedrentar a la población.

El elemento del financiamiento externo, "les están pagando por día ciento cincuenta dólares", es clave para comprender la dimensión internacional que denunció este intento de desestabilización. Una conspiración que va más allá de las fronteras nacionales y que busca, como en episodios anteriores, socavar el proceso democrático de Venezuela.

La táctica de la violencia políticamente focalizada ha trascendido la mera afectación a la infraestructura eléctrica, y se ha extendido a arremetidas directas contra centros electorales y las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta dinámica de agresión no se limita a tales espacios sino que también se dirige hacia instituciones, organismos de seguridad y bienes de uso público, lo que evidencia un patrón sistemático de desestabilización, el bucle de 2013, 2014, 2017 y 2019.

Comanditos fascistas de María Corina Machado prenden fuego a la sede del CNE en Coro, estado Falcón. Lo de ellos jamás ha sido electoral, es pura violencia fascista. pic.twitter.com/7XX7RlpVaF

• En Guacara, estado Carabobo, un grupo encapuchado atacó la sede de la policía, destruyendo patrullas y generando caos en la localidad. 
• En la avenida Fuerzas Armadas de la ciudad de Caracas se atacaron unidades del metrobús que habían sido reinauguradas recientemente.

• La alcaldía del municipio Jiménez, estado Lara, fue vandalizada por grupos violentos. 
• Otro reporte registra daños en la infraestructura de un gimnasio vertical en el estado La Guaira, un espacio cultural y deportivo recientemente inaugurado que estaba destinado a atender a niños del Sistema de Orquestas Simón Bolívar, así como a atletas juveniles.

• Los CLAP, vitales para la distribución de alimentos en medio de la crisis económica, tampoco han escapado a estos ataques. En Macarao, una parroquia caraqueña, fue incendiado un centro de acopio de alimentos.
• Del mismo modo, un hospital en la parroquia Coche, Caracas, fue quemado por grupos vandálicos.

"Yo estaba calculando, porque yo conozco bien este tema, y han impactado como 10% de lo que hicieron ellos en el 2013 con Capriles, en el 2014 con la Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma, y en el 2017 con Julio Borges y toda esta gente", dijo el presidente Maduro.

Estos actos no solo persiguen la desestabilización del entorno político sino que también constituyen un intento deliberado de erosionar la identidad y la historia del chavismo. Esto se evidencia en la ofensiva dirigida contra estatuas del Comandante Hugo Chávez y las sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en diversas regiones del país, mientras busca analogías simbólicas forzadas con escenas que pudieron haberse visto a inicios de los años noventa en Europa Oriental, solo que ahora en el inmediatismo de las redes sociales.

La violencia ha escalado rápidamente hacia crímenes de odio, como lo ilustra el relato de la agresión brutal sufrida por un transeúnte en la plaza O’Leary, Caracas. Un grupo que lo quiso señalar de "colectivo" intentó llevar a cabo un linchamiento contra la víctima, pero la pronta intervención de otros ciudadanos logró salvarlo de un destino fatal.

Además, se han registrado actos de acoso armado dirigidos contra líderes de estructuras políticas locales, como jefes de consejos comunales, miembros de los CLAP y representantes de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH). Un patrón de hostigamiento que pretende intimidar e inhibir a la organización popular en las comunidades.

Lo que distingue este evento de protestas anteriores es la inédita y alarmante velocidad con la que organizaciones armadas y grupos criminales han tomado el control de las manifestaciones. A diferencia de años pasados, cuando la "sociedad civil" controlaba y dirigía la puesta en escena, en esta ocasión hemos sido testigos de cómo estos grupos violentos han desplazado a los manifestantes "tradicionales" para convertir las calles en auténticos campos de batalla.

Estas agrupaciones no actúan de manera aislada; por el contrario, tienen una conexión directa con los denominados "comanditos" organizados por Vente Venezuela.

Las acusaciones del presidente Nicolás Maduro subrayan esta realidad. Las personas capturadas en recientes operativos están vinculadas a organizaciones delictivas, poseen antecedentes penales y fueron incorporadas a los "comanditos", lo que pone de manifiesto la estructura organizada detrás de estos actos violentos. A su juicio, tales agrupaciones han recibido financiamiento turbio —el Presidente señaló a redes de narcotráfico colombianas—, lo que ha permitido su activación y expansión.

"Todos formaban parte de los famosos ‘comanditos’. Estamos frente a una organización delictiva, el narcotráfico colombiano metió mucha plata con droga para activar estos grupos delincuenciales".

Este es el desenlace de un plan que ha sido objeto de denuncias reiteradas. Edmundo González Urrutia, María Corina Machado y su grupo no pretendían participar en el proceso electoral con el propósito de buscar el respaldo popular a través del voto. Su enfoque fue la organización de estos "comanditos", y utilizaron la campaña electoral como vehículo para articular grupos delincuenciales contratados con fines abiertamente terroristas.

El objetivo final es el golpe de Estado, para lo cual la escalada de violencia es herramienta principal.

En la situación actual, el gobierno de Venezuela está implementando acciones firmes para prevenir la repetición de episodios de violencia similares a los ocurridos durante las guarimbas en años pasados. Reconociendo la alta probabilidad de que tales eventos se repitan, las autoridades han reforzado su monitoreo y su capacidad de respuesta ante cualquier intento de desestabilización promovido por sectores extremistas.

El presidente Maduro ha enfatizado la importancia de la unión cívico-militar-policial en la defensa del país. "Esta película la conocemos", ha dicho, refiriéndose a la experiencia acumulada frente a intentos de golpe de Estado y actos violentos a lo largo de los años. Desde el golpe de Estado en abril de 2002 hasta las guarimbas de 2014 y 2017, se ha aprendido a identificar y contrarrestar estas tácticas.

El compromiso del gobierno venezolano es claro: no permitir que se repliquen los episodios de violencia que han marcado la historia reciente del país.