Ucrania se ha establecido como un Estado forajido no declarado oficialmente, a la luz de las leyes internacionales vigentes. Ha incumplido todas sus obligaciones en términos judiciales y jurisprudenciales, incluidos convenios, protocolos, resoluciones, declaraciones, iniciativas, normas, pactos y decisiones de organismos de los que forma parte o ha sido signatario.

El actual régimen de Kiev llegó mediante el golpe de Estado del Euromaidán en 2014, lo que desde entonces condujo a una serie de crímenes de lesa humanidad y de guerra sobre la población del Dombás, así como contra partidos y grupos políticos filorrusos en toda Ucrania, enmarcada en una política sistemática del gobierno.

No obstante, pareciera haber una connivencia por los crímenes ucranianos en los organismos internacionales de naturaleza occidental, quienes han actuado con "doble rasero".

Sin mostrar pruebas sólidas en su contra, el presidente Vladímir Putin fue objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en 2023, mientras que los presidentes ucranianos después desde 2014 hasta la actualidad ni siquiera son considerados en los pasillos de este tribunal. La parcialidad, en este caso, es evidente a favor de unos intereses y en detrimento de otros.

Pero este cuadro se ve con mayor claridad si echamos un vistazo a las violaciones por parte de Kiev a distintas leyes, normas y dictámenes de instituciones internacionales, como la Resolución 2202 del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual aprobó el "Conjunto de Medidas para la Aplicación de los Acuerdos de Minsk" el 12 de febrero de 2015.

En este caso Kiev utilizó el proceso de negociaciones de paz en Minsk para reorganizar, armar e instruir las fuerzas armadas de Ucrania y otros grupos armados de extrema derecha, preparándose para una escalada militar contra Rusia y contra las milicias del Dombás. Así lo confesó el expresidente François Hollande, quien junto a Petr Poroshenko —entonces presidente ucraniano— y Ángela Mérkel —excanciller alemana— participó en el "formato de Normandía".

Los Acuerdos de Minsk se establecieron, precisamente, para detener el baño de sangre que estaba provocando el gobierno de Poroshenko, y posteriormente el de Vladímir Zelenski en el Dombás, con sistemáticos bombardeos y ataques terrestres que infringían los Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo adicional de 1977, además de las normas internacionales de derechos humanos, ya que no solo asesinaba civiles como doctrina militar sino que también impuso un bloqueo económico y de toda ayuda humanitaria a las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk.

Las atrocidades cometidas por las fuerzas ucranianas —antes del despliegue de la Operación Militar Especial rusa— han sido recopiladas en testimonios de las víctimas por la Comisión de Investigación de la Federación Rusa.

Contra civiles y militares por igual

Los bombardeos contra civiles continúan hasta la fecha. Kiev asesina diariamente a personas de todas las edades, géneros, oficios, incluido personal médico y humanitario, pero también destruye instalaciones críticas e infraestructuras de uso ciudadano como escuelas, hospitales, urbanizaciones residenciales, centrales eléctricas e hídricas, en Donetsk y Lugansk.

Las fuerzas ucranianas y grupos armados de tendencia neonazi como la Brigada Azov han usado a los civiles del Dombás como "escudos humanos", incluidos niños y adultos mayores, además de ocupar las instalaciones antes mencionadas como refugio o ariete. De esta manera siguen violando los Convenios de Ginebra y los Protocolos adicionales, relacionados a la imposición de zonas de guerra en áreas cívicas, prisioneros de guerra y personas protegidas en conflictos armados internacionales.

Ese mismo trato inhumano lo suelen replicar contra militares rusos bajo su custodia, heridos o aprisionados, acciones que quebrantan lo suscrito en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984.

El ejército de Kiev también llena de minas-trampa, antipersonas y antitanques a los arcenes entre poblaciones, instalaciones civiles e infraestructuras vitales como carreteras, puentes, o escuelas y hospitales, plazas y sitios de reunión cívica, acciones que violan constantemente la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales de 1980 y su Protocolo II, la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal de 1997 y el Protocolo adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales.

Incluso el régimen de Ucrania rompe con 26 Disposiciones del Documento de Viena 2011 sobre Medidas Destinadas a Fomentar la Confianza y la Seguridad de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, más el Código de Conducta sobre los Aspectos Político-Militares de la Seguridad de la misma institución, el cual exige que se evite causar daños a civiles o sus bienes, así como el uso de las fuerzas armadas dentro del país para privar a sus habitantes de su identidad nacional, religiosa, cultural, lingüística o étnica.

Así, Kiev se ha involucrado en un ciclo de violencia terrorista de manera oficial contra la población civil en Ucrania, el Dombás y Rusia. Ello transgrede la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 28 de septiembre de 2001 y la Resolución 1566 del 8 de octubre de 2004 de la misma instancia, ya que el uso del terrorismo por la parte ucraniana es cotidiano y sistemático.

Otras normativas internacionales que el gobierno ucraniano ha quebrantado en relación con el terrorismo son:

• Resolución 1624 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 14 de septiembre de 2005.

• Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas de 1997.

• Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999.

• Decisión del Consejo Permanente de la OSCE Nº 1063 "Marco Consolidado de la OSCE para la Lucha contra el Terrorismo" del 7 de diciembre de 2012.

• Declaración del Consejo Ministerial de la OSCE sobre la Intensificación de los Esfuerzos de la OSCE para Prevenir y Combatir el Terrorismo, del 8 y 9 de diciembre de 2016.

• Declaración de Dublín de 2012: "Fortalecimiento de la Buena Gobernanza y la Lucha contra la Corrupción, el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo".

• Lo anterior se conecta con la vulneración de la Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas de 1997 y la Convención sobre la Prohibición de Armas Biológicas y Toxínicas de 1975, pues Kiev ha usado armas químicas contra personal militar y civiles de Rusia y el Dombás, y Ucrania ha fungido de sede para grandes actividades biológico-militares de Estados Unidos, utilizando los patógenos de infecciones más peligrosas y económicamente significativas que son los agentes potenciales de las armas biológicas, lo que podría tener consecuencias catastróficas, con tendencia a la expansión del desastre en la región euroasiática.

Otros frentes infringidos

Las obligaciones internacionales del gobierno de Zelenski han sido ignoradas o abiertamente atropelladas tanto en el plano militar y civil como desde el punto de vista económico y comercial, y tratan de aplicar la estrategia de pinzas a la población del Dombás con un bloqueo de carácter criminal, incluido el acceso a alimentos y agua potable.

Pero también la Iniciativa del Mar Negro fue pisoteada como táctica geopolítica, cuando el grano ucraniano se exportó principalmente a los países con niveles de renta altos, mientras que los suministros a los Estados más pobres representaron menos de 3% del total. Los objetivos humanitarios del acuerdo fueron desestimados desde el principio.

Se vuelve a comprobar que las armas no siempre son de fuego. Con estas acciones, Ucrania ha violado, entre otros:

• Iniciativa del Mar Negro y Memorando de Entendimiento del 22 de julio de 2022.

• Normas internacionales que rigen el comercio multilateral y compromisos asumidos por este país en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

• Programa Hidrológico Intergubernamental de la Unesco.

• Documento Estratégico de la OSCE para la Dimensión Económica y Medioambiental, Maastricht de 2003.

• Declaración de Madrid de la OSCE sobre Medio Ambiente y Seguridad de 2007.

Las normas de las áreas económica y comercial, pero también medioambientales, no tienen consideraciones para Kiev, cuyas principales autoridades asimismo se han convertido en los principales violadores de derechos humanos en el mundo desde 2014.

La cantidad de convenios, pactos, declaraciones, principios, recomendaciones, cartas y documentos que conculca consecuentemente Ucrania, porque su Estado ha expulsado totalmente la lengua rusa y todo lo que es ruso del ámbito de la educación, supera la quincena, incluida la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 1965, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, o la Declaración de la ONU sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas de 1992 y la Declaración de la Cumbre de Estambul de 1999.

Entre muchas otras, Kiev oprime las creencias religiosas de la Iglesia Ortodoxa y promueve, a nivel estatal, ideologías conculcantes con el neonazismo y el extremismo nacionalista ucraniano, en un desafío a la Convención de la Unesco sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de 2005.

Ni hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que defiende el periodismo independiente, se posiciona contra la tortura de civiles —incluidos infantes, ya que también viola la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989— y contra la trata de personas. En Ucrania se ha registrado un aumento sin precedentes del esclavismo moderno, incluidas las mujeres y los menores, y de la "transplantología negra".

Los derechos humanos más fundamentales han sido quebrantados por el régimen ucraniano, con decenas de normas y marcos judiciales en la lista de incumplimiento oficial.

Pero tan lamentable como los crímenes cometidos sistemáticamente por Kiev es el silencio y la inacción de las instituciones internacionales competentes, colonizadas por los intereses estratégicos de Estados Unidos, orientados hacia la destrucción de Rusia.