En rueda de prensa la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, informó los detalles sobre la jornada de sabotaje contra infraestructuras críticas de la industria petrolera y gasífera nacional durante los días 10 y 11 de noviembre en distintas partes del país.

Hasta el momento han sido detenidas 11 personas. La Ministra calificó a los responsables de "extremistas antivenezolanos" y alegó que dichos factores trabajaron en connivencia con "bandas internas", las cuales están siendo investigadas y atacadas por el sistema de seguridad industrial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Los hechos

En horas de la mañana del domingo 10 de noviembre hubo el lanzamiento de una granada —sin detonar— en las instalaciones del Muelle Norte de PDVSA, cerca del campo Zulima, municipio Lagunillas en la Costa Oriental del Lago, estado Zulia.

Ese mismo día, en la tarde, se produjo un incendio provocado en el área del Mejorador de la empresa mixta Petrocedeño, el más grande para procesar el crudo proveniente de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, ubicado en el Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui (CIJAA).

A las 10:40 de la mañana del lunes 11 de noviembre se registró un incendio en el gasoducto de 26" Muscar-Soto, perteneciente al Complejo Operativo Muscar de la División Punta de Mata, situado en el municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas.

Tanto la Vicepresidenta como el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, informaron que un equipo técnico multidisciplinario ha desplegado un plan de acción en tres frentes simultáneos, trabajando 24 horas al día con el equipamiento necesario, desde el mismo momento cuando fueron registrados los siniestros con vistas a recuperar las instalaciones dañadas y retomar las operaciones de producción y distribución con celeridad.

• En Monagas hubo cinco trabajadores heridos por el incendio provocado.

Impacto económico

Si bien el primer incidente no tuvo repercusiones, los siguientes dos tuvieron un importante impacto negativo desde el punto de vista económico, el cual se desglosa de la siguiente manera por áreas afectadas:

• Petróleo y gas: 157,8 millones de dólares

• Industria petroquímica: 55,8 millones de dólares

• CVG y empresas básicas: 29,8 millones de dólares

• Servicio eléctrico: 3,5 millones de dólares

En total, se calcularon 246,9 millones de dólares en pérdidas para la economía nacional por los crímenes contra la principal industria de Venezuela.

Sin embargo, dijo la Ministra, aun está por contarse la incidencia sobre otros "sectores industriales y de transporte", aunque "gracias a los planes de contingencia que tenemos hemos logrado atender la distribución de diésel y garantizar la afectación mínima en el sistema eléctrico".

Daños y repercusiones

El ataque infructuoso en Zulia tenía como objetivo la interrupción de las operaciones de producción de crudo y gas que surte la dieta del Centro de Refinación Paraguaná (CRP), estado Falcón.

Recordemos que el CRP está conformado por las refinerías Cardón, Amuay y Bajo Grande, y es el conglomerado refinador más grande de América y el segundo del mundo. En sus instalaciones, el crudo se transforma en gasolina, diésel, asfalto y otros derivados para su posterior distribución nacional.

El sabotaje en el estado Anzoátegui dio lugar a un incendio que, por medidas de prevención, provocó la respectiva parada de emergencia según los protocolos, decisión que detuvo los procesos de mejoramiento y refinación para la producción de diésel, lo cual repercute negativamente en la distribución del combustible requerido por los sectores automotriz, agroalimentario e industrial, cuyo impacto sobre el consumo nacional es de 25%.

Asimismo, el Mejorador de Petrocedeño produce el crudo Leona, extraído de la Faja, para luego ser trasladado al CRP.

La explosión, producto del sabotaje, y el incendio a gran escala en el Complejo Operativo Muscar afectaron la infraestructura de estas instalaciones, que distribuyen 80% del gas a todo el país. La vicepresidenta Rodríguez lo calificó como el Guri del gas en Venezuela, o el corazón de su distribución nacional.

Durante la rueda de prensa se enfatizó que la cadena de acontecimientos incide directamente en áreas claves del país, como la producción de petróleo y gas —gas licuado de petróleo y metano—, combustible —gasolina y diésel—, la petroquímica, las industrias básicas, el Sistema Eléctrico Nacional, los sectores cementero, manufacturero, textil, farmacéutico, además de otros servicios públicos.

Por lo que esta serie de ataques, encadenados en un mismo contexto temporal, afecta de manera negativa la estructura económica nacional, mientras genera zozobra y descontento en la población por la afectación de los servicios básicos.

Objetivos políticos

Venezuela se encuentra en un periodo marcado por el crecimiento económico, la regeneración integral de la industria energética nacional y la recuperación del Estado social. Los ataques, por ende, tienen objetivos políticos basados en tácticas de sabotaje a infraestructuras vitales para el pleno funcionamiento de la estructura económica del país.

Son métodos que ya han sido practicados en el pasado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en nuestro territorio, de acuerdo con recientes reportes periodísticos estadounidenses.

De esta manera se busca vulnerar la sociedad venezolana, en un mes marcado por las fiestas navideñas y populares. La interrupción de los servicios tiene el fin de producir malestar y desasosiego en la población, en un momento de estabilización de la economía con tendencia al crecimiento.

Los incidentes repercuten sobre procesos medulares en el corazón económico y, por lo tanto, en los planes estratégicos de recuperación de la industria y sobre la economía nacional en general. La perturbación de los procesos de producción energética tiene una distinción política ya que afecta distintos dominios, tal como lo denunció la Vicepresidenta:

"Ya habían atacado el embalse de Guri —donde se encuentra la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar—, ahora atacan la materia prima vital de las termoeléctricas: el gas. Para así también perjudicar la producción petrolera, el sector petroquímico; para dañar la producción de las empresas básicas y afectar, por supuesto, el servicio eléctrico, principalmente del oriente del país".

Con el intento de interrumpir el suministro de energía se busca generar un clima de desorden socioeconómico, con la afectación de la producción industrial, el transporte y la vida cotidiana de la población.

Asimismo, la ofensiva contra infraestructuras críticas como gasoductos e instalaciones de producción industrial tendría como fin erosionar la legitimidad y autoridad estatal a los ojos de inversionistas nacionales e internacionales, mediante dudas en torno a la seguridad en las instalaciones. Lo que repercutiría directamente en pérdidas tanto para PDVSA como para el país en general.

Además, los incidentes ocurren durante la época navideña, en un país que celebra popularmente estas fiestas con devoción, periodo en el que también se generaliza una distensión laboral propia de las vacaciones.

Minar la confianza en las autoridades y generar un clima de inestabilidad, a pocas semanas de que el presidente reelecto Nicolás Maduro asuma un nuevo periodo presidencial ante la Asamblea Nacional, es un factor importante de análisis.

En el presente contexto político, los ataques contra PDVSA se experimentan cerca de la fecha de asunción del nuevo lapso presidencial, empalmados con las amenazas de invasión mercenaria y golpe de Estado de Erik Prince con la campaña "Ya casi Venezuela", las declaraciones de María Corina Machado y Edmundo González durante los últimos meses de asumir la presidencia el 10 de enero y la posibilidad de protestas fabricadas con vistas a desestabilizar el clima sociopolítico.

Así, una posible nueva fase del "hasta el final" machadista en enero próximo es tangible con el acompañamiento de tácticas de sabotaje a infraestructuras críticas, en la búsqueda de un cuadro de perturbación en distintas áreas de la cotidianidad de la población venezolana. Se trataría de la continuación de la ofensiva contra PDVSA en un marco de agresión política apoyada por factores foráneos.

Ello en el supuesto negado de que el Estado no tome medidas para blindar la seguridad de la industria energética nacional. El despliegue para la reparación de los daños causados y la detención de los responsables confirma que, en efecto, las máximas autoridades han calculado este y otros escenarios. De esta manera la vicepresidenta Rodríguez concluyó la rueda de prensa:

"Nosotros estamos haciendo seguimiento de cada una de las situaciones, tengan ustedes la seguridad de que junto a la clase trabajadora de la industria petrolera Venezuela seguirá su camino de bien y garantizará todos los elementos esenciales y fundamentales para el desarrollo nacional y para el desarrollo económico de nuestro pueblo y de su felicidad social".